Entrevista Daniel Lizárraga/Periodista e investigador de MCCI
Emma Islas
Mientras el caso Odebrecht o también conocido como “Lava Jato”, calificado como el peor escándalo de corrupción internacional de la historia, ha generado un terremoto político en 12 países de América Latina y África, en México nada de eso ocurre, ni siquiera ha ocasionado una réplica. Las autoridades federales se han hecho de la vista gorda pese a la entrega de sobornos por 10.5 millones de dólares a cambio de contratos.
Solo hay dos cosas claras. Por un lado, los nombres de los culpables se encuentran en la nómina de las últimas dos administraciones de Pemex pues dichos pagos —confesados por la gente de Odebrecht— se dieron durante las gestiones de Juan José Suárez Coppel (2009-2012) y Emilio Lozoya Austin (2012-2016).
Por otro lado, está la demanda que presentó la Secretaría de la Función Pública ante la Procuraduría General de la República (PGR) “contra quien resulte responsable” que fue presentada luego de que una corte de Nueva York revelara que funcionarios de la petrolera brasileña reconocieron, a cambio de una rebaja en sus sentencias, la entrega —entre 2010 y 2014— de dichos sobornos en nuestro país.
La existencia de un historial de irregularidades en el caso no es nueva. Desde 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó fallas en las operaciones de Odebrecht, a través de su filial Braskem, en México o mejor dicho con Pemex, que han dejado negocios por más de cinco mil 100 millones de dólares en los últimos 10 años.
Daniel Lizarraga
El caso Odebrecht-México sigue siendo un misterio, así como el nombre y apellido de los funcionarios involucrados. A fin de conseguir mayores detalles, autoridades cariocas realizaron el 16 de febrero una reunión de procuradores en la que además de firmar la Declaración de Brasilia sobre la Cooperación Jurídica Internacional Contra la Corrupción, pidieron una mayor cooperación por parte de las autoridades mexicanas.
México, a través de su procurador Raúl Cervantes, se comprometió a “brindar la más amplia, rápida y eficaz cooperación jurídica internacional” en los casos Odebrecht y Lava Jato; sin embargo, ha trascendido que será hasta finales de mayo cuando se dé a conocer al culpable, lo que demuestra que en cada país el caso avanza de forma distinta.
Perú emitió una orden de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo. En Colombia, el viceministro del transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe fue arrestado por enriquecimiento ilícito. En Brasil, 77 ejecutivos de Odebrecht están sujetos a indagatorias, al igual que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y su ministro José Dirceu.
En México, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) puso el dedo en la llaga para exigir al gobierno cuentas de la historia negra de la empresa Odebrecht en México, a través de una investigación realizada por Daniel Lizárraga y Raúl Olmos, cuyos datos fueron obtenidos por medio de solicitudes de acceso a la información.
Siempre! acudió a Lizárraga para abundar sobre su investigación: “La conexión Odebrecht-Los Pinos, en tiempos de Calderón” en la que se nos ofrece detallada información sobre la multiplicación de contratos de esta empresa con Pemex, en la que sobresale la inacción con la que ha actuado el gobierno mexicano.
Lo cierto es que “Odebrecht no hacía una corrupción de ventanilla”, no daba dinero a funcionarios de mediano nivel hacía abajo, “está comprobado que su patrón de conducta era de altos niveles, tan es así que quienes están en problemas son presidentes de otros países. Lo más alto de cada país son los que están involucrados, por eso es importante saber qué tiene que decir el gobierno mexicano al respecto”, señala el investigador.
Mientras en Latinoamérica las piezas de dominó han caído, le resulta poco creíble que los mexicanos solo tengan un comunicado de prensa de la PGR donde se asegura estar investigando a quien resulte responsable, “nos falta levantar la mirada y dejarnos de ver el ombligo para darnos cuenta de que estamos ante un caso bastante grave y de una magnitud impresionante”.
#ClickNecesario @FelipeCalderon pide que se investiguen y finquen responsabilidades correspondientes por #Oderbrecht https://t.co/teT4KXhGCO pic.twitter.com/H1synWrTMU
— MXvsCORRUPCIÓN (@MXvsCORRUPCION) March 3, 2017
El gobierno y la prensa mexicana, asevera, ya debería de haber actuado por lo menos hace desde hace dos o tres años, como lo han hecho en otros países; sin embargo, afirma la autonomía de los entes que investigan en México no ofrecen ninguna garantía. “El mal es la forma en que está concebido el sistema”.
Explica que mientras los sistemas o quienes se encargan de perseguir estos casos sigan siendo un empleado o dependiente del poder en turno, no importa quién esté en la presidencia de la república, va a ser muy complicado avanzar. “Si el juez del caso Lava Jato no tuviera independencia del poder y lo mismo la fiscal en Perú pues creo que habrían avanzado muy poco las investigaciones”.
Al hablar sobre la decisión de la PGR de dar a conocer más detalles y los nombres de los funcionarios implicados en el caso de Odebrecht en México hasta mayo, Lizárraga advierte que existen muchos cabos sueltos. Le resulta difícil comprender que mientras en nuestro país tenemos que esperar hasta mayo para avanzar en las investigaciones, en otros países las fiscalías locales se están moviendo para obtener respuestas.
La investigación
El periodista integrante del área de investigación de Mexicanos Contra la Corrupción espera que con su indagación se clarifique la manera en que Odebrecht aprovechó su poder de influencia tanto política como económica para escalar en Los Pinos en la administración calderonista, pero sobre todo que las autoridades dejen de tener oídos sordos a las alertas que se han enviado a lo largo de los últimos años.
“La Auditoría Superior de la Federación detectó desde 2010, y en forma consecutiva en los años siguientes, múltiples irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero esas banderas rojas no provocaron investigaciones inmediatas por parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el poderoso consorcio. Por el contrario, los contratos a su favor se multiplicaron”, reporta en su investigación.
Las reacciones
Las reacciones ante la investigación no se han hecho esperar. Felipe Calderón salió a pedir que se investigue a su gobierno pues se da a conocer un correo del expediente de Lava Jato, fechado el 8 de diciembre de 2009, que forma parte de una línea de investigación contra Lula da Silva en la que se le acusa de haber aprovechado su investidura como presidente para ayudar a los negocios de Odebrecht.
En el correo, Roberto Prisco, director de Braskem, filial de Odebrecht que estaba por cerrar el negocio de la planta de Etileno XXI, en Veracruz, pide que Calderón se reúna con el presidente brasileño. Dos meses y medio después del correo —el 23 de febrero de 2010— Calderón y Lula se reunieron en privado. En un comunicado conjunto se congratularon por la inversión de 2,500 millones de dólares de la mexicana Idesa y Braskem en Etileno XXI, el complejo petroquímico más grande de América Latina.
Pese a que esta inversión prometía grandes ganancias y creación de empleos, hoy se sabe que no fue así. A su paso ha dejado atropellos a la ley, prácticas monopólicas, abuso de poder, maltrato al constructor y el consecuente impacto a la plantilla laboral que ahora se la viven en tribunales laborales.
Además, Lizárraga da cuenta de que las negociaciones de la planta de polietileno —producto básico para la industrialización de plásticos— y para lo cual se requerían 66 mil litros de barriles diarios de gas etano, no fueron del todo claras. El precio de este gas está reservado —20 años con posibilidad de prorrogarse por cinco más— de acuerdo con lo que marca la Ley de Transparencia en México.
Precisa que ahora le tocará al Instituto Nacional de Acceso a la Información si fue correcto reservar estos precios que de acuerdo con Pemex se hizo a fin de proteger el secreto comercial, “lo cierto es que le dieron precios preferenciales, eso es innegable porque está en el contrato”.
Otro punto que la investigación de MCCI evidencia es que Pemex recurrió a una red de empresas subsidiarias constituidas en paraísos fiscales —Islas Vírgenes, Islas Caimán y Holanda— para rehusar licitaciones y ocultar contratos multimillonarios que fueron asignados directamente a Odebrecht.
Relata que en el caso del gasoducto conocido como Los Ramones, Pemex sacó la licitación pero la declaró desierta. En una segunda ronda, ya no hace una licitación y realiza una adjudicación directa, para lo cual recurre a una parte de las asociaciones civiles que tiene como outsource, a través de ellas da el contrato, “son contratos triangulados a través de los paraísos fiscales”.
En torno a las declaraciones en algunos medios sobre la conveniencia de que su investigación salga en un momento en el que se puedan modificar las preferencias electorales en nuestro país, el periodista ríe y asegura que su trabajo data de más de seis meses y que al igual que otros reporteros de Latinoamérica busca encontrar las raíces en el caso de Lava Jato, “no tiene nada que ver con el activismo de Calderón, aunque no estuviera en el activismo a favor de su esposa, de cualquier manera hubiera salido”.
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