Entrevistas con Martha Tagle, senadora mexicana, y Bernarda Sarué, concejal boliviana

Emma Islas

Quizá para muchos los nombres de Rosa Pérez Pérez y Bertha Eliana Quispenson no signifiquen nada, no así para los que conocen sus vidas. Pese a que nacieron en países tan diversos y distantes ­—México y Bolivia—, ambas fueron víctimas de lo que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las Mujeres, es un “flagelo” que explica el estancamiento de la participación política femenina en espacios de toma de decisión: la violencia política hacia las mujeres.

Pese a que el término de violencia política es nuevo para muchos, se registra en todo el mundo, especialmente en América Latina. El punto fundamental es: el ejercicio del poder femenino que se contrapone a una cultura política que ha dejado fuera del círculo rojo a la mujer.

Casos como el de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, han sido condenados por la ONU-Mujeres al calificarlo como una violencia sexista y política. Recientemente, especialistas hablan de que Hillary Clinton, excandidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, también fue víctima de este tipo de violencia al ser amenazada por Donald Trump con investigarla judicialmente y meterla a la cárcel, una vez que fuera elegido como presidente.

En México, la situación cada vez es más indignante. Aun cuando el Estado está obligado constitucional, legal e internacionalmente a combatirla, los poderes públicos incumplen con sus obligaciones en la materia. Ahí esta el caso en Santa María Quiegolani, Oaxaca, donde un grupo de hombres impidió a Eufrosina Cruz, indígena y profesionista, ser alcaldesa bajo el argumento de que, en el lugar, las mujeres no existen políticamente; o bien, el de Gabriela Rivera, quien al buscar ser parte del cabildo de San Miguel Peras recibió latigazos por parte de su abuelo.

Chenalhó, México

El ejemplo más reciente es el de Rosa. Tras nueve meses y 17 días de estar ausente luego de que fueran violados sus derechos políticos electorales, las autoridades tradicionales la recibieron como la primera mujer alcaldesa de Chenalhó, electa constitucionalmente en 2015.

Al decirse fiel creyente de la legalidad, a su llegada a la presidencia municipal, la munícipe de la etnia tzeltal dijo que en todo momento estuvo segura de que serían los tribunales los que resolverían su caso, “con esa misma confianza en la legalidad y el respeto a mi pueblo, hemos regresado para que las cosas vuelvan a la normalidad, a la paz y la  tranquilidad”.

Rosa ganó las elecciones por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, el 19 de julio de 2015, con 8 mil 332 votos como candidata del Partido Verde, frente a 7 mil 12 votos de su rival del PRI, por lo que el 1 de octubre tomó protesta en el cargo. Sin embargo, en medio de un clima de violencia y amenazas el 25 de mayo de 2016 Rosa fue destituida por un grupo opositor a su gobierno encabezado por el síndico Miguel Sántiz, quien fue electo como alcalde sustituto.

Tres meses después, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las autoridades de Chiapas la restitución de Rosa Pérez, no pudo regresar debido a amenazas en su contra, por lo que despachaba desde San Cristóbal de las Casas.

El 22 de febrero, un grupo de seguidores de Rosa Pérez recuperó la presidencia municipal tras un enfrentamiento que dejó lesionados y una persona fallecida. El 7 de marzo, la Procuraduría General de Justicia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Lorenzo Sántiz Álvarez, hijo del síndico de Chenalhó, Miguel Sántiz Álvarez, quien fungiera como alcalde sustituto de ese municipio. A una semana de tan lamentable hecho, Rosa regresa a su cargo.

Así como Rosa, en Bolivia, país que tiene el liderazgo en materia de paridad de género con uno de los marcos normativos más progresistas de América Latina, también existen mujeres que viven historias similares como la de Bertha, quien también sufrió violaciones a sus derechos políticos, o el de Juana Quispe Apaza, quien luego de sufrir persecución política, discriminación y constantes agresiones verbales y físicas, el 13 de marzo de 2012 murió estrangulada a pocos días de asumir el cargo de concejala del municipio de Ancoraimes.

Collana, Bolivia

Desde el 28 de febrero de 2016, parte de la población del municipio de Collana, Bolivia, impidió el acceso al edificio municipal de la alcaldesa electa al ver afectados sus intereses económicos. Muchos se dieron a la tarea de difamarla y calumniarla, no solo lastimaron su integridad física sino también psicológica.

Tras interponer un amparo y ser respaldada por varias instituciones estatales, un tribunal dispuso la restitución de sus derechos como mujer electa. Pese a la disposición del cese de cualquier acto de discriminación o violencia hacia su persona, su gestión continuó siendo obstaculizada. Bertha tuvo que ejercer sus funciones desde una población aledaña a su municipio. En octubre de 2016, logró ejercer sus funciones con normalidad.

Desafortunadamente, los casos de Bertha y Rosa no son los únicos en que las leyes del sistema de partidos y los llamados sistemas normativos internos, mejor conocidos como usos y costumbres, que entran en conflicto con los derechos políticos de las mujeres. Siempre! acudió a dos de ellas que a lo largo de su carrera se han dedicado a luchar por los derechos de sus congéneres.

Por un lado, la senadora independiente Martha Tagle quien nos habla de las acciones que se toman en torno al tema en México. Por otro, Bernarda Sarué, directora ejecutiva de la Asociación de Concejales de Bolivia (Acobol), quien nos subraya la importancia de promover el respeto de los derechos de las mujeres que ejercen funciones político públicas.

Sin paridad, no hay democracia

Al hablar sobre las consecuencias que podría traer no atender este tipo de violencia, la senadora Tagle es tajante “simplemente no hay democracia”. Explica que cualquier proyecto de país, de desarrollo, de política pública queda incompleto si no se incorpora la visión de hombres y mujeres.

Destaca que aunque la violencia política siempre ha existido, se ha hecho más evidente a raíz de la reforma en materia de paridad realizada en el ámbito constitucional en 2014. A partir de ahí, hay más mujeres en espacios de toma de decisiones. Se incrementó el número de diputadas, tanto federales como locales, y particularmente el número de presidentas municipales.

Pese a estar en un régimen de partidos a escala nacional, dice que no necesariamente es un asunto donde estén involucrados los partidos, sino que es un problema que tiene que ver con una cultura política basada en la idea de que los hombres son quienes pueden tomar las decisiones. “Esa es la cultura política que se requiere transformar”.

Bernarda Sarué coincide con Martha Tagle y dice que la sociedad se encuentra en un proceso de asimilación y de cambio. Las mujeres ahora desempeñan un papel protagónico en lo que se refiere a la participación política, “hecho que violenta a los hombres al tener que compartir los espacios de poder. Esto genera violencia, menosprecio y desvalorización del trabajo que realiza la mujer”.

Dentro de esta  nueva realidad, Sarué indica que el empoderamiento de la mujer debe de ir articulado con la capacitación, fortalecimiento de capacidades de liderazgo, sensibilización, información, así como un cambio de estructuras mentales que cambien las concepciones machistas y patriarcales.

Dice que la participación de la mujer tiene que ver con la voluntad política que tengan los Estados, la igualdad de oportunidades que tengan las mujeres de acceso a cargos de decisión, “incluso no deberían existir cuotas de participación, en una sociedad avanzada, la mujer podría ocupar el 60, 70 u 80 por ciento de los cargos si así se dieran las condiciones”.

“El Estado no solo debe impulsar nuevas normativas y promover la participación de la mujer, sino que a través de sus instituciones y autoridades, debe garantizar la permanencia de las mujeres en ambientes de solidaridad, respeto y tolerancia”, destaca.

Mecanismos que se deben utilizar

Tras comentar el concepto de la ONU-Mujeres de que “la violencia contra las mujeres en el ámbito político es la punta del iceberg de la discriminación y desigualdad que todavía sufren las mujeres que se atreven a disputar el poder político a los hombres, pero también con la ruptura de prohibiciones de los usos y costumbres indígenas”.

La senadora asevera que el hecho de contar tanto con hombres como con mujeres que puedan desarrollarse libremente en el ámbito político desencadenará cambios importantes en el país, pero para llegar a eso es necesario que las mujeres que son militantes de los partidos conozcan sus derechos como tales y los hagan valer, así como el acompañamiento plural que se le pueda dar a las mujeres que son víctimas de violencia.

Sarué también considera que el acompañamiento plural es una práctica de contención para que las mujeres víctimas se sientan respaldadas en sus derechos políticos y se logre frenar la agresividad y hostigamiento hacia ellas. Así como un seguimiento por parte de la sociedad civil, como es el caso de Acobol en Bolivia.

Bolivia el país con mejor ranking de AL

En Bolivia, la violencia política contra las mujeres actualmente se encuentra tipificada como delito. La directora ejecutiva de Acobol nos comenta que esto se hace a través de dos conductas cometidos por una persona o grupo hacia mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o contra sus familias y por lo tanto van en detrimento de las mujeres: el acoso político y la violencia política.

Relata que en su país se han vivido varios momentos históricos, a través de los cuales las mujeres han ganando espacios de participación. Primero en la Cámara de Diputados y Senadores y luego en el interior de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, en todos los niveles de descentralización del Estado.

Finalmente en 2010 se aprobó la Ley 026 del Régimen Electoral donde se habla de “paridad y alternancia” en la lista de candidaturas.  Aunque las mujeres cuentan con 51 por ciento de representatividad en la esfera municipal, el desafío —resalta— está en su permanencia. “Que se les permita el ejercicio efectivo de sus funciones en un marco de respeto y libres de cualquier situación de acoso y violencia”.

Señala que pese a tener leyes que son modelos a seguir para otros países, todavía falta mucho por hacer. Las instituciones siguen siendo burocráticas. “Aún hay falta de sensibilización de nuestras autoridades, jueces, fiscales en la problemática de género, lo que hace que la justicia no sea pronta ni oportuna”. En torno a las sanciones, explica que los resultados no son alentadores, ya que en muchos casos es difícil probar este tipo de conductas.

¿Y en México, qué estamos haciendo?

Gracias a las últimas reformas constitucionales, en el país debemos cumplir con la paridad de género en un 50 por ciento para las candidaturas al Congreso federal y locales, por lo que hay más mujeres en la Cámara de Diputados y de Senadores; sin embrago, y pese a que existe una legislación muy fuerte, los partidos buscan darle la vuelta y reservar sus mejores puestos para los hombres.

La senadora Martha Tagle expone que ante esta situación las mujeres son amenazadas, perseguidas, violentadas de múltiples maneras, incluso obligadas a renunciar a sus cargos, por lo que hace falta contar con un marco legal que permita perseguir y sancionar este hecho como un delito.

Recientemente, dice, se aprobó en la Cámara de Senadores un dictamen que fue turnado a la Cámara de Diputados donde deberá ser dictaminado y se espera que logre salir en este mismo periodo. “Este es un marco legal que era necesario para poder perseguir este tipo de manifestaciones de la violencia de género, ya que es importante que exista una sanción que permita inhibir la conducta”.

Tagle reitera la importancia de que este dictamen salga en Cámara de Diputados antes de que empiece el proceso electoral de 2018, que comienza el 1 de septiembre, pues además de haber una elección federal, se realizarán 30 elecciones concurrentes. “De acuerdo con datos de las propias instituciones electorales más o menos 18 mil 500 cargos estarán en juego ”.

Además de inhibir situaciones de violencia, con esta legislación se van a tener instrumentos legales para denunciar e impugnar. “Los funcionarios públicos podrán recibir multas económicas o incluso suspensión de sus derechos político electorales o ser inhabilitados”.

 

El protocolo permitió denunciar la violencia política

Al hablar sobre “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, la senadora independiente indica que fue una primera medida por parte de varias instituciones a fin atender las diferentes manifestaciones de la violencia política, el cual permitió que cada vez se denunciarán más las situaciones de violencia política que sufren las mujeres.

Según datos de la Fepade, a enero de 2017 se han registrado 52 casos de violencia política en razón de género, de los cuales 26 ya tenían calidad de víctimas las mujeres violentadas, ingresando así en el Registro Nacional de Víctimas, y en proceso de atención ya se encontraban 13 casos.

De esta manera, el protocolo buscó regular la actuación de las instituciones para que no fueran omisas cuando se presentaba este tipo de denuncias. Sin embargo, la senadora Tagle señala que tenía una limitante que tenía que ver con la figura legal. “A través del protocolo se podía atender la violencia, se podía darle cauce en algunos casos y llegar a sancionarlos, pero había casos en que no se cumplía con esas sentencias, ese era el límite”.

Por ello, dice, es importante una legislación donde se reconozca como delito electoral o como una sanción de tipo administrativo en las instituciones electorales. “Eso permitirá ir más allá de lo que el protocolo ya estaba haciendo”.

Casos de violencia política en México

En torno a los casos que se han dado en el país, la senadora lamenta la situación que se está viviendo en comunidades de Oaxaca y también otras de Chiapas, las cuales afirma que son terribles, y demuestran la necesidad de un cambio de cultura política.

“Las mujeres necesitan ser consideradas como sujetos de derechos. Por eso pasan por este tipo de situaciones que han puesto en riesgo sus vidas por el solo hecho de exigir que se respeten sus derechos”, reitera.

Explica que en muchas ocasiones cuando las mujeres que se encuentran en espacios políticos son sancionadas o limitadas de acceder a sus cargos y exigen sus derechos, en los tribunales simplemente les aplican la ley del hielo y nunca más pueden aspirar a una candidatura pues las ven como revoltosas.

Con tal de no verse limitadas en su participación en la toma de decisiones prefieren no meterse y no exigir sus derechos para no tener consecuencias. “Quienes ejercen violencia no solo son integrantes de los partidos, también son ciudadanos en general que bajo el pretexto de los usos y costumbres ejercen violencia contra las mujeres”.

 

Acoso político y violencia política

Mientras el acoso político son aquellos actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, la violencia política se caracteriza por ser ejercida mediante agresiones físicas, psicológicas, sexuales.

El propósito de ambas conductas es el mismo: acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo o bien para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.

Participación política de las mujeres en AL

Bolivia 53%

México 42%

Argentina 39%

Costa Rica 35%

El Salvador 32%

Panamá  8.5%

(Información: Connectas organización)

 

Acoso sexual y latigazos

Samantha Caballero Melo (PRI), presidenta municipal de San Juan Bautista, Oaxaca. No ha logrado ejercer sus funciones al ser desconocida por el síndico y otros regidores que tomaron el palacio municipal, sellaron las puertas, cambiaron las chapas.

Yareli Cariño López (PRD). A 24 horas de tomar posesión de la sindicatura de Pinotepa Nacional fue destituida al no haber cedido a las pretensiones sexuales de un diputado local de la alianza PRD-PAN.

Gabriela Rivera Maldonado al intentar ser parte del cabildo en San Miguel Peras, Oaxaca, recibió latigazos por parte de su abuelo por lo que presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos en Oaxaca.