El sismo del 19 de septiembre de 2017 para algunos fue una primera experiencia inolvidable, para otros la repetición de lo vivido el 19 y 20 de septiembre de 1985; 32 largos años han transcurrido y la pesadilla se reitera: muertos, desaparecidos, derrumbes, mal olor, cadáveres, tristeza, llanto, desesperación, aun cuando no todo es en la Ciudad de México, a pesar de que en esta se encuentran, acaso escondidos o quizás ignorados u olvidados: San Gregorio Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, San Lorenzo Tezonco y Milpa Alta; más allá, en Morelos, está San Francisco Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Ocuituco; en el Estado de México se ubica San Juan Tepecoculco y Ecatzingo y así muchas y muchas comunidades más, pobres, abandonadas, probablemente no ubicadas en el mapa de la política y de los políticos.

Ante este panorama de hambre, sufrimiento y pobreza, surge la oportunidad y el oportunismo político, que se puede traducir en votos el próximo 1 de julio de 2018. Justamente dentro de nueve meses podrá nacer o renacer la reacción de la sociedad, del pueblo, del electorado; puede emerger de las urnas, de las mesas directivas de casilla y quedar plasmada en las actas de escrutinio y cómputo, para el registro de la historia.

¿Votos en blanco? ¿Votos de castigo? ¿Votos de malestar social? ¿Votos de esperanza? O la misma desolación y abandono, que se vive y se sufre en los pueblos colapsados por los sismos, se re-vivirá el día de la jornada electoral, en las solitarias mesas receptoras de votación.

Como consecuencia de las pérdidas sufridas por los sismos, ante lo reparable económicamente, en estos días, en todos los medios de comunicación vemos, escuchamos, leemos, advertimos, la propuesta reiterada: que los partidos políticos donen los recursos que reciben de la Tesorería de la Federación; que renuncien al financiamiento público; que el dinero destinado a solventar los gastos de campaña se destine a la reconstrucción de lo destruido, etcétera.

El malestar social es fundado; sin embargo, cabe preguntar ¿por qué solo una respuesta sentimental o visceral y del momento? O, lo que es peor, ¿por qué una respuesta política oportunista? ¿Por qué no la reflexión, el análisis y la determinación de una reforma constitucional en materia de financiamiento público a los partidos políticos, aun cuando no fuese aplicable para 2018?

Si ahora está vigente un sistema nacional electoral, ¿por qué los partidos políticos nacionales tienen derecho a financiamiento público ordinario y para gastos de campaña, así como para fines específicos, además de franquicias telegráficas y de correo postal, 33 veces, uno federal y 32 locales, uno por cada entidad federativa?

Por otra parte, nadie puede donar lo que no es suyo. Los partidos políticos no son dueños del dinero que reciben de la Hacienda Pública: es del pueblo. El presupuesto para 2018 es inexistente, obvio es, no ha sido discutido ni aprobado por la Cámara de Diputados. No se puede disponer de lo que no existe.

Además, el caso fortuito se debe tener en mente al momento de tomar decisiones inmediatas y a futuro, en cuanto al financiamiento público del que ya disfrutan los partidos políticos en 2017 y del que tienen derecho a recibir en 2018. La necesidad emergente de los sismos no es, por fortuna, algo ordinario, sino extraordinario, excepcional, y las normas constitucionales y legales han sido promulgadas para lo ordinario.