Uno de los temas clave del nuevo periodo de sesiones del Senado de la República que arrancó este viernes será el nombramiento del primer fiscal general de la república que será el encargado de procurar la justicia en los próximos nueve años, en un país ávido de acabar con una inmensa lista de casos de impunidad.
Pese a que desde la reforma constitucional aprobada en febrero de 2014 se estableció que lo que hoy conocemos como Procuraduría General de la República se transformaría en la Fiscalía General de la República, el nombramiento del nuevo fiscal se encuentra empantanado, pues el cargo deberá recaer de manera automática en quien fuera el procurador en ese momento.
Sin embargo, la figura de Raúl Cervantes, titular de la PGR —desde el 25 de octubre de 2016— ha sido cuestionada por su cercanía con el gobierno del presidente Peña Nieto. Ante la polémica, el año pasado el presidente envió una iniciativa al Senado para que una vez que se declare la autonomía de la Fiscalía, el Senado inicie el procedimiento para nombrar al nuevo fiscal. Con esto el procurador en funciones deberá permanecer en su cargo hasta que se designe al nuevo fiscal, aunque podrá ser considerado para participar en el proceso de designación.
Pese a diversos intentos, como las iniciativas del PAN y PRD, la llegada de uno de los hombres más cercanos a Peña Nieto a la Fiscalía General parece inevitable. Hoy el PRI solo requiere de tres votos para lograr la mayoría simple en el Senado para mantener el actual esquema de la Fiscalía General de la República, incluida la designación de Cervantes como su titular.
Ante los hechos, el colectivo #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva que reúne organizaciones no gubernamentales, empresariales, académicos y líderes de opinión se concentraron esta semana en el Ángel de la Independencia para dar a conocer el “dictamen ciudadano” para reformar el artículo 102 de la Constitución a fin de lograr tener una fiscalía autónoma, capaz e independiente, al mismo tiempo de que se detenga la designación del actual titular de la PGR como el primer fiscal del país.
En entrevista con Siempre!, Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos que forma parte del colectivo #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva destaca que la tardanza en lograr designar tanto a un fiscal general de la república como al fiscal anticorrupción obedece a una clara protección del partido que se encuentra en el gobierno, que lo único que busca es contar con un “fiscal a modo”.
Señala que, por ello, es urgente poner mayor atención a los temas que más aquejan al país. Por un lado, menciona, se encuentra el derecho humano al acceso a la justicia, el cual se ha visto afectado debido a que en México no existe una Fiscalía o una Procuraduría General de la República a través de la cual los mexicanos puedan satisfacer este derecho, por lo que se requiere hacer cambios para que la conducta delictiva no quede impune.
Tras destacar que el nuevo sistema de justicia penal es una oportunidad para hacer bien las cosas, asevera que “si este nuevo sistema fue diseñado para ser más justo, lo que resta es fortalecer tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Anticorrupción, donde se requiere que haya independencia, así como una estructura adecuada para lograr disminuir el poder que hoy tiene el ejecutivo”.
“De qué sirve que tengamos una Fiscalía Anticorrupción a escala nacional con 50 ministerios públicos federales, si solo cuenta con unos cuantos millones para realizar su trabajo. Así no va a funcionar. El trabajo de la Fiscalía se verá sobrepasado por la falta de recursos humanos y materiales”.
Flores Ramírez indica que ambas fiscalías deberán estar al servicio de la sociedad y no al servicio del Poder Ejecutivo. Por lo que es muy importante que no sea un político el que llegue a dirigirlas, “de esa manera no deberán favores, ni tendrán que rendirle pleitesía al jefe del Ejecutivo o a su equipo”.
El proyecto ciudadano
Al hablar sobre los principales planteamientos que las organizaciones civiles buscan poner sobre la mesa, Abel Flores indica que es primordial contar con fiscales autónomos que se dediquen a la persecución e investigación de los delitos, “en la actualidad en la PGR se tiene una estructura que en lugar de investigar y perseguir los delitos se dedica a asuntos que tienen que ver con la política y desafortunadamente son los que tienen los mejores salarios y prestaciones”.
Además, subraya que se necesita una profesionalización tanto de la policía como de los ministerios públicos, pues si ambos no son capacitados, ni cuentan con buenas prestaciones, ningún abogado buscará hacer una carrera dentro de las fiscalías generales.
Explica que actualmente “un ministerio público tiene una gran responsabilidad, trabaja de sol a sol y solo gana 20 mil pesos. Además, en el ámbito nacional las fiscalías se están cayendo, no hay computadoras, no hay papelería, los policías no tienen gasolina para ponerle a sus patrullas. Con esa realidad es un hecho que las fiscalías no van a funcionar”.
El freno a Cervantes
Al abordar la polémica sobre la viabilidad de que el actual procurador Raúl Cervantes se convierta en el primer fiscal general de México, Abel Flores considera que la mejor opción es que este cargo no recaiga en un político, “más bien deberá tener una especialización en la investigación y persecución del delito como abogado o penalista”.
“Si llega un político como fue Murillo Karam, hay que ver qué saben de derecho penal, del delito, de la corrupción y la transparencia. Podrá ser un buen diputado o senador para el PRI, pero no es especialista en el tema. Claro, en caso de haber un político que tenga una especialidad en los temas, con una trayectoria en ese sentido, podemos estar abiertos, pero lo mas importante es que sean personas capaces y competentes en la tarea que se les va a asignar”.
Pese a aceptar que Cervantes cuenta con cierta experiencia pues es abogado y ha litigado, el problema —dice— es que se encuentra muy vinculado con el PRI, pero sobre todo con el gobierno actual, “de alguna forma va a generar problemas, quizá no en cuanto a su capacidad, sino en torno a la independencia para poder garantizar un trabajo adecuado en la fiscalía”.
Controles para evitar actuar por consigna política
Dentro de los controles que se pueden utilizar para evitar que cualquiera que llegue a ser fiscal pueda actuar con alguna consigna política, Flores Ramírez dice que una de las propuestas es que exista un consejo ciudadano, el cual deberá de estar de alguna manera detrás tanto del sistema anticorrupción, como de la Fiscalía General de la República.
Este consejo —expone— deberá d debatir con el fiscal los puntos importantes de la fiscalía, “así como funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que mensualmente se reúne con el consejo de ciudadanos para llevar por buen conducto las instituciones. Esta es una de las herramientas que pueden funcionar para evitar estos tintes políticos”.
Para Flores Ramírez lo más importante es que cualquiera que ocupe el cargo de fiscal deberá contar con experiencia, pero sobre todo garantizar la autonomía, “debe garantizar que el puesto no lo va a ocupar con tintes políticos; es decir, se va a morir en la línea”.
Propuesta de #VamosPorUnaFiscaliaQueSirva
Modificar los requisitos de elegibilidad del fiscal general, entre ellos, no haber sido candidato u ocupado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años. Reducir de nueve a seis años sin prórroga la duración en el cargo.
Cambiar el procedimiento en la elección del fiscal. Integrar una comisión honoraria de designaciones. Crear dos fiscalías especializadas: una de derechos humanos y otra de asuntos internos, las cuales se sumarían a las de delitos electorales y combate a la corrupción ya previstas.
¿Quién es Raúl Cervantes?
El actual procurador de la República es doctor en derecho por la Universidad Panamericana. Su llegada a las filas del tricolor de manera oficial se dio en 1997. Ha sido diputado federal por el PRI en dos ocasiones, en 2000 y en 2006. Actualmente es senador de la república con licencia.
En el PRI ha desempeñado diversos cargos. Fue consejero político del PRI en la Ciudad de México. Delegado en varias asambleas nacionales. En 2003 fue nombrado coordinador jurídico del partido. Durante la campaña presidencial de 2012 estuvo al frente de la defensa legal del PRI, cuando fue acusado por el PAN y el PRD de haber rebasado el tope de gastos de campaña y lavado de dinero, mediante la empresa Monex.
@emma_iza
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