Duarte, Yarrington, Padrés, Borge…

Armando Reyes Vigueras

La lista ha ido creciendo en los últimos años a la par que la discusión ciudadana ha mostrado a una sociedad cada vez más intolerante hacia la corrupción. Nombres como Tomas Yarrington, Eugenio Hernández, Javier Duarte, Cesar Duarte, Roberto Borge, Miguel Alonso Reyes, Humberto y Rubén Moreira, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Jorge Herrera, Gabino Cué, Rodrigo Medina y Guillermo Padrés, forman parte de una relación de políticos acusados de prácticas de corrupción –a veces mezcladas con el crimen organizado–, algunos se encuentran presos, otros siguen prófugos o enfrentando procesos judiciales en libertad, pero todos con la marca de aprovechar el cargo para beneficio propio.

Si en el pasado se habló de Mario Villanueva y otros caídos en desgracia, el número no se asemejaba a los que tenemos en fechas recientes y que involucran, también, a los tres principales partidos.

Las cifras de la corrupción

Las acusaciones van desde delincuencia organizada a desvío de recursos, pasando por peculado, fraude y otros delitos.

Del año 2000 a la fecha, 25 mandatarios o exmandatarios estatales han sido señalados por distintos ilícitos, de los cuales sólo tres se encuentran en prisión –Andrés Granier de Tabasco, Guillermo Padrés de Sonora y Jesús Reyna de Michoacán–, además otros han sido absueltos sin que la opinión pública haya quedado satisfecha, como Narciso Agundez Montaño, absuelto de la acusación de malversación de fondos; Luis Armando Reynoso Femat, en libertad bajo caución del delito de peculado; Juan Sabines Guerrero, absuelto del delito de peculado; Pablo Salazar Mendiguchía, liberado luego de 17 meses en prisión acusado de asociación delictuosa; Marcelo Ebrard Casaubón, quien se encuentra en el extranjero pero bajo sospecha de lavado de dinero en una investigación de la SHCP; Fidel Herrera Beltrán, acusado de peculado sin que la investigación avanzará; y Humberto Moreira, exonerado en 2015 por su hermano Rubén Moreira, actual gobernador de Coahuila, luego de una investigación de dos semanas.

También hay que incluir en la lista a mandatarios en problemas. Graco Ramírez de Morelos enfrenta a distintos sectores de la sociedad civil por temas de inseguridad, violación de la autonomía universitaria y nepotismo; Roberto Sandoval, de Nayarit, se vio envuelto en una polémica por la detención en Estados Unidos de su fiscal, Edgar Veytia, bajo cargos de narcotráfico, la oposición en la entidad señala que esto no pudo darse sin el conocimiento del gobernador, como informamos en la edición 3331 de Siempre.

Las acusaciones hechas con relación a los políticos señalados son:

 La cantidad, sin incluir dólares, con base en las cifras de la tabla anterior suma 77 mil 730 millones de pesos, cifra superior al presupuesto programado para 2017 de todo el Poder Judicial de la Federación.

Es claro que, sobre todo en el caso de los exgobernadores detenidos, no actuaron solos y que buena parte del dinero que se menciona en los casos de desvíos o peculado fueron a parar a las manos de su red de cómplices.

Se trata de un pendiente, pues hasta el momento de elaborar este trabajo se habían detenidos a un par de los colaboradores de Javier Duarte y a ninguno de Yarrington.

 

El problema de la corrupción, no es nuevo

Para ayudarnos a comprender el origen del problema que estamos viviendo con funcionarios públicos acusados de corrupción que aparecen diariamente en los medios, Siempre platicó con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Nuestro entrevistado señaló que se trata de “un problema realmente serio en distintos niveles de gobierno, porque todo se ha centrado en los gobernadores, pero también tenemos problemas de corrupción con los presidentes municipales; tenemos un problema generalizado, que no distingue de partido político, que se expresa en el uso de los puestos públicos para beneficio propio en el que están involucrados distintos miembros del sector privado, parte de las redes de corrupción y que las fomentan”.

Fernández explicó que no se trata de un fenómeno reciente en nuestro país, sino de algo con más atención hoy, “por parte de la prensa como de la sociedad civil y la academia”, ya que “si uno piensa en términos históricos, difícilmente se podría pensar que no había actos de corrupción en la época de López “Paseos”, a quien no le decían así de a gratis, teníamos un problema de corrupción con López Portillo y tuvimos problemas serios en el salinato, no es algo que surgió recientemente”.

La diferencia fue establecida por nuestro entrevistado en tres puntos, “en primer lugar, con la mayor pluralidad política se ha dado una transferencia de recursos más importante hacia los gobiernos estatales y municipales como parte de la negociación del presupuesto federal, esas transferencias aumentaron la chequera a disposición de los ejecutivos estatales y municipales, de manera que muchos de los controles que debían funcionar como contrapesos fueron capturados por estos”.

Marco Fernández añadió que esto generó un mayor control sobre las legislaturas locales por parte de los gobernadores e, incluso de la prensa, intimidándola o mediante la publicidad gubernamental.

En segundo lugar, “hay más libertad y una parte mucho más activa de la sociedad civil y de la academia, algo que no ocurría, con independencia y que documenten los actos de corrupción de gobernadores”, lo que en opinión de nuestro entrevistado contradice la visión de que actualmente es mayor la corrupción que en el pasado, “López Portillo mandó construir una discoteca en Los Pinos, que ahora es una casa que se utiliza para el staff presidencial, lo que pone en perspectiva este tema”.

En tercer lugar, “en un fenómeno que sí es nuevo, tiene que ver con la creciente influencia del crimen organizado en la política, no es que el narcotráfico haya comenzado en el sexenio anterior y haya continuado en este, por supuesto que no, pero sabemos que derivado de la lucha contra los cárteles colombianos de parte de Estados Unidos terminó dando mayor juego a los mexicanos y con ese dinero han capturado instituciones de seguridad, por ejemplo, metiendo dinero en la política”.

Las redes de complicidad

En este aspecto, Marco Fernández señaló que no se ha logrado profesionalizar las instituciones de procuración de justicia, menos a las instancias de investigación y combate a la corrupción.

“Muchas de estas instituciones están formadas por personas, ya sea que se les nombra por sus vínculos partidistas, lealtades personales, muchos de ellos incluso en circunstancias poco favorables para hacer su trabajo –salarios bajos, falta de capacitación, sin un horizonte claro de crecimiento profesional–, todos esos factores han limitado la capacidad del Estado mexicano para investigar y castigar los delitos, incluidos los de corrupción lo que ha provocado que actores del sector privado, en complicidad con gente del público, hagan actos de corrupción, es la parte que el señor presidente nomás no entiende en su diagnóstico sobre este fenómeno. Para él es una visión culturalista, obvio que así lo es desde la perspectiva de las prácticas recurrentes que se dan dentro de su partido, pero más allá de eso, esta debilidad del Estado y esta visión patrimonialista de ver los puestos públicos como botín, de no profesionalizar, termina creando incentivos para las redes de corrupción”.

Para nuestro entrevistado el reto es transformar las instituciones para que sean capaces de desmantelar las redes de corrupción, resultado de cambios legales –como sucede con el Sistema Nacional Anticorrupción–, con mayores facultades a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), pero que también incluye la necesidad de que las autoridades encargadas sean nombradas con base en el mérito y no el de las relaciones partidistas.

“Este es el mayor desafío para el país, si realmente se quiere cambiar esta situación”, agrego Fernández.

Respecto a la suma de dinero que se ha recuperado luego de juicios por peculado o desvío de recursos públicos, nuestro entrevistado compartió que México Evalúa está llevando a cabo una investigación sobre el particular y adelantó que “los datos son desalentadores, porque no es solamente cuánto se recupera de acusaciones de peculado, pues han sido poco efectivos instrumentos como la extinción de dominio, y a eso le tenemos que agregar –lamentablemente–, el problema de que cuando la ASF determina una multa, pocas se cobran, cuando se establecen denuncias de carácter penal para que se hagan investigaciones desde la PGR y se documenten los delitos, muy pocos de ellos llegan al juez y son condenados”.

Según Marco Fernández, el problema se resume no sólo en la impunidad de muchos de los actores políticos que se ven involucrado en la corrupción, sino en la debilidad de las instituciones para investigar y castigar estos delitos.

Para concluir, el investigador de México Evalúa recomendó –con base en experiencias de otros países–, organizar una coalición entre prensa independiente, con capacidad de investigar, sociedad civil más activa, una parte del sector empresarial que está harto de ser extorsionado y funcionarios públicos que busquen hacer las cosas de manera diferente.

“Las crisis han servido como motores del cambio, estamos en un cruce de caminos en el que no queda claro hacia donde se dirige el país, pues por un lado hay una sociedad civil más organizada, con periodistas ejerciendo su independencia documentando estas acciones, con miembros de la clase política que dan la lucha y empresarios en contra de la corrupción… pero simultáneamente una vez que se aprueba la primera parte de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, vemos nombramientos de la clase política que siguen en la lógica del patrimonialismo y el partidismo, como en Función Pública, el nombramiento del Fiscal Anticorrupción o en el INEGI, en el que evidentemente la persona nombrada no cumplía con los requisitos legales”, añadió Fernández.

El problema de patrimonialismo y no la creación de instituciones está en el centro de este problema, señaló a manera de conclusión nuestro entrevistado.

Numeralia de la corrupción

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