Se cumplió un año del Brexit y hasta el momento nada extraordinario en términos económicos ha ocurrido en un proceso de divorcio que se ha alejado de las declaraciones incendiarias en la prensa.
La disputa entre el Reino Unido y sus contrapartes de la Unión Europea (UE) se ha minimizado, sobre todo después del fiasco electoral de la primer ministra británica Theresa May, quien finalmente logró pactar gobierno con el ultraconservador Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte.
El pasado 23 de junio se cumplió un año exactamente desde que el famoso referéndum realizado en el Reino Unido dio la victoria al Brexit (con un 52%) sobre los partidarios de la permanencia en el mercado común europeo.
Desde entonces, hasta que se invocó, el 29 de marzo pasado, el artículo 50 del Tratado de Lisboa que oficializa el proceso de salida de un miembro de la UE, muchas cosas han ocurrido, sobre todo en el terreno político, que han dibujado y desdibujado escenarios, pero que en los hechos poco o muy poco han cambiado el diario convivio entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Los medios de comunicación informaban que la primer ministro británica había alcanzado un acuerdo con el partido ultra conservador DUP de Irlanda del Norte que permitirá que sus diez diputados en el parlamento se sumen a los tories para alcanzar los 326 escaños que le permitan gobernar. El pacto se logró gracias a la “financiación adicional” de mil millones de libras (unos 1300 millones de euros) para Irlanda del Norte.
Así que, por un puñado de libras, May ha comprado tiempo para “reforzar la unión” del Reino Unido, si tal cosa es posible. Lograr tener mayoría con la suma de los diputados norirlandeses, no es sinónimo de “gobierno fuerte”, por el contrario, el escenario para May luce sombrío.
En este contexto es que el gobierno británico enfrentará las negociaciones de salida con el equipo negociador de la UE, el llamado grupo de los 27. El primer escollo será el tema migratorio.
Al cierre de este material se conoció la propuesta “generosa” del gobierno de May para los más de tres millones de residentes de la UE en suelo británico que, entre otras cosas, consiste en crear una nueva categoría migratoria denominada “settled status” (estatius de asentado), para que todos aquellos ciudadanos que “cumplan” las condiciones que el gobierno británico define, podrán permanecer en el país gozando de “casi” la totalidad de los derechos de lo que disfrutan hasta ahora.
A reserva de conocer más detalladamente la propuesta, en los medio de comunicación ya se señalaron los primeros puntos conflictivos, entre los cuales está la “asistencia sanitaria”, que en la propuesta queda sujeta a negociación y el amparo del ciudadano europeo ante el Tribunal de Justicia Europeo, que el gobierno británico rechaza.
Por lo pronto el jefe negociador de la UE, Michele Barnier, advirtió en twitter sobre la propuesta británica que hace falta “más ambición, claridad y garantías”. Ahora la pelota pasará al lado de la UE y seguro ahí también se evaluará el “estatus” de los más de un millón doscientos mil británicos que residen en países del viejo continente.
En algunos medios de comunicación se manejan cifras entre 60 mil y 100 mil millones de euros la factura que el Reino Unido tendría que pagar para salir de la UE. Por lo pronto mil trescientos millones se han comprometido para formar gobierno. ¿Todo será a golpe de chequera?
