¿Cómo renegociar cultura y comunicaciones dentro del NAFTA?/VII-IX
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá se incorporaron diversas reglas indirectas que afectarán sustantivamente el funcionamiento de la comunicación y la cultura en los próximos años en México. Dentro de las principales consecuencias que se presentarán figuran las siguientes:
11.- Con el fin de que funcione el libre comercio con eficiencia se formuló que lo que se debía fomentar en las sociedades “modernas” crecientemente competitivas era el libre flujo de la información y no su normatividad. Por lo tanto, los funcionamientos de los procesos de comunicación y de cultura no debían reglamentarse con leyes rígidas impuestas por el Estado, sino que solo tendrían que gobernarse por mecanismos muy flexibles que permitieran la autorregulación de los medios de difusión, como los Códigos de Ética, los Tribunales de Honor y los Reglamentos de Buen Comportamiento Profesional, la “autocensura”, etc., y evitar la existencia de complicados y rígidos ordenamientos que obstaculizaran el espontáneo tránsito de la comunicación, pues inhibiría la inversión económica.
Mediante la propuesta de la desregulación del funcionamiento de los medios de información en México y su sustitución por los procesos de “autorregulación absoluta” por los negociadores, el funcionamiento mental, progresivamente, se hundió en la concepción y práctica neoliberal extrema de introducir la fórmula del Estado Cero en el terreno cultural y comunicativo para crear mayor “eficiencia”, “competencia” y “modernidad”. Esta ideología planteó, cada vez más, que es menos necesaria la acción del Estado como instancia rectora para dirigir a la sociedad, ya que la dinámica del mercado es tan perfecta que se puede autoconducir a sí misma por las leyes de la mano invisible de las lógicas del mercado. Así, se justificó que en materia informativa el Estado debe reducirse a su mínima expresión, es decir, a su fórmula cero, para dejar que la sociedad, especialmente los procesos culturales y comunicativos, fueran conducidos por otros mecanismos “naturales” de autorregulación del mercado y del poder, y no por intervenciones jurídicas regulatorias del poder republicano central.
Sin embargo, dicha teoría y práctica económico-social-cultural demostró a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI su enorme fracaso y límites al reflejar, finalmente, que toda sociedad moderna, para equilibrar los desajustes y las crisis que produce el funcionamiento autónomo o desbocado de la dinámica del mercado por sí misma, siempre requiere la presencia de un sólido Estado rector planificador que introduzca acotamientos y contrapesos proporcionados para regular el comportamiento social, es decir, para crear las mínimas condiciones de equilibro y gobernabilidad social. Por lo tanto, en el México contemporáneo, es indispensable que todas las acciones públicas colectivas especialmente comunitarias estén reglamentadas por las leyes generadas por el Estado, pues de lo contrario se producirían las condiciones estructurales para el surgimiento de grandes espacios de anarquía y retroceso social.
La autorregulación de los medios de comunicación vía los Códigos de Ética y otros recursos morales o voluntaristas, que son mecanismos colegiados muy útiles que pueden ayudar a garantizar complementariamente el funcionamiento de los medios masivos de difusión y de las iniciativas culturales, pero que nunca deben operar como elementos únicos o independientes para normar y conducir socialmente dicha acción colectiva estratégica.
