Relegados de la reforma de telecom en México/IX-XV
Javier Esteinou Madrid
En los primeros tres años de instrumentación de la reforma constitucional de las telecomunicaciones y radiodifusión en México, se lograron metas empresariales muy destacadas para el sector del gran capital. Sin embargo, en el ámbito social se generaron preocupantes descuidos o regresiones que afectaron seriamente a las comunidades nacionales. Por ello, es fundamental preguntar ¿dónde quedó el avance hacia la edificación de otro prototipo colectivo de comunicación nacional de servicio público que proponía asegurar la reforma de las telecomunicaciones y la radiodifusión para reconocer las garantías comunicativas fundamentales de los ciudadanos pospuestas durante más de nueve décadas?
Lo que claramente se constató en este lapso fue la generación, entre otras, de las siguientes delicadas repercusiones sociales:
- En este periodo de instrumentación histórica de dicha reforma, se contó con un marco legal claro para favorecer a la sociedad con el avance tecnológico, pero dicho modelo jurídico mayoritariamente quedó como letra y no como realidad consolidada.
- Las directrices que se implementaron con la reforma de las telecomunicaciones se caracterizaron por ser mayoritariamente políticas gubernamentales destinadas a proteger cuidadosamente la continuidad de los modelos de negocios de los grandes monopolios dominantes de la telefonía y de la radiotelevisión y no políticas públicas orientadas a fortalecer los proyectos ciudadanos de comunicación, diversidad, multiculturalidad y participación civil, demandados durante casi un siglo por los mexicanos.
En este sentido, se constató el respaldo del Estado para potenciar la infraestructura de las telecomunicaciones para la propulsión del macro modelo empresarial y no para el fomento del proyecto de comunicación ciudadano que intenta crear una sociedad más equilibrada, justa y civilizada.
- La comunicación colectiva fue concebida e instrumentada por el Estado, por una parte, como un engrane para el adecuado funcionamiento del sistema económico nacional y global y no como un derecho humano básico de todos los ciudadanos para construir mejores niveles de vida, para obtener condiciones más favorables para el ejercicio de la democracia y para la edificación de una sociedad más civilizada.
Por otra parte, como una simple mercancía cuya transmisión debía dejar ganancias a los grandes consorcios a corto plazo para avanzar en su proceso de mega acumulación económica.
Debido a ello, las audiencias de los medios de difusión no fueron contempladas como ciudadanos que requieren contar con las dinámicas de comunicación apropiadas para colaborar a resolver su fase de sobrevivencia cotidiana; sino como simples consumidores que deben adquirir productos, servicios y cosas.
- Se derrotó el débil impulso que existía para construir un sólido proyecto de comunicación de servicio público que demandó la sociedad durante muchas décadas; privilegiándose nuevamente de forma desmedida los intereses del business empresarial de los grandes consorcios mediáticos por encima del bien colectivo. Fue la aplicación de un marco legal para proteger la expansión del mercado oligopólico al interior de la sociedad mexicana y no el bienestar de los ciudadanos.
Ganó el diseño del proyecto privado del país a través de las comunicaciones, sobre la delineación del prototipo social de comunidades comunicativas para lograr una participación colectiva más intensiva y proporcional.
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