Es fácil empatizar con los casos de fraude procesal: los vemos, los denunciamos, nos indignan. Pero la indignación, cuando se traduce en diseño institucional, puede convertirse en un arma de destrucción masiva contra la certeza jurídica.
Lo más devastador es comprender que esta tragedia no es patrimonio de un gobierno ni es monopolio de un partido político. Es una continuidad sin interrupciones. Una espiral que se profundiza. Una máquina que no se detiene.
Lo que en las democracias sirve para exigir cuentas se está convirtiendo, aquí, en manos del partido gobernante, en un instrumento para construir ventajas políticas anticipadas y manipular la competencia electoral.
El acoso no ocurre por accidente. Ocurre porque durante generaciones se ha enseñado (desde los hogares, los medios y las instituciones) que el cuerpo de las mujeres es un espacio disponible, un territorio que puede ser invadido sin consecuencias.
No son bromas. No son deslices. No son “malentendidos”. Son expresiones machistas, misóginas y violentas que, al provenir de un funcionario público, se vuelve inaceptables. El problema no es solo el tono soez o la torpeza retórica.
La última vez que el Pleno de la Corte abrió sus puertas para escuchar a la sociedad fue en 2008, cuando se debatió la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal.
Fue una conquista doctrinal y jurisprudencial que acercó el derecho mexicano a los estándares del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: recursos sencillos, expeditos y eficaces frente a violaciones de derechos fundamentales.
La lógica era sencilla: no se podía definir en abstracto todo el abanico de situaciones en que una persona podía ver afectada su esfera jurídica sin un derecho subjetivo formalmente reconocido.
La incorporación de herramientas digitales, como la presentación de promociones electrónicas, notificaciones en línea o la obligación de autoridades de comparecer por medios digitales, tiene el potencial de agilizar trámites y reducir cargas burocráticas.
Se habló de un Poder Judicial del pueblo y para el pueblo. Sin embargo, bajo ese lenguaje cargado de simbolismo late una profunda contradicción: la justicia mexicana ha sido lanzada a un experimento improvisado…
Así, mientras el discurso oficial presume una “renovación histórica”, la paradoja es brutal. Más de 800 jueces y magistrados federales quedaron fuera del sistema por mandato de la reforma y hoy viven en un limbo jurídico…
Lo cierto es que fuimos testigos de un momento histórico: se clausuró un capítulo de nuestra democracia al enterrar al último guardián de la Constitución tal como lo conocíamos.
Porque más allá de los expedientes que resolvió en su despedida, lo que hoy se clausura es una era de equilibrios, de resistencias y de construcción doctrinal que, con sus claroscuros, cimentó la noción de Estado de derecho en nuestro país.
La Corte se convirtió en tribunal constitucional en sentido pleno, dejando atrás su carácter predominantemente político e incluso irrelevante y abriendo la puerta a que sus sentencias moldearan el sistema jurídico.
De entrada, la nueva comisión está diseñada como un órgano subordinado directamente a la titular del Poder Ejecutivo. No se trata de un comité plural, representativo ni deliberativo.
El resultado no solo es la deformación del nuevo Poder Judicial de la Federación, sino una nueva grieta en los ya de por si erosionados cimientos democráticos de nuestro país.
En ese contexto, la reciente sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que obliga a una ciudadana sin cargo público a pedir disculpas durante 30 días por haber opinado sobre una diputada federal, no solo resulta desproporcionada; es una distorsión perversa de la figura jurídica que busca proteger a las mujeres en política.
Con estas reformas, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no solo ha logrado imponer su voluntad legislativa gracias a la mayoría parlamentaria, sino que ha consolidado una forma de gobernar donde el poder legislativo deja de ser independiente y autónomo…
Detrás de esa operación (que fue ampliamente documentada en redes y medios digitales) se denunciaron actos que podrían configurar coacción del voto, uso de recursos públicos, propaganda indebida en periodo de veda, y una afectación directa al principio de equidad en contienda.
El anuncio de esta reforma llega en un momento políticamente estratégico: con una mayoría legislativa amplísima, una presidenta con altísimos niveles de aprobación y un aparato de comunicación robusto.
