Desgastado por gobiernos municipales que terminaron en corrupción escandalosa y debilitado por la ausencia de trabajo de proselitismo, el Partido de la Revolución Democrática decidió apostarle a la recolección del voto postilando figuras que aún conservan estructura electorales.

El 8 de noviembre, Alberto Catalán Bastida, secretario general del PRD, confirmó que Ángel Aguirre Rivero ex gobernador “ha recibido propuestas de integrantes del Frente Ciudadano por México de ser candidato a diputado federal por el distrito 8 de la Costa Chica, está analizándolas e inclusive podría solicitar nuevamente su afiliación al partido. La versión fue confirmada diez días más tarde.

Aguirre Rivero era gobernador del estado cuando los normalistas fueron atacados por policías municipales del gobierno municipal perredista de Iguala que encabezaba José Luis Abarca Velázquez, actualmente preso en una cárcel federal en Tamaulipas, y se le señala de haber permitido la huida de él y su esposa.

Las reacciones no se hicieron esperar, Felipe de la Cruz vocero de los padres de los 43, sentenció que no van a permitir que el ex gobernador logre participar en el próximo proceso electoral de 2018, y lanzó una advertencia a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) que si permite el registro de Aguirre Rivero protestarán y el órgano electoral será parte de las instancias a las cuales les exigirán cuentas por proteger a responsables de un crimen.

De la Cruz señaló: “Queremos decirle a la sociedad de Guerrero que Ángel Aguirre Rivero forma parte de este crimen y es una pieza clave del paradero de los jóvenes. Los guerrerenses tenemos mucha dignidad, y hoy los padres de familia lo hemos demostrado a 38 meses, nos mantenemos firmes y dignos hasta no ver detrás de las rejas a los responsables de este crimen y ver de regreso a los jóvenes”, dijo Felipe de la Cruz.

Javier González líder estudiantil de la Normal de Ayotzinapa, secundó en la voz: “Nos indigna que a los políticos se les olviden los más de 40 mil desaparecidos que tenemos en todo México, por eso queremos externar nuestro repudio a la labor política que hace Ángel Aguirre Rivero, un enemigo acérrimo de los movimientos sociales”.

A su vez, los padres de los 43 anunciaron un plan de actividades para seguir exigiendo justicia a más de tres años de este crimen, ahora bajo la consigna “Rompe el muro de la impunidad”.

Insistieron en demandar al gobierno federal que agote las cuatro líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El 21 de noviembre, en respuesta a los señalamientos hechos en la Normal de Ayotzinapa, la comisión política de Izquierda Progresista de Guerrero (IPG), grupo político que funciona dentro del PRD, fue fundado durante el periodo de gobierno de Ángel Aguirre Rivero, emitió un comunicado señalando que serán los ciudadanos mediante “métodos democráticos” quienes elegirán a sus representantes.

En el texto del documento se afirma que la corriente al interior del PRD, lamenta “que se trate de dar un uso político” a la desaparición de los normalistas. Indicó que su líder político se separó del cargo de gobernador, sin que existiera procedimiento legal en su contra pues su intención “era y es esclarecer los hechos sin tintes partidistas ni sesgos políticos”.

“No compartimos en ningún momento declaraciones sin sustento, acusaciones sin pruebas y que se intente coartar el libre ejercicio de cualquier ciudadano para ejercer sus derechos políticos”, se asienta en el comunicado

Ángel Aguirre Rivero ganó la gubernatura del estado en febrero de 2011, impulsado por Marcelo Ebrard entonces jefe de gobierno del Distrito Federal y la corriente perredista de Los Chuchos. Su administración se caracterizó por el nepotismo, la corrupción y sus excesos.

Tras su caída, el gobierno federal exhibió la red de corrupción que involucra a su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero, su sobrino Luis Ángel Pérez Aguirre y los hermanos Víctor y Henry Hughes Alcocer.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en contra de al menos 18 miembros del círculo de Ángel Aguirre, acusados de realizar negocios al amparo del poder y desviar recursos públicos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pidió a la PGR congelar las cuentas bancarias del gobernador con licencia y de los nueve detenidos por presunto lavado de dinero… al paso del tiempo todo quedó sin efecto.

El primer intento de retorno a la vida política del ex mandatario fue en el 2015, pero fueron vetadas las candidaturas de su hijo Ángel Aguirre Herrera, para alcalde de Acapulco,— quien falleciera en enero pasado a causa de un derrame cerebral— y de su colaborador Socorro Sofío Ramírez Hernández, para gobernador, hoy de retorno en el PRI.

El escándalo colapsó al grupo político de Ángel Aguirre, que había abandonado el PRI para enquistarse en el PRD: pero busca concretar su retorno aunque ello signifique echar limón en la herida.