El pasado 8 de septiembre dio inicio el procedimiento electoral 2017-2018, para elegir a un presidente de la república, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores, un jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 972 diputados locales en 26 estados y la capital, un número aún indeterminado de integrantes de mil 596 ayuntamientos en los municipios de 24 entidades, integrantes de 24 juntas municipales en Campeche, más 16 alcaldes y 160 concejales en la Ciudad de México, según informa el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en su acuerdo INE/CG/386/2017.

De este procedimiento cabe destacar que en 417 municipios de Oaxaca, en Cherán, Michoacán y en Ayutla de los Libres, Guerrero, las elecciones serán por usos y costumbres indígenas. También importa señalar que en la república existen 28 distritos electorales federales indígenas, cinco en Chiapas, dos en Guerrero e Hidalgo, siete en Oaxaca, cuatro en Puebla, uno en Quintana Roo y San Luis Potosí y tres en Veracruz y Yucatán, de los cuales el INE ha determinado exigir, a los partidos políticos que cuando menos en doce distritos sus candidatos a diputados sean indígenas.

A lo anterior se ha de adicionar el principio de paridad de género, tanto horizontal como vertical, que regirá para la postulación de candidatos de los partidos políticos, excepto para presidente. Sólo falta que el INE también lo exija para los candidatos independientes. No se debe olvidar que para candidatos independientes a presidente están inscritos 48 aspirantes, 55 para candidatos a senador y 183  para diputados.

Todavía más, los senadores, diputados locales y federales e integrantes de ayuntamientos que sean electos en 2018, tienen derecho a la reelección, sin que esté previsto el derecho de los ciudadanos a la revocación del mandato de sus representantes.

Ante este panorama electoral, todo hace pensar que el periodo de reflexión, legalmente previsto para los tres días previos al de la jornada electoral, ya empezó o que ya debería estar en tiempo presente, con todo el bullicio de la etapa previa a la de precampaña y campaña electoral, amén del cuasimutismo de la intercampaña. Es necesario pensar por qué candidato, partido político o coalición votar; qué se espera de los próximos gobernantes y quiénes deben ser. La determinación es nada sencilla.

Si bien es verdad que la democracia debe ser el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la torpe realidad demuestra, desafortunadamente, otra situación: la corrupción, hermanada con la impunidad, parecen dueñas del presente. Los partidos políticos y los políticos han fracasado o quizá han triunfado, depende del punto de análisis, de tal suerte que gozan en plenitud del descrédito, repudio, incredulidad y desconfianza social.

Sin embargo, con todo el espectro negativo que prevalece, es necesario participar, votar, reflexionar, expresar opinión; la abstención como protesta o la anulación del voto con la misma intención de nada sirve. Tampoco es suficiente el voto impensado, sin ponderación, emitido a favor de la simple alternancia. Se debe tener en mente, por ejemplo, la elección de Hugo Chávez en 1999 y la de Donald Trump en 2017.

Ya la Constitución de Cádiz (1812) establecía en su artículo 13: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación” y el artículo 39 de la centenaria Constitución de México reconoce: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. ¿Por qué no se ha alcanzado esa pretensión de los constituyentes? ¿No debería ser el buen gobierno un vigoroso derecho humano omnipresente, una realidad en beneficio de la nación? ¿No es acaso el bien común uno de los fines del derecho y de la política? ¿No es la ética un sistema normativo para el gobierno y la convivencia social?

Como dice la voz popular ¿qué nos pasa?