Manuel Nava

En medio de una crisis de seguridad pública en el estado de Guerrero y la negociación de un pacto para poderla lograr, repuntan los conflictos entre los grupos de policías comunitarios.

A las 22:20 horas del 28 de noviembre, un grupo armado atacó la base de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo. Tras este ataque, hay dos muertos y varios heridos de bala.

Roberto Álvarez Heredia, Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, informó que un grupo de hombres armados atacó un puesto de control instalado por miembros de la UPOEG, en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, a la altura de Palo Blanco.

Como consecuencia del ataque, resultaron heridos dos miembros de la UPOEG, además, en el interior un Tsuru, que los agresores dejaron abandonado en el lugar se encontró el cuerpo sin vida de un hombre que estaba esposado. De acuerdo con testigos, los atacantes eran seis sujetos, quienes lograron huir a pie por el cerro aprovechandose de la oscuridad de esa hora.

Los dos heridos fueron identificados como Braian, vecino de Palo Blanco, de 17 años, y Moisés, vecino de Mazatlán, de 22, precisó el funcionario sin dar mayores informes sobre la gravedad de su estado de salud.

La UPOEG es la agrupación que comanda Bruno Placido Valencio, la cual viene arrastrando un conflicto con el Frente Unido Para la Seguridad y el Desarrollo de Guerrero, (FUSDEG) en los municipios de Chilpancingo y Tierra Colorada además de las marcadas diferencias que existen con Vértice, en su edición del miércoles pasado nos informó acerca del posicionamiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la cual Bruno Plácido fue uno de sus fundadores.

Las confrontaciones armadas entre la UPOEG y el FUSDEG, vienen incrementando su frecuencia en los dos últimos años, aparentemente por disputarse el territorio de control e influencia en los municipios de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Chilpancingo.

En la actualidad en Guerrero existen de seis agrupaciones de policías comunitarios en diferentes regiones de la entidad y todas argumentan su existencia a partir de las fuertes, limitaciones que tienen las autoridades de nivel municipal y estatal para garantizar la paz y el orden público.

Pero también todas han cometido excesos, atropellos, detenciones arbitrarias y que, por lo mismo, han sido ilegales y hasta violatorias de los derechos humanos.

Desde el 2016 quedó enfilada una reforma a la Ley 701, la cual aún no se presenta ante el pleno y no existe posibilidad de que en el corto plazo se pueda cumplir con ello. La ley llamada sobre Derechos y Cultura Indígenas, norma la existencia de este tipo de agrupaciones en poblaciones indígenas y campesinas pero carece de disposiciones claras, ante las nuevas condiciones de falta de seguridad que existen en el estado, se hace necesario adecuar el marco legal.

El tema de la seguridad en las comunidades requiere de un análisis y solución cuidadosa, porque se han dado casos en que las actuaciones de policías comunitarias han dado lugar a quejas ante los organismos defensores de los derechos humanos.

A la fecha no existe, al menos de manera posible de consultar, un borrador de la iniciativa para reformar la ley, al menos por parte de los legisladores, ni tampoco una agenda clara para su discusión en el pleno del Congreso del Estado.

En junio de este año, Bruno Plácido Valerio, presentó una iniciativa de reforma a la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, con la que busca legalizar la operación de las autodefensas del Sistema de Seguridad y Justicia (SSyJ).

La versión de Plácido Valencio es que pretenden armonizar la Ley 701 de manera tal que queden establecidas las bases para que se legalice la operación de las policías comunitarias, pero que estas emanen del consenso de las localidades.

El líder de la UPOEG solicitó la instalación de una mesa de trabajo con autoridades del Gobierno Federal. Su postura es que las policías comunitarias no solo sean garantes de la seguridad sino también de los derechos ciudadanos y acompañar las luchas políticas que lleguen a desarrollar las organizaciones sociales. Más que un cuerpo de seguridad parece que Placido Valencio se propone la construcción de una organización política armada.

El dirigente se ampara diciendo que se trata de cumplir con el precepto 26, en el cual se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del estado a la libre determinación y, en consecuencia, para: Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

Aplicar sus sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución del estado, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Y refiere que la participación política y la defensa de la democracia forman parte de los derechos humanos.