El 9 de agosto de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción II del artículo 35 de la Constitución federal que permitió las candidaturas independientes, ciudadanas o sin partido.

Casi tres años después, el 7 de junio de 2015 Jaime Rodríguez Calderón apodado El Bronco fue electo gobernador de Nuevo León, el primero en la historia reciente que lo logra sin ser respaldado por un partido político. Su victoria fue contundente, casi el 49 por ciento de los sufragios emitidos, obteniendo una votación de más del doble de la alcanzada por sus contrincantes de los del PRI y PAN.

A primera vista, parecía que se trataba de un independiente que, si bien había iniciado y forjado su carrera política en un partido, se deslindaba de las prácticas de las instituciones tradicionales de nuestro sistema político; entre ellas el chapulineo. Su triunfo generó una enorme expectativa por parte de la ciudadanía y en palabras del gobernante, aquel día “los ciudadanos ganaron”.

No obstante lo anterior, El Bronco olvidó la razón de ser independiente, que es ejercer el cargo y cumplirle a la ciudadanía. Ahora, ha puesto en marcha su camino a Los Pinos. Rodríguez Calderón nunca pudo escindirse de su personificación de campaña; y los hechos indican que en todo momento vio su candidatura y breve mandato como una plataforma para contender por lo que verdaderamente le interesaba: la Presidencia de la República. No se han cumplido los primeros tres años de su mandato y ya solicitó (y le fue concedida) licencia por seis meses, a partir del próximo 1 de enero. Pretende llegar a la Presidencia de la República sin por lo menos haber demostrado capacidad (o compromiso) para gobernar.

De nueva cuenta, sin argumento alguno, vuelve a enarbolar la bandera “independiente” en contra de los “políticos de siempre”; en espectaculares a lo largo de todo el país se lee “si estás hasta el tronco, fírmale al Bronco”. Y el principal problema que de todo esto es que se trata del producto de una mentalidad según la cual cualquier cambio implica una mejoría, sin importar la capacidad o la experiencia de la persona; como si el ser “independiente” fuera, por sí mismo, la solución a todos los problemas.

La Constitución federal, en la fracción VI del artículo 82, prevé como requisito para ser presidente que la persona que busque ocupar el cargo no podrá ser titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes de la elección. Esto garantiza la imparcialidad de la elección, ya que impide que un servidor público en funciones pueda obtener alguna ventaja por virtud de su cargo. Ante esta condición insalvable, el ahora aspirante optó por solicitar licencia al Congreso de su estado, la cual le fue concedida el pasado 22 de diciembre. ¿Se puede someter a una persona en contra de su voluntad a realizar un empleo, cargo o comisión? Por supuesto que no. Pero ello no justifica que pueda conservar el cargo si contiende para ser presidente de la república. Ello contraviene el sentido de lo dispuesto por la Constitución federal ya que, en última instancia, no ha abandonado el cargo, sino sigue siendo el titular. Es precisamente por ello que estimo que la licencia no es suficiente para salvar la restricción constitucional. Es decir, considero que dicha fracción únicamente se satisface por medio de la renuncia, plenamente tramitada ante el Congreso local.

Probablemente lo que le falta a la norma prevista en el artículo 87 constitucional para ser suficientemente clara es que la separación deba ser “definitiva”. Esto permitiría entender que el actor no está en posibilidad de retornar al cargo que ocupaba previamente. La necesidad de esta delimitación, ya sea expresa o vía interpretación, se explica precisamente por este caso, en el que ya comienzan a vislumbrarse diversos indicios de una situación inequitativa entre los contendientes, por el aprovechamiento de la estructura que conlleva el cargo público.

Basta para dimensionar la importancia de esto, el hecho de que el gobernador con licencia, que no exgobernador, ya es sujeto de una investigación por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) por el supuesto uso de recursos públicos para la obtención de firmas.

La licencia parece la anuencia a que la ambición del propio gobernador sea su principal obstáculo político. Días atrás, el presidente del Consejo General del INE había señalado la posibilidad de que, en este escenario, tuvieran que celebrarse elecciones para gobernador de Nuevo León el próximo 1 de julio de 2018. Para algunos esto no es necesario derivado de la licencia solicitada, sin embargo, lo cierto es que en caso de que los planes del mandatario sean exitosos, es decir, que fuera electo presidente, no podría otorgársele otra licencia de conformidad con el artículo 92 de la Constitución local, por lo que la situación sería aún más complicada, ya que para satisfacer los requisitos previstos en el artículo 82 de la Constitución federal, tendría necesariamente que renunciar al cargo. Por tanto, al no cumplirse al menos la mitad de su sexenio en funciones, el Congreso local tendría que lanzar la convocatoria para elecciones extraordinarias de gobernador sustituto.

Ante todo esto, considero que la vía independiente se ha vuelto para algunos un motor que alimenta una ilusión inalcanzable, en tanto para otros ya es una excusa para justificar la irresponsabilidad en el servicio público.

En este contexto, el INE debe actuar con firmeza, realizar una interpretación debidamente justificada de las normas en cuestión, al momento de resolver respecto del registro y fiscalización de los candidatos.

Con todo ello, se podrá salvaguardar ante todo el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones político-electorales, lo que redunda en favor de la ciudadanía que, sin duda, merece mejores candidatos y gobernantes.