Muchos testimonios dejan al descubierto la triste realidad por la que atraviesan estudiantes, profesores y personal que trabaja en la UNAM. Los focos rojos se han encendido en las últimas semanas. Sucesos inéditos han hecho voltear hacia la máxima casa de estudios, que se ha convertido en una zona de alto riesgo.

Ante la falta de seguridad, la comunidad universitaria es víctima de asaltos, asesinatos, acoso sexual. El narcomenudeo se da de manera cínica al cobijo de autoridades universitarias, encargadas de la seguridad y que dependen del STUNAM y que —de acuerdo con testimonios que han llegado a nuestra redacción— tienen la encomienda de no meterse con los delincuentes.

Pese a que desde hace décadas la problemática de la venta de drogas ha estado latente dentro de Ciudad Universitaria, ninguna autoridad ha querido ponerle fin. Sin embargo, ante los hechos que están a la vista de todos, han tenido que dar la cara. Enrique Graue, rector de la UNAM, abiertamente dijo: “es innegable que el narcomenudeo existe en nuestras instalaciones”.

Sin embargo, aunque en varias ocasiones ha asegurado que la institución nunca será “un lugar de impunidades”, su sistema de seguridad basado en la autonomía de la UNAM, donde la policía local ni federal tienen permitido ingresar en sus calles, a menos que sea a solicitud expresa del rector, han hecho que grupos delictivos se muevan a sus anchas convirtiendo el recinto, según versiones de algunos universitarios, en “tierra de nadie”.

Y es que el simple hecho de romper con la independencia o autonomía de la institución de inmediato trae malos recuerdos. Como el intento fallido, en noviembre de 2014, de un grupo de aproximadamente 500 granaderos de la policía capitalina por desalojar a los pseudoestudiantes que mantienen ocupado el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde hace casi 20 años.

O bien la incursión de la policía para poner fin a la revuelta estudiantil que mantuvo paralizada la institución durante un año —1999 a 2000—. La represión estudiantil de 1968 es otro recuerdo que se revive. Todos estos elementos hacen que tanto la comunidad universitaria como gran parte de la sociedad mexicana no confíen en la incursión de la policía en la institución.

En las últimas semanas se ha abierto una “cloaca” en CU, tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en sus instalaciones: el cuerpo de Lesvy Berlín Osorio, de 22 años, fue encontrado colgado de una cabina telefónica; el de Víctor Manuel Orihuela Rojas, quien supuestamente se suicidó al aventarse de un tercer piso en la Facultad de Filosofía y Letras, así como un tercer cuerpo encontrado en las instalaciones de la Cantera, lugar en que entrena el equipo de futbol Pumas.

Pese a contar con cámaras de videovigilancia dentro de Ciudad Universitaria, autoridades de la procuraduría capitalina han dado a conocer que solo 10 por ciento funcionan o bien están colocadas de manera que no se pueda captar lo que sucede en el campus universitario, versión que también fue manejada en un reportaje del  periódico El Universal.

Luego de que El Universal diera a conocer que dentro de Ciudad Universitaria opera una célula del cártel de Tláhuac —señalamiento que fue descartado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera—, la máxima casa de estudios, a través de un comunicado, informó que durante el primer semestre de 2017 se ha puesto a disposición del ministerio público capitalino un total de 13 personas por narcomenudeo en el interior del campus.

Entre los detenidos se encuentra Héctor Yrag Chávez Silva, quien desde hace 15 años ha sido acusado por la venta de drogas a estudiantes universitarios. El Bodoque, como se le conoce a Chávez Silva, en 2002 también fue acusado de la muerte de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur.

Hechos como este dan cuenta de que el narcomenudeo ha estado presente desde hace mucho. Estudiantes y personal que laboran dentro de la UNAM y que han pedido el anonimato ante el riesgo que corren, aseguran que pese a que se habla de detenciones, las cabezas de estos grupos delictivos siguen en total impunidad por lo que el narconegocio sigue operando. “Ellos controlan todo. A través de halcones, que no solo son integrantes de auxilio UNAM, sino algunos supuestos estudiantes, se cuidan las espaldas”.

Señalan que Ciudad Universitaria se ha convertido en una plaza más que los grupos delictivos se pelean, por lo que no es descabellado pensar que además del cártel de Tláhuac otros grupos o cárteles se muevan en su interior. Además señalan que ante la relajación de las medidas de seguridad de la presente administración la problemática es cada vez más evidente.

La UNAM se defiende de todos los señalamientos que se han dado en las últimas semanas y pese a que dice que el personal de vigilancia no está facultado ni capacitado para realizar labores de investigación y sus labores se concentran en el resguardo de entradas a facultades y la contención del ambulantaje, la UNAM y el STUNAM han acordado impartir capacitación a los vigilantes.

A fin de ahondar más en el tema y ante las declaraciones con las que contábamos, acudimos al periodista Héctor de Mauleón quien también ha recibido testimonios que retratan la situación que se vive en la UNAM, así como a Gabriel Regino García, quien además de abogado penalista se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública de la capital.

Autoridades omisas

De Mauleón y Regino coinciden al afirmar que tanto autoridades universitarias como locales y federales desde hace mucho tiempo han estado al tanto de lo que ocurre dentro de las instalaciones de CU; sin embargo han sido omisas y han dejado crecer la problemática anteponiendo la autonomía de la UNAM, la cual ha sido mal interpretada.

“No olvidemos que en Ciudad Universitaria se cometen todo tipo de delitos: violaciones, acoso sexual, robo de vehículos, narcotráfico”, dice Gabriel Regino, quien asegura que tanto “la mano débil de las autoridades, como el poco interés de las mismas se convierten en un “coctel” que favorece a las organizaciones criminales que han encontrado en la UNAM un campo perfecto para actuar”.

Respecto al porqué no se ha logrado avanzar en esta problemática, Héctor De Mauleón considera que por un lado existe un sentido de autonomía mal entendida y por el otro se encuentra la evidente colusión de autoridades universitarias en este tipo de actividades.

“Testimonios señalan que personal de auxilio UNAM está coludido con este grupo de vendedores. Los toleran pues quizá reciben una ganancia de los cerca de 150 mil pesos que a diario genera este negocio, a cambio operan como halcones y vigilantes, ahí hay una explicación”, indica el escritor.

Destaca que debido a este mal manejo del significado de la autonomía universitaria también se debe lo que sucede, desde hace 20 años, en el auditorio Che Guevara, situación que es inexplicable y va contra toda normatividad.

“Contra toda razón el auditorio sigue tomado por grupos que no solamente están relacionados con organizaciones de narcomenudeo y venta de estupefacientes, sino con organizaciones radicales, subversivas que a través del auditorio tienen  una mano metida en la Universidad”.

Al hablar como abogado penalista, Gabriel Regino reitera por su parte que el término de autonomía ha sido distorsionado pues desde su fundación se refiere a la forma en que se gobierna, su administración y su organización; sin embargo ante los hechos de 1968, la actuación policial se debe realizar a través de una estrategia de inteligencia, de lo contrario se pueden generar aspavientos con las organizaciones estudiantiles.

“La libertad de cátedra es uno de los pilares de la autonomía universitaria, pero de ahí a que su espacio se convierta o equivalga a inmunidad es muy diferente. En el espacio físico de Ciudad Universitaria no se encuentra prohibido el acceso a ningún elemento policial, no hay ley que lo impida, ninguna”, subraya.

El exsubsecretario de Seguridad Pública asevera que las autoridades en su omisión han dejado a Ciudad Universitaria sola ante fenómenos criminales e incluso la oficina que estaba dedicada a atender a los universitarios en temas delictivos, desapareció ante la falta de una estrategia y de tacto por parte de sus miembros.

Infiltración de cárteles

Luego de aseverar que tanto autoridades como la propia comunidad universitaria desde hace mucho ya habían sido alertadas sobre lo que podía suceder si no se ponía un alto a los grupos criminales, De Mauleón recuerda que desde 2009, esta problemática dejó una primera muerte.

Una balacera de 14 tiros en la Facultad de Filosofía y Letras derivó en el asesinato de un narcomenudista que vendía droga en uno de los corredores de la facultad, que pese a haber estado preso en dos ocasiones por delitos contra la salud, seguía operando en la Universidad.

El periodista considera que los hallazgos de cuerpos en instalaciones universitarias no son ajenos a la posible infiltración de una célula del cártel de Tláhuac, de la que pueden ser parte las cerca de 20 personas que se mueven en motocicletas entre la zona del frontón y los bigotes, con los que autoridades de seguridad de la UNAM presuntamente están coludidos.

Urge coordinación entre autoridades

Tras reiterar que legalmente en cualquier caso la policía puede entrar a Ciudad Universitaria, Gabriel Regino destaca que lo relevante es que se logre una coordinación entre la junta de gobierno, la rectoría, el personal de seguridad y las instancias de seguridad pública, así como las instancias de investigación criminal, “si no hay eso cualquier intromisión será interpretada erróneamente como una agresión a la población estudiantil”.

Lo urgente —dice— es que las autoridades decidan poner un manotazo en la mesa, organizarse y empezar a combatir seriamente el flagelo que existe dentro de Ciudad Universitaria a fin de que se logre garantizar la seguridad de las personas que trabajan o estudian en el campus. Sin embargo, advierte la posibilidad de que continúe la falta de habilidad, interés y voluntad de ambas partes.

De Mauleón también señala que ante la doble omisión de las autoridades tanto locales, federales como universitarias que únicamente se han lavado las manos, pasado la papa caliente de un rector a otro, lo que sigue es tomar una medida extrema para acabar con la evidente colusión del STUNAM y que Ciudad Universitaria se siga convirtiendo en una zona en la que ocurren ejecuciones, asesinatos, que huele a mariguana y que en sus instalaciones hay narcomenudistas que todos ubican e identifican.

 ¿Puede entrar la Policía Federal a CU?

El concepto de autonomía se emplea en el artículo 3º Constitucional, en referencia a que la universidad engloba a su vez una serie de características: A) Académica: libertad de cátedra e investigación. B) De gobierno: nombramiento de sus autoridades y el otorgamiento de sus normas dentro del marco de su ley orgánica, reconocida en 1929. C) Económica: libre administración de su patrimonio.

Desde el punto de vista etimológico, se llama autónoma la sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que no depende de una norma que no sea la suya. La autonomía sin embargo, no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre sus asuntos, pero están sometidos a la soberanía estatal.

Por lo tanto, la policía puede entrar en cualquier momento, ya sea a petición de las autoridades de la UNAM o incluso para detener o auxiliar en la comisión de un delito en flagrancia. Sin embargo deben hacerlo bajo la supervisión de la autoridad universitaria y desarmados como lo señala el artículo 95 del Estatuto General de la UNAM, que limita la portación y uso de armas de fuego en el interior de Ciudad Universitaria.

@emma_iza

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Fe de erratas

En el número 3341, de fecha 25 de junio, y por un error en el proceso de edición, un párrafo de la entrevista con la señora María de Jesús Patricio Martínez —“Marichuy, la indígena que buscará cimbrar el sistema”— apareció con unas afirmaciones que en nada corresponden a la realidad. El párrafo correcto debió ser:  “Con 53 años a cuestas y tres hijos que tienen miedo de que algo le pueda pasar ante la serie de agresiones y represiones que se han suscitado desde que fue nombrada vocera del CNI, Marichuy —clara y segura— reitera que su intención no es ocupar el poder. De antemano sabe que cumplir con el requisito de recolectar casi un millón de firmas por todo el país, es una tarea titánica”. A la entrevistada, a la reportera Emma Islas y a los lectores, se les ofrecen disculpas.

La Redacción