Después de los graves vacíos y abandonos fundamentales que dejó la implementación de la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión en sus primeros tres años de vida en México, es imprescindible que la sociedad le demande al Estado una acción comprometida en los ámbitos que garantiza la Constitución Política Mexicana y otras leyes reglamentarias en esta materia. En este sentido, se debe exigir en el terreno del Órgano Regulador y de la preponderancia, las siguientes acciones para construir otro modelo de comunicación más virtuoso en el país:
En el terreno del Regulador:
4.- Es fundamental que la sociedad civil presione para que el Estado consolide al Órgano Regulador garantizando su absoluta independencia, evitando que se le amputen facultades originarias que ya poseía legítimamente para ordenar sobre las licitaciones, sobre los derecho de audiencias y sobre su autonomía, y que ahora los enormes intereses partidocráticos y monopólicos que no quieren competencia pretenden debilitar.
5.- La tarea pendiente que tiene el regulador es fomentar la competencia efectiva. La política pública en dicho ámbito sectorial se compone de este pilar y solo a través de su ejecución eficaz se puede asegurar la materialización de las promesas ofrecidas por la reforma constitucional.
6.- Es indispensable que el diseño institucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) contemple herramientas para la creación de nuevos comportamientos en la burocracia que regula este sector. Burocracia que viene de viejas lógicas y prácticas administrativas centradas en su esencia por la aplicación de una perspectiva tecnológica y económica tradicional, a la que aún no se ha logrado integrar una lógica y práctica administrativa de derechos como lo marca el artículo 1 de la Constitución, para reconocer a las personas como sujetos de derechos y no solo como meros beneficiarios de las acciones de agencias estatales o como agraciados de bienes materiales. Es decir, se debe aceptar que sus acciones regulatorias afectan a personas titulares de garantías y no a simples usuarios y consumidores de servicios a secas.
En este sentido, actualmente se cuenta con un sector en el que apenas se abre tal perspectiva de derechos en el cuerpo legal; y en consecuencia, es lógico que el aparato burocrático tenga miedos y resistencias para incorporar los cambios en las nociones conceptuales, como en la transformación de prácticas viciadas que durante décadas se han mantenido muy arraigadas. Por eso, el gran reto del IFETEL es realizar un cambio de fondo en la hechura de la política para integrar un enfoque sociológico y de derechos humanos que permita que las determinaciones económicas y técnicas no sean un fin en sí mismas, sino que operen como medios para lograr la inclusión social y habilitar los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y sociales de la población.
7.- Se precisa una mayor atención y compromiso por parte de los partidos políticos, de diversos actores académicos, y de la sociedad civil para observar el desempeño del regulador. Esto con el objetivo de fortalecer y demandar mecanismos de exigibilidad y participación de una institución que es clave para el desarrollo económico de la nación, así como también para materializar el goce de garantías para toda la población, en especial aquellos sectores tradicionalmente excluidos del proceso comunicativo, como los pueblos indígenas, medios comunitarios, entre otras expresiones ciudadanas.
En el nivel de la preponderancia:
8.- Se requiere que el IFETEL cuente con facultades contundentes y eficaces para poner suficiente orden en el mercado de la radiodifusión y las telecomunicaciones, pues de lo contrario no podrá beneficiar a los grandes grupos de consumidores y únicamente premiará las empresas más poderosas del sector. Por ejemplo, aunque América Móvil y Televisa fueron declarados agentes económicos preponderantes y se les impuso una regulación distinta al resto de las empresas de los rubros de telecomunicaciones y radiodifusión, todavía en 2016 continúaban operando como consorcios preponderantes. Así, con base en cifras del IFT, por una parte, las filiales de América Móvil seguían controlando el mercado, pues en el cuarto trimestre de 2016, Telmex todavía tenía 63.2 por ciento del mercado de telefonía fija y 57.5 por ciento en banda ancha fija, mientras que Telcel sumaba 64.9 por ciento de las líneas móviles y 71.8 por ciento de los usuarios de banda ancha móvil. Por otra parte, Televisa acaparaba más de 60 por ciento de la audiencia en televisión abierta y en televisión de paga, siendo declarada con poder sustancial de mercado al concentrar 61 por ciento de los suscriptores, pero aun así no se le aplicó ninguna regulación en televisión restringida.
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