Entrevista con Rubén Salazar Vázquez/Director general de Etellekt Consultores

Emma Islas

Apenas salen los primeros rayos del sol y las filas ya son largas. En ese mercado, los clientes —en su mayoría transportistas— no buscan verduras, carne o frutas, buscan cómo aminorar su gastos. Su salida: adquirir gasolina barata, que pese a los riesgos que corren —de ser detenidos o atentar contra la vida útil de sus unidades— les ayuda a que les rindan más sus ingresos.

Los vendedores, entre los que se puede encontrar a familias enteras, incluyendo niños, apilan sus garrafas llenas de combustible que venden a menos de la mitad de lo que cuesta en las gasolineras cercanas. Saben que su producto es oro, ante el incremento de las gasolinas.

La creciente venta ilegal de gasolina se ha convertido en una epidemia que poco se ha ido extendiendo. Se habla de que hoy es el mejor negocio para muchos cárteles de la droga, que supera en ganancias a los estupefacientes, que se venden en el mercado negro tanto de México como de Estados Unidos y Centroamérica.

Al hablar sobre la situación que se vive hoy en el país por el robo de combustible, Rubén Salazar Vázquez, director general de Etellekt Consultores, consultoría encargada de elaborar el reporte “Situación actual y perspectiva sobre el robo de hidrocarburos en México”, señala que, contrario a lo que sucede, este delito siempre debió de ser visto como un asunto de seguridad nacional.

Se le debió de dar un control más integral. No solo en el tema de seguridad, sino en lo que se refiere a la corrupción que se genera a su alrededor, “sobre todo cuando es un hecho la entrada de capitales privados por la reforma energética”.

Situación actual

Salazar Vázquez considera que el problema del robo de combustible ha mostrado ciertas variaciones en su comportamiento. La principal es que se trasladó al centro del país, al concentrarse en cuatro estados, pero específicamente en dos de manera muy importante: Puebla y Guanajuato.

Con base en información proporcionada por Pemex, dice que por primera vez en la historia estos dos estados rebasaron el número de mil tomas clandestinas. Puebla con 1,600 tomas y Guanajuato 1,300, lo que representa el 42 por ciento del total de tomas que se registraron durante 2016 a escala nacional que fueron más de 6, 800.

Otro fenómeno que —explica—– se está dando a la par de estas perforaciones ilegales es el crecimiento de un mercado negro, en concreto en el estado de Puebla, que se ha expandido ante un crecimiento de proyectos de la industria de la construcción y que tienen como su principal mercado el sector transportista. Transporte de carga, pasajeros, concesionados —incluyendo taxis— que se surten de dicho mercado negro.

Como ejemplo recuerda la detención —el año pasado— de un transportista y líder sindical adherido a la CTM, quien tenía un contrato con la planta de Audi para transportar materiales como cascajo. Su delito: adquirir combustible robado para sus unidades.

El director general de Etellekt afirma que ya existe una alerta en la industria gasolinera ante el crecimiento de este competidor informal, pues mientras el crimen organizado obtuvo ganancias en este año por aproximadamente 15 mil millones de pesos —por la venta de gasolina y diésel exclusivamente—, el sector gasolinero formal tuvo una utilidad global de 70 mil millones de pesos.

¿A dónde va la gasolina robada?

Al hablar sobre el destino que tiene el combustible, Salazar Vázquez afirma que además de los puntos de venta del mercado negro, históricamente la gasolina robada es utilizada por las organizaciones criminales como precursor de diversas drogas sintéticas, incluida la cocaína, al ser un ingrediente básico para hacer todo el proceso de fabricación de la pasta base de la que surgen.

También se ha detectado que algunos cárteles la comercializan en Centroamérica, transportándola a través de embarcaciones menores desde el Golfo de México. Sin embargo, el principal destino sigue siendo el mercado ilegal interno del país.

Recuerda que antes de 2013 y hasta 2014 el problema no tenía la magnitud de hoy. Al igual que los hechos de corrupción, el desvío de recursos federales, este fenómeno ha tenido una tendencia similar y no se logró frenar pese a existir señales de alerta.

Hoy —dice— se están extrayendo de forma ilegal 24 mil barriles de gasolina y diésel, lo que pudiera parecer un margen muy pequeño, pues únicamente equivale al 2 por ciento de toda la gasolina y diésel que se comercializa a diario —830 mil barriles de gasolinas y alrededor de 370 mil de diésel.

Sin embargo, en términos de utilidad, las ganancias para el crimen organizado representan sin duda un factor de desequilibrio en el mercado. Mientras en el mercado negro la gasolina tiene un costo menor a los 9 pesos, en el mercado formal ronda por debajo de los 17 pesos, lo que genera una mayor presión en la política de precios.

Salazar Vázquez comenta que a través de algunos reportes se comienza a detectar que algunos de esos grupos de los llamados “huachicoleros” ya están empezando a definir su política o banda de precios para vender el producto más caro, pues para ellos tampoco es negocio venderlo a 9 pesos.

 

Se dispara robo durante gobierno actual

Destaca que, si bien existe una gran red de corrupción en relación con este ilícito —en la que están involucrados desde el sindicato petrolero hasta agencias de seguridad municipales y estatales—, el hecho de que mientras en 2014 y 2015 hubo más de 1300 detenidos por año, en 2016 se hayan reducido a 600 el número de detenciones, evidencia el nivel de importancia que le ha dado el gobierno actual a su estrategia de seguridad.

Refiere que en tan solo en 16 años —2000 a 2016— se produjeron en el país más de 26 mil tomas clandestinas, de las cuales 19 mil han tenido lugar en la administración de Peña Nieto; es decir, el 68 por ciento.

Señala que la solución por la que ha optado el gobierno federal, ante un margen aparentemente bajo de 2 por ciento de robo, es trasladar los costos por las pérdidas que hay para Pemex, así como de la reparación de los ductos dañados, al precio que paga el consumidor final, “es mucho más rentable esta medida, que busca mitigar el problema con el uso de más fuerzas de seguridad”.

 

Cómo abatir el problema

El especialista asevera que existen muchas maneras de abatir el problema, por ejemplo, contener todos los delitos que se cometen de manera paralela: evitar el robo de vehículos, tener un mayor censo concreto de la unidades que son más vulnerables de parte de estas bandas, para restarles capacidad de acción.

El gobierno —señala— debió de haber impulsado una política de prevención, tanto para evitar el crecimiento de consumo y sobre los riesgos que corren al manipular el combustible. En cuanto al consumo destaca que se ha detectado que los delincuentes ya empiezan a adulterar las gasolinas a fin de obtener un mayor volumen, inventario y ganancias, lo cual genera muchos riesgos para el automovilista, al mismo transportista y a la vida útil del vehículo.

Por lo que se refiere a la seguridad, afirma que bandas más pequeñas, como es el caso de los huachicoleros que están compuestas por gente de las comunidades cercanas, son más rudimentarios en sus procesos de almacenamiento y de  traslado, “hay casos donde familias enteras mueren por los gases tóxicos que emanan las gasolinas almacenadas”.

Asevera que todo esto debe ser parte de una campaña de comunicación para prevenir que el ingreso de la gente de estas comunidades siga creciendo, “hay jóvenes y niños que ganan más de 12 mil pesos al mes, por lo que el negocio se vuelve muy tentador. Sobre todo en comunidades que son muy pobres y que nunca han sido beneficiadas por el negocio petrolero. Es la otra cara del negocio”.

Participación del crimen organizado

En los inicios de esta problemática —hace aproximadamente 10 años—, estas organizaciones, principalmente los Zetas —que son responsables de casi 40 por ciento de las tomas clandestinas—, a fin de legitimar la actividad, a través de una campaña comenzaron a diseminar la idea de que el petróleo es propiedad del pueblo por lo que entró mucha gente en el negocio.

El problema fue que en Puebla surgió la moda de los llamados huachicoleros. Se empezaron a formar bandas más pequeñas que incluso comenzaron a representar un desafío hasta para los Zetas, por lo que empezaron a ocurrir hechos violentos.

Con el objetivo de detener el crecimiento de estas bandas, los Zetas impusieron correctivos muy graves. Los confrontaban, secuestraban, los quemaban vivos en sus camionetas. Por ejemplo cavaban tumbas en las zonas cercanas a los ductos y a las válvulas ilegales como una medida de advertencia para los que intentaban llegar ahí.

Sin embargo, la situación se les salió de control debido a que los huachicoleros son gente de las comunidades, de un estado muy complejo, muy celosa, radical. Son comunidades que se resisten ante la presencia de grupos externos de cualquier índole, lo que vuelve más explosiva la situación.

Las campañas electorales

Otro punto que resalta Rubén Salazar es que al menos en el último año, los estados que tuvieron el mayor volumen de perforaciones o de tomas ilegales, fue en donde hubo procesos electorales. Son el caso de Guanajuato, Veracruz, Puebla en los que hubo cambios de gobierno.

Además —dice que llama la atención— que se realizaron ciertas reformas constitucionales, por lo menos en Puebla y Veracruz, para que hubiera gobiernos de dos años, “lo cual trae mayor incertidumbre, inestabilidad, movilidad y reacomodos en el crimen organizado”.

Señala que al obtener ganancias de alrededor de 37 millones de pesos diarios, el crimen organizado busca tener protección institucional que logra cooptar con este nivel de ganancias, además de que es capaz de destinar recursos para influir en procesos electorales, sobre todo locales, “el robo de combustible es una fuente de financiamiento emergente. Un gran riesgo para la actividad política en estos lugares”.

Por ello, advierte, de no existir una presencia activa del Estado, se corre el riesgo de que las empresas extranjeras que entren en México busquen resolver los problemas y comiencen a negociar protección con el crimen organizado, lo que implica que las redes de corrupción crezcan.

@emma_iza