En sesión extraordinaria de 28 de agosto de 2017, el Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió, por unanimidad de once votos, el acuerdo INE-CG389-2017, para aprobar su presupuesto para 2018, por $18,226 millones 427,970. Con un incremento de 58.4 por ciento respecto del presupuesto de 2017.
Conforme al acuerdo INE-CG386/2017 del citado CG, en 2018 se elegirá: presidente de la república; 128 senadores; 500 diputados federales; 8 gobernadores; jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 972 diputados locales, en 26 Estados y la CDMX; integrantes de 1,596 ayuntamientos, en 24 estados; integrantes de 24 juntas municipales en Campeche; 160 concejales y 16 alcaldías en la CDMX. En total, un número indeterminado pero determinable de representantes populares (los cargos no se eligen).
Para organizar las elecciones federales se destinarán $7,636 millones 633,183 y para organizar las elecciones locales se gastarán $21,033,858, más $8,602,105, para coordinar el sistema nacional electoral. La cantidad restante ($10,560 millones 158,824) es para fortalecer la cultura democrática, la igualdad de género y la inclusión; la gestión y evaluación administrativa y cultura de servicio público; los mecanismos de actualización de los procesos registrales; el acceso a la información y protección de datos personales; la equidad y legalidad en el sistema de partidos políticos.
Al presupuesto del INE habrá que sumar los $ 6,788 millones 900,016 destinados solo a los partidos políticos nacionales (PPN) como financiamiento público directo, lo que hace un presupuesto de $25,015 millones 327,986 para 2018. También se debe adicionar el presupuesto de los 32 Institutos Electorales locales (OPLES), 30 participan en las aludidas elecciones locales y municipales. Igualmente se debe sumar el financiamiento público ordinario para PPN y locales en las 32 entidades y en 30 para campaña electoral.
Ante este desconcertante panorama se reitera: ¿es congruente con la Constitución original de 1917? ¿Acaso no es mejor, sistemático, constitucional, oportuno e incluso más económico, volver al sistema electoral federal anterior a la reforma de 2014?
Si conforme al acuerdo INE-CG389-2017, para organizar elecciones federales y locales, además de coordinar el sistema nacional electoral, el INE destinará únicamente 42 por ciento del presupuesto proyectado para 2018 y el restante 58 por ciento será para otras actividades, sin cuestionar su particular relevancia para la democracia nacional, resulta oportuno e ineludible reflexionar sobre la necesidad de revisar los planes y programas de estudio de escuelas y universidades, públicas y privadas, de todos los niveles de instrucción, desde maternal hasta doctorado o posdoctorado, para precisar el objetivo de educar a toda la población nacional en la cultura de la juridicidad, la democracia, la igualdad entre todos los seres humanos y en especial entre mujeres y hombres, la solidaridad social, la honestidad y la responsabilidad en el servicio público en especial y, en general, sobre los valores morales y los principios éticos.
¿Acaso el sector de educación no está cumpliendo su deber? ¿Se estarán multiplicando innecesariamente por el INE las funciones relativas? ¿Quiénes deben cumplir estas funciones del Estado?
