Orientación de clase

Magdalena Galindo

Se dio a conocer, por un lado, que el Banco de México transfirió a la Secretaría de Hacienda 321,653 millones de pesos, esto es el remanente (el equivalente de las ganancias en una empresa privada) obtenido en 2016. Por otro lado, que la Secretaría de Hacienda envió al Congreso el documento en el que anticipa sus previsiones para el año próximo: señala que en 2018 ejecutará un nuevo recorte por 43,800 millones de dólares.

Hay que aclarar que las determinaciones de política económica no atañen solo a la administración, sino que, indefectiblemente, implican una decisión política y de manera más estricta siempre tienen un contenido de clase, esto es, se decide a qué clases o fracciones de clase social van a favorecer y a cuáles van a perjudicar.

En el caso de los 321,653 millones de pesos entregados por Banxico a la Secretaría de Hacienda, ya se informó que el 70 por ciento, esto es, 224,700 millones, se destinarán al servicio de la deuda y el otro 30 por ciento a fondos de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Aclaran que esas asignaciones están establecidas por ley. Sin embargo, no dicen que no hay ley que establezca el monto del presupuesto federal y mucho menos que obligue a decretar recortes presupuestales.

Hacienda ha ejecutado grandes recortes desde finales de 2014, en 2015, en 2016, que sumados nos dan un total de 709,000 millones de pesos. Y para este 2017 se programó un nuevo recorte por nada menos que 228,600 millones de pesos; una magna reducción del gasto público, que se refleja en el estancamiento de la economía.

Y ahora se anuncia para 2018 un nuevo recorte por 43,800 millones de pesos.

Aunque la ley obligue a destinar el remanente del Banco de México al servicio de la deuda y a los fondos de estabilización, si hubiera un interés en no seguir despojando a los trabajadores del país, Hacienda podría decidir aumentar el gasto, para reponer los recursos disminuidos con los recortes presupuestales, y luego utilizar el cuantioso remanente obtenido por Banxico para equilibrar las finanzas públicas. En vez de eso, ya se anuncia un nuevo recorte al presupuesto de 2018, con el fin explícito de cumplir con las exigencias de los organismos internacionales y conseguir un mejor nivel en los informes de las calificadoras financieras.

Las decisiones de política económica dañan las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos y benefician a la fracción financiera del gran capital internacional. Ni qué decir que esta orientación de clase se visualiza más claramente, cuando se observa a qué rubros no se recorta el presupuesto, a cuáles sí, y a cuáles más; en 2017, al Poder Judicial no se le recorta y, al contrario, se aumenta su presupuesto en 14.8 por ciento.

Por su importancia social y económica quiero destacar lo que se aplicó en cuatro rubros en particular. En educación, la disminución fue de 31,600 millones de pesos que representan 10.6 por ciento de su presupuesto; en salud, 14,800 millones que significan igualmente un 10.8 de su presupuesto;a la Secretaría de Agricultura, 25,500 millones que equivalen a 29.1 de su presupuesto. El cuarto rubro, especialmente significativo, es Pemex: se le restaron 102,200 millones o sea 20.7 por ciento de su presupuesto, después de que ya se le habían recortado otros 70 mil millones de pesos. Estos recortes forman parte de la reforma energética y por lo tanto, constituyen un factor del gasolinazo.