Entrevista con Marco Fernández/Investigador de México Evalúa
Emma Islas
Videos, audios, investigaciones periodísticas revelados en los últimos años han dejado al descubierto uno de los mayores costos —económicos, políticos y sociales— que deben de asumir los mexicanos todos los días: la corrupción. Un cáncer que ha ido carcomiendo las entrañas de nuestro país, al frenar el desarrollo económico, deslegitimar instituciones burocráticas e incrementar la desigualdad.
La corrupción ha llevado al país a retroceder en los principales indicadores internacionales. De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, en México de cada 100 pesos de riqueza que se generan, 10 son destinados a la corrupción, es decir, el costo de la corrupción fluctúa entre el nueve y el 10 por ciento del PIB, lo que nos ubica en el nivel más alto del índice de Transparencia Internacional.
El índice de Percepción de Corrupción de 2016 señala que al cierre del año anterior México alcanzó el poco honorable lugar 123 de entre 176 países. Las causas del deterioro las conocemos todos: los escándalos de los gobernadores salientes —como los prófugos César Duarte en Chihuahua y Javier Duarte en Veracruz, o el de Guillermo Padrés en Sonora, que ya se encuentra en la cárcel— e incluso que han llegado hasta la figura del presidente con la casa blanca.
Pero no solo es México, toda América Latina pasa por un mal momento. Casos como el de Petrobras, que envió a la cárcel a muchos de los líderes de la elite empresarial y política del país en Brasil; La línea en Guatemala, escándalo de corrupción aduanera por el que tuvo que renunciar el presidente de ese país, Otto Pérez Molina; o el millonario desfalco realizado a través de empresas farmacéuticas al Instituto Hondureño de Seguridad Social en el que se sobrevaloraban los medicamentos y se vendían lotes de medicinas vencidas.
Ante los diversos hechos de corrupción la tolerancia cada vez es menor, además contamos con herramientas más avanzadas: una sociedad más informada, redes sociales y celulares que facilitan la organización de protestas masivas, que dan cuenta de abusos y de escándalos. Sin embargo no son suficientes, requerimos fundamentalmente de instituciones públicas fuertes y autonomía de la justicia.
No todo son malas noticias. Los escándalos de corrupción han abierto ventanas que pueden ser aprovechadas. En México, un caso es la iniciativa ciudadana 3 de 3 que obliga a los funcionarios públicos a transparentar sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses, que aunque muchos tratan de evadir, como fue el caso de la líder nacional del PRD, Alejandra Barrales —quien olvidó declarar un departamento de casi un millón de dólares—, ha sido un buen instrumento.
O bien, el Sistema Nacional Anticorrupción que desde su creación ha enfrentado una serie de obstáculos que ponen en riesgo la credibilidad necesaria para que sea un instrumento real en un país que necesita enfrentar el costo político y social que sea, para combatir la corrupción y la impunidad. Para lograrlo deberá de enfrentar diversos desafíos, y uno fundamental es la selección del primer fiscal anticorrupción del país.
Marco Antonio Fernández Martínez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, y Darío Ramírez, director de comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad platican con Siempre! sobre la importancia de realizar una transformación de nuestras instituciones y de contar con un fiscal fuerte, preparado y cuya elección responda a criterios técnicos y no a cuotas partidistas.
Urgen cambios en nuestro poder judicial
Entre los elementos que Marco Fernández considera necesarios para que haya resultados en la lucha contra la corrupción se encuentra que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione de manera correcta y para ello —dice— además de darse una transformación de las instituciones, se debe avanzar en el combate de la corrupción dentro del Poder Judicial.
Explica que para que exista una mayor transparencia dentro de las acciones del Poder Judicial se requieren controles más efectivos contra la corrupción en su interior, pues expone que en los países que han enfrentado una lucha efectiva contra la corrupción, un elemento crucial ha sido la independencia del Poder Judicial.
Cabe recordar que nuevas generaciones de fiscales —mejor preparados y más efectivos— han logrado que en Brasil y Chile se haya llevado a la justicia a los responsables de actos de corrupción, mientras que en países como el nuestro, Argentina o Venezuela, la falta de autonomía del Poder Judicial ha hecho que haya una percepción generalizada de impunidad.
Un retrato nítido de lo que sucede hoy en día en nuestro Poder Judicial es el caso del fiscal general del estado de Nayarit, Edgar Veytia, que esta semana fue detenido, acusado por una corte de Nueva York de fabricar y distribuir heroína, marihuana y metanfetaminas en Estados Unidos, además de tener vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Mientras Estados Unidos lo aprehende, su jefe inmediato, el gobernador nayarita Roberto Sandoval, lo defendía, aunque ahora asegura que no no mete las manos al fuego por él.
En cuanto a la transformación de las instituciones, Fernández Martínez destaca que una de las discusiones más grandes será la manera en que deban darse esos cambios, “a pesar de que hay iniciativas en proceso en el Congreso, lo que no sabemos es si habrá las condiciones políticas para hacerlo”.
El investigador del Tecnológico de Monterrey asevera que a fin de conseguir una transformación de las instituciones, lo primero es una correcta transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de la República, lo cual implica, por un lado, quitar los transitorios de la Constitución a fin de desaparecer el pase automático del procurador como fiscal.
Además se tiene que dotar de autonomía técnica y de gestión a las distintas fiscalías, empezando por la Fiscalía Anticorrupción, con el objetivo de que el fiscal pueda tener los elementos jurídicos y presupuestos necesarios para realizar correctamente su trabajo.
Sin embargo, resalta que ante el contexto de las finanzas públicas que existen en el país, no va a ser nada fácil pues la lucha presupuestal se complica aún más. Por ello —asevera—– es necesario que exista una visión amplia por parte del Ejecutivo y de los legisladores para entender que asignar recursos a esta fiscalía es una inversión, no es un gasto.
También explica que será importante hacer una transformación en el servicio de carrera para que la Fiscalía reclute al mejor personal y se traduzca en resultados más efectivos en las investigaciones anticorrupción, de lo contrario el desprestigio que tendría la nueva fiscalía anticorrupción será inmediato.
Dario Ramírez
“Requerimos un fiscal fuerte”: Darío Ramírez
Los siguientes días para el país serán decisivos para saber si realmente podremos avanzar en este tema del combate a la corrupción. Darío Ramírez, de Mexicanos Contra la Corrupción —organización muy involucradas en el tema—, afirma que en estos momentos el foco rojo se encuentra en el nombramiento del fiscal pues su selección se ha convertido en un proceso opaco y desaseado.
“En México podemos perder la oportunidad de dar ese campanazo. Nos estamos yendo por pensar que es un puesto burocrático pese a tener un peso social y político sumamente relevante”.
Recuerda que al ser el encargado de abrir las líneas de investigación y presentar ante jueces especializados en la materia casos de corrupción que deberán ser sancionados por el Tribunal, se convertirá en el brazo ejecutor del Sistema Nacional Anticorrupción. “El Senado debe ser sumamente responsable al respecto, a nadie conviene que el fiscal salga lastimado, que se descubra su cercanía con algún partido, con el presidente, con cualquier figura política”.
Tanto Fernández como Ramírez califican de lamentable el hecho de que el Senado haya optado por que la decisión de quién será el primer fiscal anticorrupción en el país la tome de manera unilateral la Junta de Coordinación Política, y que ante un proceso poco claro las 13 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Mexicanos Contra la Corrupción y México Evalúa —a la que pertenecen— hayan tomado la decisión de levantarse de la mesa.
Sin embargo recalcan la importancia de que la Jucopo logre tomar la mejor decisión y elija al mejor candidato o candidata para fiscal desde su transparencia, su credibilidad social y evidentemente sus capacidades técnicas, pero sobre todo que la Jucopo tenga la obligación de establecer el porqué considera que esa persona tiene las mejores credenciales para ser fiscal.
De lo contrario, Darío Ramírez asegura que el Senado habrá desperdiciado una oportunidad muy importante para dar un menaje a todos los corruptos en México de que llega un fiscal fuerte y poderoso.
¿Qué detiene el proceso?
A pregunta expresa de Siempre! sobre qué es lo que está deteniendo el proceso de la selección del fiscal anticorrupción, Darío Ramírez señala que sin duda se encuentran los partidos políticos, pues “su primer reacción es cuidar, ir poco a poco, no soltar todo el poder”; una clara muestra es su falta de voluntad política para que hubiera una mayor participación ciudadana en esta elección.
Una manera de no soltar el poder en este caso —explica— fue que en lugar de crear una fiscalía autónoma la metieron dentro de la Procuraduría General de la República (PGR). Hay que recordar que la PGR deberá transformarse en Fiscalía General.
Ramírez apunta que no hay que dejar a un lado que hasta ahora ninguno de los partidos políticos ha exigido de manera eficaz que se dictaminen los transitorios al artículo 102 constitucional para que pueda darse un proceso más limpio, que ofrezca una mayor confianza entre la sociedad civil y el Senado para comenzar a discutir la ley orgánica de la Fiscalía General que es justamente dónde cobra una mayor relevancia este nombramiento.
Aunque dice que existen personas que no le dan la debida importancia al nombramiento del fiscal —pues señalan que únicamente estará en el cargo por 18 meses y después podrá ser removido o ratificado—, asegura que hay que tomar en cuenta que “nadie se atrevería a remover a un fiscal que tenga un acompañamiento social y que durante 18 meses haga su tarea”.
Marco Fernández es más optimista al reconocer que hay una lucha de una parte de la clase política que sigue pensando que la distribución de posiciones debe responder al reparto de cuotas partidistas; sin embargo, considera que existe otra parte que lucha por que esta condición cambie, por lo que esperaría que la clase política avanzada prevalezca y sea la que determine quién será el primer fiscal.
Necesitamos una sociedad más activa
El camino por recorrer aún es largo, no hay la menor duda. Por ello, nuestros entrevistados resaltan la urgencia de que la sociedad deje la pasividad. Hay que buscar una injerencia directa no solo en la elección del fiscal, sino en la creación de todas las instituciones que se vayan creando para combatir los graves flagelos y carencias que existen en nuestro sistema político.
Aunque Darío Ramírez acepta que es ingenuo creer que el Sistema Nacional Anticorrupción es perfecto, declara que es un gran momento para que la sociedad sea más activa, sobre todo cuando —haciendo referencia al libro Anatomía de la corrupción— seis de cada diez personas consideran que la corrupción estará peor en 5 años.
Marco Fernández hace un llamado no solo a la sociedad sino también a los medios de comunicación para tener una participación activa más exigente y menos complaciente con los actos de corrupción y los abusos del poder público para beneficio privado, de lo contrario, advierte: “los buenos funcionarios tendrán elementos para avanzar en la lucha contra la corrupción, mientras los malos no contarán con la presión social para ir cambiando su comportamiento”.
La terna para fiscal anticorrupción
Tras la decisión de las organizaciones civiles de levantarse de la mesa de trabajo para la elección del fiscal anticorrupción, la Jucopo nombró de manera unilateral a siete nuevos miembros para conformar un nuevo comité de acompañamiento. Hace unos días este comité de acompañamiento dio a conocer los nombre de los cuatro perfiles más adecuados para el cargo:
Manuel Hallivis Pelayo, ex Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa
César Alejandro Chávez Flores, ex Visitador de la PGR
José Bernardo Rafael Espino, ex Coordinador general de delegaciones de la PGR
Miguel Ángel González, Embajador
Sin embargo, tras investigaciones periodísticas se encontró que Manuel Hallivis Pelayo, uno de los candidatos más fuertes, fue el director de tesis del hoy procurador general de la república, Raúl Cervantes. Ante estos hechos, Darío Ramírez reitera la urgencia de que el nuevo fiscal cumpla con ciertos elementos: autonomía, credibilidad social, integridad en su función pública e independencia.
