Europa es esencialmente conservadora. España y Cataluña son un claro ejemplo de ello. El famoso “choque de trenes” entre el estado español y el gobierno catalán que lo desafía, en los hechos es una disputa de poder entre viejos aliados y socios. Sectores poderosos económicamente que se envuelven en banderas nacionales para ocultar su lucha por mantener o acrecentar el poder.

El pasado primero de octubre se llevó a cabo un proceso de referéndum en Cataluña, considerado ilegal por el gobierno español, ya que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. El ejercicio fue muy cuestionado en forma y fondo por amplios sectores, organismos e instituciones, tanto nacionales como internacionales. No obstante, el hecho que podría haber pasado como una manifestación política en un régimen democrático, se transformó en un escenario melodramático.

La actuación policial del Estado español, en algunos lugares, tratando de impedir la votación y generando actos de exceso de fuerza, produjo que los ojos del mundo (medios y redes sociales) se volcaran sobre Cataluña. El hecho fue aprovechado por los sectores independentistas, para tratar de dar validez a la votación y forzar una Declaración de Independencia exprés.

Los números para avalar esa decisión, según los independentistas, fue que votaron poco más de dos millones doscientas mil personas y que el 90,9 por ciento lo hizo a favor de la independencia. El padrón electoral es de más de cinco millones de personas. Los independentistas creyeron que, las reacciones internacionales ante la actuación policial, y  la cuestionada votación les serviría para llevar a una Declaración de Independencia exprés.

Además, la efervescencia política subió de temperatura cuando el mensaje del rey Felipe VI sobre la problemática, no dejó duda de quiénes eran los actores centrales de esta disputa. Acusó a “determinadas autoridades” de Cataluña de “deslealtad inadmisible” hacia los poderes del Estado y con ello avaló a los poderes de ese Estado para “asegurar el orden constitucional”.

El gobierno español es un socio de la Comunidad Europea y ha mostrado con creces su apoyo a las políticas aplicadas por los poderes europeos, no importando los costos sociales que éstas hayan producido. Resulta paradójico que durante el movimiento de los indignados en octubre de 2011, el llamado 15 M, en toda España, incluyendo Cataluña, miles de personas marcharon sin tintes nacionalistas, en favor de cambiar las políticas económicas emanadas del poder europeo y avaladas en España y Cataluña por sus respectivas oligarquías. En aquel momento eran aliados y socios y las fuerzas policiales actuaban en sintonía para contener las protestas.

Ahora, el escenario ha cambiado y en pos del poder ocurren alianzas inéditas, por ejemplo, los independentistas catalanes guardan en sus filas, con mucho recelo, a sectores antisistema que, aunque minoritarios, saben que son enemigos de clase y ambos se utilizan para tratar de fracturar el Estado español.

La independencia de Catalunya, al menos en este contexto, es inviable, en primer lugar, porque no cuenta con el apoyo mayoritario de su población. Así lo demuestran los números, tanto del accidentado referéndum, como los votos de las últimas votaciones legislativas. Pero sobre todo, porque el poder económico que desafía al Estado no continuará más allá si se ven amenazados sus intereses.

Los Estados de la Comunidad Europea dejaron bien claro su apoyo al gobierno español y lo mismo hicieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de Rusia, Vladimir Putin, es decir que la oligarquía catalana no tendrá apoyo fuera de sus fronteras. Esta situación quedó más que clara cuando las principales empresas catalanas, empezando por los bancos, anunciaron que, ante la posibilidad mínima de una Declaración Unilateral de Independencia (DIA), mudaron su “sede social” para evitar la “inestabilidad” y las consecuencias de quedar fuera de la Comunidad Europea.

“Bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero” , así dice en una parte la canción: Disculpe el señor, del cantautor catalán Joan Manuel Serrat, quien por cierto fue atacado con furia por sectores independentistas, cuando cuestionó la forma en que se estaba llevando a cabo ese proceso.

Duele ver el actuar de la izquierda en esta lucha de poderes, sin brújula y pérdida en viejos vicios sectarios. Quizá a la izquierda española y catalana, les convendría mirar a su vecino Portugal, parece que no lo están haciendo tan mal.