Se reservó para la ley reglamentaria establecer el sistema de fiscalización de todos los recursos económicos de los partidos; el control y vigilancia de sus ingresos y egresos; su origen y destino, además de prever las sanciones aplicables.
Por supuesto, no se trata de ignorar todo el aspecto positivo que puede significar el voto por medios electrónicos, sin ocultar tampoco sus aspectos negativos, que deben mover a la reflexión
El financiamiento público para los partidos políticos nacionales, se sistematizó y dividió en tres apartados: para gastos ordinarios, campaña electoral y fines específicos.
Que el voto por medios electrónicos tiene incomparables aspectos positivos, es otro tema; no se puede implementar si no existe fundamento constitucional o legal para ello. ¡Un acuerdo del Consejo General del INE es insuficiente!
En el contexto del Derecho Procesal Electoral se debe destacar la adición de un párrafo sexto al artículo 99 constitucional, para reconocer a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la integración del Consejo General del IFE se conservó la concurrencia de los consejeros del Poder Legislativo, sólo uno por cada grupo parlamentario con presencia en una o ambas Cámaras del Congreso.
Con relación al Derecho Procesal Electoral Orgánico, se previó que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es depositario del ejercicio del respectivo Poder del Estado.
Bajo la presidencia del Ministro Ignacio L. Vallarta, estableció nueva tesis de jurisprudencia, en el sentido de declarar improcedente el juicio de amparo en controversias electorales en especial y de naturaleza política en general.
Debemos recuperar, en mi opinión, la brújula perdida del “Sufragio Efectivo. No reelección”; derogar la reforma constitucional de 2014, que instituyó la reelección de legisladores federales y locales.
Conforme a Derecho y a la Lógica, toda reforma fundamental, constitucional o legal, en materia electoral, que se promulgara y publicara en Baja California después del 9 de junio de 2018 sería inconstitucional.
Esto es así porque el fin supremo del Derecho y de la Política, por ende, del Estado de Derecho, que necesariamente tiene que ser democrático, es la paz social, la vida ordenada de la sociedad, sustentada en la justicia, el bien común y la seguridad.
Ahora que se debe elegir a quien ha de presidir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debe tener mucho cuidado en seleccionar a la persona idónea, para desempeñar ese cargo de tanta relevancia nacional.
El corolario jurisdiccional es de gran trascendencia, para este caso y todos los conflictos que han surgido y que seguramente surgirán en el futuro de la vida orgánica de las Cámaras.
Estos datos de la realidad social, fundamentalmente económica y política, inducen a reflexionar, una vez más, sobre el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero.
En 1996 se completó el movimiento abrogador del sistema de calificación política electoral, porque en el comentado artículo 99 constitucional se otorgó a la Sala Superior del TEPJF la facultad de calificar la elección de Presidente de la República.
Esta novedad reeleccionista ha venido a cambiar o al menos a poner en duda la convicción sobre la renovación periódica de los depositarios del poder legislativo y ejecutivo, federal y local.
Si todo lo expuesto constituye la base de organización de la Federación Mexicana ¿Cómo explicar la situación que se vive en Baja California, con motivo de la elección de Gobernador, el pasado 2 de junio?
Dada la facilidad de comunicación y publicidad, en la actualidad, el sistema sucesivo de inicio de vigencia de las leyes resulta innecesario e injustificado.
Lo trascendente del tema es la reflexión, necesaria e ineludible, para la próxima reforma. Se debe revisar la legislación constitucional, la legal sustantiva y procesal.
Revisar la manera en que se resuelven, al interior de los partidos, las controversias que tienen lugar por procesos electorales, es una necesidad de nuestro sistema partidista.
