La crisis político-sociales de Guerrero están asociadas a las que se han sufrido en el agro. Al inicio de la década de los 90, se difundió que el sector agroalimentario sería uno de los grandes beneficiarios, siempre que efectuaran las modernizaciones adecuadas. Una de ellas fueron las formas de propiedad de la tierra y la posibilidad de que los campesinos pudieran enajenar sus parcelas.
Para esta entidad suriana se abrió la posibilidad de impulsar la agroindustria y por fin lograr la diversidad a la economía estatal, los productos del campo guerrerense tendrían valor agregado y se haría aquí, en el territorio estatal. Para lograrlo, se promovió la creación de parques industriales, dos en Acapulco, dos en la región de la costa grande, uno en la región centro.
Eran los tiempos de José Francisco Ruiz Massieu como gobernador de la entidad y transcurría el periodo en que se negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, política moderna, eran las palabras de uso común.
Ruiz Massieu diseñó un proyecto de modernidad a escala, derivado del modelo nacional, que le permitiría al estado “salir del cabuz del desarrollo nacional” pero finalmente todo quedó en buenas intenciones, negocios inconclusos, beneficios volátiles y daños reales. La modernidad fue de oropel.
Al iniciarse las rondas de negociaciones del TLCAN, vuelven a plantearse las expectativas de que los sectores agrícolas y ganaderos de la entidad sean vistos como opciones de inversión. Pero la modernidad no termina de llegar.
Las estructuras de poder económico han determinado los modelos de desarrollo y sus alcances. Lo que a su vez determina los rezagos que aún existen. Los intentos de modernización se estrellan ante una realidad que los planes gubernamentales se niegan a transformar.
En buena parte del estado se práctica la actividad agropecuaria de manera tradicional. 1.04 millones de habitantes, son pequeños productores de subsistencia e infrasubsistencia y representan la población que vive en condiciones de pobreza y marginación. La actividad se realiza en su mayoría para autoconsumo y solo un reducido número de productores comercializa, en principalmente a nivel local y de manera directa o incluso intercambiando productos.
Las actividades productivas se ven afectadas por los bajos niveles de capitalización y el marcado rezago del nivel de tecnificación generándose una fuerte problemática de diversa índole que abate la eficacia de los productores en importantes rubros de sus prácticas productivas.
La agroindustria en el estado es una actividad que se ha desarrollado lentamente, debido principalmente a la ausencia de modelos y experiencias industriales locales, ya que Guerrero es una entidad donde básicamente se practica la producción primaria. Los sistemas producto que se han desarrollado agroindustrialmente y que generan valor agregado son: maíz, mezcal, coco y café.
El financiamiento para productores rurales en lo individual es casi nulo, solo un 5 por ciento el total de los productores tiene acceso al mismo, los pocos recursos que se colocan para proyectos productivos o ampliaciones productivas en el sector rural se ven destinados a un reducido número de beneficiarios que cumplen con las exigencias crediticias.
Hay poca concurrencia interinstitucional entre las dependencias públicas que otorgan financiamiento al sector rural del estado, solo se observan algunas acciones conjuntas entre FIRCO, Financiera Rural, FONAES y FIRA, por lo que el 95 por ciento de la población rural no tiene acceso a dicho servicio, al igual que carece de un expediente de crédito.
Guerrero cuenta con abundancia en recursos naturales y en biodiversidad, pero la deficiente infraestructura de vías de comunicación, el rezago educativo, la deficiencia organizativa, el mínimo nivel de tecnificación de las actividades productivas y el bajo nivel de industrialización que prevalecen, lo colocan entre los estados más pobres del país.
Entre los principales problemas del sector rural destacan:
Un 84% de las unidades económicas del estado desarrollan su actividad productiva con infraestructura y equipo inadecuado; 61% ven afectada su producción por la presencia de plagas y enfermedades en: cultivos de café, limón mexicano, palma de coco, maíz y mango y las abejas.
Un 35% de las unidades económicas tienen problemas por el deterioro de sus recursos naturales —suelos ensalitrados por el inadecuado manejo de fertilizantes y erosión por malas prácticas agrícolas y ganaderas—.
Cerca de 86% no son sujetos de crédito y un 73% no aplican o implementan alguna tecnología en su actividad productiva.
El 98% no se han integrado a alguna organización productiva y la mayoría reciben una deficiente capacitación o asistencia técnica, operan con altos costos de producción y bajos precios de venta.
Una política adecuada para el sector rural, debe combinar una vertiente social con una base productiva —creación de empleos y derrama de ingresos— y una vertiente social asistencial —distribución gratuita o a precios subsidiados de alimentos, educación— en etapa inicial mientras se fortalece a los grupos más vulnerables e irá disminuyendo la parte asistencialista para enfocarse más al desarrollo de capacidades, educación, mejoramiento de la productividad agropecuaria, entre otras.
Se requieren acciones concertadas entre la federación y los estados para que se otorgue al campo la prioridad que le corresponde no solo en materia de soberanía alimentaria y seguridad nacional, sino por la importante contribución del campo al desarrollo nacional y el número de mexicanos que se ocupan en actividades agropecuarias.