Relegados de la reforma de telecom en México/VI-X
Javier Esteinou Madrid
A lo largo de los primeros tres años de ejecución de la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en México se alcanzaron diversos progresos relevantes en el terreno empresarial; sin embargo, en la esfera de lo social se generaron diversos retrocesos en relación con la regulación de los contenidos y los medios públicos y sociales en México:
Así, en el espacio de la regulación de la difusión de los contenidos audiovisuales, opuestamente a lo diagnosticado por el Ifetel, las organizaciones civiles y los organismos internacionales, la Secretaría de Gobernación autorizó los “Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos”. Mediante ello, los consorcios televisivos ahora pueden modificar sus horarios de programación para transmitir en las franjas de audiencia infantil mensajes para adolescentes y adultos con el fin de elevar sus ganancias privadas; sin importar las secuelas psico-emocionales-educativas-culturales que ocasionarán sobre la formación de las nuevas generaciones.
En relación con la digitalización, pese a que se aplicó esta dinámica de modernización tecnológica en las empresas emisoras de señales que generó más canales de difusión, ello no elevó la calidad de los contenidos televisivos, pues las empresas dominantes tradicionales de televisión abierta continuaron transmitiendo la misma programación que anteriormente ya tenían al aire, pero ahora repitiéndola integralmente en su nuevo canal digital que obtuvieron con la transición digital bajo la modalidad de una o dos horas diferidas (-1hora y -2horas). De esta forma, mediante la aplicación de la Reforma en Telecomunicaciones se continuó manteniendo el mismo tradicional modelo oligopólico concentrador, que difundió más de los mismos caudales de mensajes habituales (telebasura), pero bajo la modalidad de difusión aplazada, con lo cual no se transformó nada de fondo, sino que se conservó más de lo mismo pero disfrazado.
Dicho proceso de digitalización, que fue enormemente publicitado por el gobierno mexicano y que creó novedosas alternativas tecnológicas reales de comunicación colectiva, no abrió nuevos espacios mediáticos para que los grupos sociales organizados que representan a los 120 millones de habitantes del país, pudieran expresar a través de estas nuevas franjas digitales de comunicación sus inquietudes, necesidades, angustias y propuestas, con el fin de colaborar para resolver los grandes problemas de comunicación que afectan su existencia. Sobre todo, cuando la sociedad financia, de una u otra forma, su operación, vía la publicidad, la propaganda, los impuestos federales y estatales, las donaciones, el telemarketing, etc. y, paradójicamente, carece de espacios de difusión masiva.
Dentro de este contexto de abandonos, continuó la indefinición de criterios específicos para medir el pluralismo, que junto con la participación en los mercados de las empresas de servicios audiovisuales permitan incluir medidas efectivas para hacerlo una realidad; la ausencia de los lineamientos para garantizar la neutralidad de la red; las reglas para imponer límites a la publicidad comercial; el mandato legal de promover concesiones de uso indígena en los lugares donde no existan, entre otros temas.
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