Fue en marzo pasado, cuando la primer ministra británica Theresa May, puso en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inició el proceso de salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Desde entonces ha habido mucho ruido, pero pocos resultados concretos.
Tras las vacaciones de verano, las partes vuelven a las “negociaciones”, que presuntamente tienen dos años de plazo para culminar con el divorcio. Septiembre es un mes muy importante, ya que se celebran elecciones generales en el país más poderoso de la comunidad europea, Alemania, donde la canciller Angela Merkel, se perfila nuevamente para ganar estos comicios.
Antes de las vacaciones, el gobierno británico presentó, entre otros puntos, una propuesta “generosa” sobre el asunto migratorio, en particular sobre el estatus de los más de tres millones de residentes de la UE en suelo británico que, en términos generales pretende crear una nueva categoría migratoria, “settled status” (estatus de asentado).
Los ciudadanos europeos que “cumplan” las condiciones que el gobierno británico defina, podrán permanecer en el país gozando de “casi” la totalidad de los derechos que disfrutan hasta ahora.
Además, el gobierno británico insistió en negociar un tratado comercial en paralelo a la discusión de su salida. Esa propuesta británica fue criticada por el jefe negociador de la UE, Michele Barnier, quien aseguró que hacía falta “más ambición, claridad y garantías”.
Ahora, ambas partes inician una nueva ronda de negociaciones en Bruselas, en las que el secretario del Reino Unido para el Brexit, David Davis, pidió “flexibilidad”, aunque advirtió que esta ronda se centrará en asuntos de “naturaleza técnica” y que las conversaciones más “sustanciales” se llevarán a acabo a finales de septiembre.
Los temas que están sobre la mesa, según los medios informativos, son el estatus de los ciudadanos comunitarios (de ambas partes), la frontera Norirlandesa y los acuerdos en materia financiera, sobre todo lo referente al costo del divorcio que algunos medios tasan entre 60 mil y 100 mil millones de euros. desde luego que al gobierno británico le interesa sobremanera reducir ese costo.
Dentro del contexto que rodea este proceso de divorcio, destaca el papel de la oposición británica, sobre todo después del resultado de las elecciones parlamentarias de junio pasado, donde el gobierno conservador de Theresa May, perdió la mayoría.
El partido laborista que comanda Jeremy Corbyn, se pronunció por un Brexit suave en el que el Reino Unido, se mantenga en el mercado único europeo y en la unión aduanal, por lo menos durante un periodo de transición (entre cuatro o cinco años calculan analistas), tras el Brexit.
Otro elemento del contexto que también influye en el proceso, es la cercanía de las elecciones alemanas (24 de septiembre próximo). Todo parece indicar que la canciller alemana refrendará su liderazgo y será nuevamente elegida para un cuarto periodo en el poder. Sobra decir que Merkel representa el principal poder dentro de la Unión Europea.
Por lo tanto, las negociaciones seguirán en cuestiones “técnicas”, pero será hasta octubre (después de las elecciones alemanas) cuando las partes discutan elementos más sustanciales, como por ejemplo el costo del divorcio.
La canciller alemana lo dijo claramente, el Reino Unido debe de pagar la “liquidación” de abandonar la Unión Europea. Se trata de las obligaciones a las que la Gran Bretaña se comprometió y que constan en los libros. En otras palabras, las cuentas claras y el chocolate espeso. Habrá que esperar a octubre.
