El poder adquisitivo ha caído 79.55 por ciento

Magdalena Galindo

Ahora que acaba de celebrarse el Día del Trabajo, el 1 de mayo, vale la pena comentar brevemente el recuento sobre la condición de los trabajadores que publicó hace unas semanas el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM. Ahí se muestra, a partir de cifras oficiales, que desde diciembre de 1987 hasta octubre de 2016 —casi treinta años—, el salario mínimo en México ha perdido un 79.55 por ciento de su poder adquisitivo, o dicho de otra manera, que los trabajadores que perciben un salario mínimo hoy, en términos de lo que pueden comprar, solo reciben un 20.45 por ciento de lo que recibían hace treinta años.

El mecanismo que ha operado para esta pauperización extraordinaria es el establecimiento de los topes salariales, desde 10 años antes de los que abarca el estudio del CAM, esto es en 1977, cuando el gobierno de López Portillo ratifica los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, firmados al final del sexenio de Luis Echeverría. Se trata de una de las exigencias del Fondo para dar su aprobación a la política económica mexicana. Entonces, además de los recortes al gasto público, la devaluación del peso, la liberación de precios, la disminución de los aranceles a las importaciones, el Fondo exigió aplicar los topes salariales, que consisten en que cada año los aumentos salariales siempre se fijen por abajo del aumento de precios, lo que determina obviamente que los salarios pueden comprar cada vez menos bienes. Como los topes salariales se han seguido aplicando desde entonces, independientemente de que termine la vigencia de los acuerdos con el Fondo, esa política, implantada inexorablemente durante estos cuarenta años ha determinado que hoy el salario mínimo haya perdido un 80 por ciento de su valor.

Siempre que se menciona la caída drástica del salario mínimo, en los medios oficiales se dice que casi nadie gana el salario mínimo y que por lo tanto no constituye un hecho grave. La verdad es que no son tan pocos, pues las propias cifras oficiales, como se reitera en el informe 126 del CAM, registran 7 millones 851 mil trabajadores que solo perciben el salario mínimo y representan el 15 por ciento de la población ocupada. Pero la importancia del descenso del salario mínimo no se queda en esos casi 8 millones de personas, sino que afecta al conjunto de los trabajadores, porque el porcentaje de aumento que se fija cada año a los salarios mínimos es el mismo que se ha aplicado también cada año a todos los trabajadores, o sea que los topes salariales no solo rigen para quienes ganan el mínimo, sino para el conjunto de los asalariados.

Otro de los temas que estudia el informe del CAM es la comparación con una Canasta Alimenticia Recomendable, que fue elaborada hace algunos años por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, y está conformada por 40 alimentos y calculada para una familia de 4 personas (2 adultos, un joven y un niño). Como su nombre lo indica, solo se refiere a alimentos, no incluye los gastos de preparación, ni desde luego vivienda, transporte, vestido, educación, etcétera. Mientras en diciembre de 1987 el salario mínimo era igual al 183 por ciento de esa canasta, en octubre de 2016, el mínimo solo podía comprar el 33.5 por ciento de la misma. Los investigadores señalan que para comprar la canasta alimentaria un trabajador de salario mínimo tendría que trabajar 23 horas 53 minutos diarios. Esto quiere decir que las familias que ganan un salario mínimo sufren pobreza alimentaria, dicho crudamente: pasan hambre.