Con la nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se ha registrado una lluvia de declaraciones y pronósticos sobre si el tratado se mantendrá o no, sobre los efectos que tendría para México la ruptura y sobre las medidas de política económica que deberían establecerse. Como los declarantes son empresarios, calificadoras o funcionarios, en general señalan que los dichos de Trump no pueden tomarse muy en serio y que lo más probable es que el TLCAN se mantenga porque es benéfico para los tres países. En realidad, como ya lo he mencionado en estas páginas, el tratado, junto con las reformas estructurales aplicadas en México y en general las políticas neoliberales en las que se inscribe, han provocado una devastación de la planta productiva mexicana, un saqueo y sobre explotación de los recursos naturales y de los trabajadores mexicanos, en beneficio de los inversionistas extranjeros, y en el terreno político una merma de la soberanía nacional, en tanto los principales lineamientos, tanto políticos en sentido estricto, como de política económica, se diseñan en el extranjero.
Puesto que no pueden comentarse todas las declaraciones, voy a referirme únicamente a las afirmaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a las del economista en jefe de BBVA-Bancomer.
En el caso del FMI, pronostica que la economía mexicana crecerá un 2.1 en este año que termina y en seguida entra al terreno político al considerar que el mayor riesgo será en 2018 por las elecciones. Y no se queda ahí, sino emite otras recomendaciones que en principio no corresponden con un organismo financiero internacional, que debería concentrarse en los aspectos económicos, pero que desde hace años practica el FMI, como parte de la injerencia política que ha caracterizado su conducta. Así, señala que deben seguirse estableciendo reformas encaminadas al buen gobierno (aunque no dicen qué es para ellos el buen gobierno), seguridad y Estado de derecho, además de combatir la informalidad. También señalan la necesidad de mejorar la eficiencia de las instituciones judiciales y “apremiaron a implementar el Sistema Nacional Anticorrupción”. Así como a evitar deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En el terreno económico, ya se sabe que lo que más le importa al Fondo o más precisamente a Estados Unidos que es el socio mayoritario del FMI y todavía más exactamente al gran capital financiero internacional que dicta las acciones del FMI, es el pago de la deuda, se recomienda que la transferencia del remanente de operación del Banco de México al presupuesto federal se utilice totalmente para reducir la deuda y lo que se llama los requerimientos financieros del sector público, lo que quiere decir el gobierno recurra menos a los créditos.
En resumen, lo que quiere el FMI es que se priorice el pago de la deuda, aunque tengan que realizarse recortes presupuestales y que no se utilicen las ganancias del Banco de México para ningún otro fin, como sería el gasto en educación o en salud, que han sufrido cuantiosos recortes en el presupuesto de 2018.
Por su parte, BBVA-Bancomer considera que en caso de que se anulara el TLCAN, la economía mexicana bajaría su crecimiento a apenas 1 o 1.5 por ciento, pero cree que la ruptura es poco probable porque México es más competitivo porque aquí “se produce más barato”. Y explica el porqué: en Estados Unidos, dice Bancomer, las empresas tienen muy altos costos laborales, pues éstos representan “el 22 por ciento de sus ingresos, seis veces más que en México”. Lo que está diciendo es que aquí la fuerza de trabajo es muy barata, o dicho de otro modo que la competitividad que tanto elogian los empresarios, está sustentada únicamente en los salarios de hambre de los trabajadores mexicanos.
Detrás de los términos técnicos, de los elegantes conceptos y del estilo encubierto, se esconde el cinismo empresarial y la actitud injerencista del FMI. Ambos inaceptables.
