El 27 de septiembre del 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, sin que hasta el momento haya certeza de su paradero. Al menos seis asesinatos y una veintena de heridos. El hecho se politizó rápidamente y se responsabilizó a las autoridades federales de lo ocurrido. La frase “fue el Estado” constituyó el referente principal para demandar castigo al ejército y la remoción de Enrique Peña Nieto en la presidencia.

La causa estalló fuera de las fronteras no solo de Guerrero sino del país y se sumaron otra serie de hechos como los asesinatos de Tlatlaya para señalar que se estaba viviendo una crisis de derechos humanos en México.

Un factor que se ha desdeñado desde un principio es el deterioro que la seguridad pública en la entidad comenzó a sufrir un deterioro acelerado desde el segundo semestre del 2011.

Las extorsiones y secuestros llevaron al magisterio disidente y oficial a paralizar labores y manifestarse en las calles, pero también los diferentes segmentos de la actividad económica estatal padecían de la misma dolencia.

La descomposición de los carteles del narcotráfico se acentuó y con ello también la disputa violenta de las plazas de venta, siembra y trasiego de la droga en el territorio estatal.

A la par se dio la expansión de agrupaciones de autodefensa o policías comunitarias que llegaron a tener un control, táctico militar en por los menos 43 de los 81 municipios de la entidad.

La búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos reveló que el territorio se había convertido en una gigantesca fosa clandestina. En los primeros días fueron no menos de 12 fosas con numerosos cadáveres enterrados para los cuales nunca una voz que lo reclamara vivo, porque vivo fue que se lo llevaron. A la fecha no se tiene la certeza de cuantos cadáveres fueron identificados y entregados a sus deudos.

Aún cuando las investigaciones iniciales arrojaron evidencias de la presencia de agentes del crimen organizado en los hechos de Iguala, se reclama una acción política y sanciones al ejército por omisión o por complicidad manifiesta en los hechos de Iguala.

El 29 de septiembre de aquel 2014, fueron detenidos por su presunto vínculo con los hechos, 22 policías de Iguala.

La Procuraduría General de la República, asumió el 4 de octubre el caso y trece días después fue detenido Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, quien supuestamente ordenó la desaparición de los estudiantes.

Casarrubias señaló a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, como cómplices de las actividades criminales quienes ya se había dado a la fuga y fueron detenidos el 4 de noviembre de ese año en la colonia Iztapalapa, Ciudad de México.

El padre Alejandro Solalinde estuvo presente en el inicio de las investigaciones y declaró que las versiones de los policías con los cuales pudo hablar permitían concluir que los 43 normalistas habían sido asesinados. Tal versión fue rechazada por los normalistas quienes le pidieron que abandonara Ayotzinapa.

En enero del 2015, se dio a conocer una versión de los hechos a la cual Jesús Murillo, entonces Procurador de la República, calificó como “verdad histórica” según la cual los estudiantes habrían sido asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos. Indicios de restos humanos en el basurero de Cocula llevaron a plantear el supuesto de los que los normalistas desaparecidos habrían sido quemados en el sitio.

En marzo del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual descartó dicha versión en septiembre del 2015.

En febrero del 2016, el equipo argentino de Antropología Forense concluyó que no era posible que en ese lugar hubieran sido incineradas 43 personas y además informó sobre irregularidades en la investigación y sugirió que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas entre las que se incluyeron las diligencias realizadas el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, las investigaciones del paradero de los normalistas e investigaciones en casos de tortura reportados.

En los más recientes acuerdos entre los representantes de los padres de los 43, el GIEI con la PGR se estableció continuar la investigación considerando:

1. La investigación exhaustiva del trasiego de droga entre Iguala (México) a Chicago en Estados Unidos (EE.UU.), y el posible móvil de la agresión.

2. La supuesta participación del Ejército del 27 Batallón de Infantería por los hechos 26 y 27 de septiembre de 2014.

3. Las líneas telefónicas de los más de 17 celulares de los alumnos que continuaron activas luego de sus desapariciones.

En cualquiera de los supuestos el factor constante es la inseguridad pública, un tema que aún se mantiene presente.

La vida sigue igual

En materia de seguridad pública, la situación no ha mejorado en Guerrero que desde el 2014 se mantiene en los primeros lugares de los índices delictivos.

A lo largo del año, la estadística que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica al respecto, indican que no se presentan mejoras considerables en el ramo.

En un año aumentó la desconfianza 4.7 puntos porcentuales, el segundo trimestre del 2016 la encuesta arrojó que el 88.6 por ciento de los consultados percibieron inseguro a Chilpancingo.

En Acapulco, los indicadores de alta percepción en inseguridad se mantienen, en el último trimestre el 83.2 de la población dijo que la situación delincuencial es alta.

Entre las nuevas ciudades que la encuesta incluyó está Ixtapa-Zihuatanejo, como la tercera ciudad de Guerrero.

Acapulco a pesar de estar en los indicadores de alerta se mantiene a la baja, antes reportó el 85.8 de percepción de inseguridad. Lo que representó una baja de 2.6 puntos porcentuales. En el año pasado y en el mismo periodo el municipio reportó el 93.3 por ciento de inseguridad apreciada por sus habitantes.

En un año Acapulco bajó 10.1 puntos porcentuales la percepción de inseguridad, de 93.5 bajó a 85.8, sin embargo se mantiene muy arriba del promedio nacional que es de 74.9 por ciento.