Antes de los sismos de este septiembre de 2017 ya estábamos en lo que llamo una situación de emergencia nacional, por la devastación que han sufrido las clases trabajadoras del país, tanto por la caída de sus niveles de vida, como por la pérdida de derechos, a lo que se suma la entrega sin precedentes de los recursos naturales y humanos al capital extranjero. En esas condiciones que estamos viviendo desde hace años, han ocurrido los temblores del 7, 19 y 23 de septiembre, cuyos efectos han dejado muerte y desolación en varios estados de la república. Ante la magnitud del desastre, la respuesta de los distintos sectores fue inmediata y también diferenciada.

En cuanto al Estado, el despliegue de efectivos de la Marina y el Ejército mostró que si bien realizaron tareas tanto de salvamento como de apoyos para la sobrevivencia, la prioridad fue mantener el control de la situación, de manera que en muchos espacios los rescatistas voluntarios tuvieron que luchar para que se les permitiera acercarse a los edificios colapsados, y las brigadas de apoyo y los múltiples donadores tuvieron que mantenerse a una excesiva distancia de los siniestros. Una segunda línea en la respuesta oficial fue procurar que la situación les sirviera para recobrar algo de popularidad y fortalecer los llamados a la unidad alrededor del gobierno.

No dudo de que muchos empresarios salieran a las calles a ayudar de buena fe a los damnificados, pero en general habría que decir que también muchos respondieron con lo que podría llamarse el marketing de la solidaridad, al convocar a la población a comprar en sus tiendas los víveres de ayuda o depositar en sus empresas las aportaciones en dinero, con el ofrecimiento de que se duplicaría o hasta quintuplicaría el importe. Solo las propias empresas están enteradas de cuánto vendieron o recibieron con destino a los damnificados, porque ni los donadores ni el público en general lo sabe, ni tampoco a dónde se entregaron, si es que así fue, esos recursos. Además, todo el mundo sabe que las donaciones altruistas son deducibles de impuestos, de modo que las empresas se ahorran impuestos y el gobierno resulta pagando las donaciones reales o simuladas de los empresarios.

En cuanto al pueblo mexicano, a lo largo de su historia, ha mostrado un poderoso sentimiento de solidaridad y hoy nuevamente protagonizó esa ayuda espontánea y eficaz, porque no solo hay la voluntad y el sacrificio, sino también la capacidad rápida de organización y la creatividad para, por ejemplo, inventar un lenguaje simbólico de enorme utilidad en la tragedia. Ya pasados los momentos más difíciles, es notable la voluntad de continuar ofreciendo la solidaridad y no abandonar a los damnificados.

Por cierto que en las tareas de reconstrucción, el anuncio gubernamental de que se requieren 37,500 millones de pesos es a todas luces insuficiente, frente a la magnitud de las pérdidas. Y otro aspecto criticable es que el Infonavit ofrezca créditos a los damnificados, como si estuvieran en posibilidad de obligarse a pagar un crédito. Además, desde luego que eso significa que toda la pérdida es a cuenta de los propios damnificados.

También grave es que, a propósito de las donaciones que pudieran otorgar los partidos políticos, se esté proponiendo la eliminación del financiamiento oficial a estos organismos definidos en la Constitución como de interés público. Se trata de la privatización de los partidos políticos, lo que equivale a que la burguesía ejerza todavía más directamente el poder.