La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5506/2024 se inserta de lleno en ese debate y fija una línea que, más allá de su relevancia técnica, tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la justicia en un país marcado por la desigualdad.
El mensaje del Comité es, a la vez, técnico y demoledor. Sin atribuir responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Pero la retórica no modifica la realidad: el instrumento que iba a colocar a la Presidencia en el centro del proceso electoral de 2027 no prosperó. Y en ese fracaso reside, paradójicamente, la noticia más relevante de la jornada.
No se trata de una reforma administrativa, sino de una intervención estructural en el equilibrio entre instituciones, niveles de gobierno y actores políticos. El problema, por tanto, no es el objetivo declarado, sino los medios propuestos para alcanzarlo.
El efecto nocivo de la ignorancia resulta evidente, la fiscalía especializada pierde fuerza para atender de manera diferenciada la violencia contra las mujeres y deberá también asumir asuntos de violencia familiar en general.
La historia de Pelicot estremeció al mundo cuando se hizo pública: durante años, su esposo la sedó sistemáticamente para que otros hombres la violaran mientras ella permanecía inconsciente.
No se trata de una cuestión personal, sino de la apariencia de imparcialidad que debe rodear a todo órgano jurisdiccional y, con mayor razón, al tribunal constitucional del país.
Las actividades delictivas del CJNG en México se encuentran ampliamente diversificadas, ya que no solamente trafica con drogas, también participan el fraude más grande a la Nación que es el Huachicol Fiscal…
Reducir costos por ejemplo, es una aspiración legítima. Pero el argumento debe dimensionarse con mayor precisión. El proceso electoral de 2024 representó menos del uno por ciento del presupuesto federal.
El contraste es evidente: un teórico de los límites al poder frente a un juzgador que, lejos de actuar como contrapeso, terminó justificando el nuevo régimen.
Más grave aún: no solo se autorizó la compra, sino que las unidades fueron emplacadas en Morelos, presuntamente para evadir el pago de la tenencia. Ese dato, por sí solo, debería haber encendido todas las alarmas.
La negativa de Lenia Batres a retirar el párrafo cuestionado y la obstinación en mantenerlo bajo la lógica de “el proyecto es mío” revelan algo preocupante: una confusión profunda sobre la naturaleza deliberativa y colegiada de la función jurisdiccional.
También es cierto que quien ordena y celebra esta operación es Donald Trump: un líder que, en su propio país, ha representado el deterioro de la democracia, el desprecio por los contrapesos institucionales y la normalización del autoritarismo…
Lo más terrible de todo es que estos números —que ya de por sí son un desastre— son una mentira a medias: la ENVIPE estima que en México desaparecen 2.7 veces más personas de las que el Estado reconoce de manera oficial.
Gertz no renunció por su ineficacia (que era enorme), ni por sus abusos (que eran evidentes), ni por la presión social (que fue consistente). Renunció (o más bien lo invitaron a renunciar) porque dejó de ser útil al poder.
Es fácil empatizar con los casos de fraude procesal: los vemos, los denunciamos, nos indignan. Pero la indignación, cuando se traduce en diseño institucional, puede convertirse en un arma de destrucción masiva contra la certeza jurídica.
Lo más devastador es comprender que esta tragedia no es patrimonio de un gobierno ni es monopolio de un partido político. Es una continuidad sin interrupciones. Una espiral que se profundiza. Una máquina que no se detiene.
Lo que en las democracias sirve para exigir cuentas se está convirtiendo, aquí, en manos del partido gobernante, en un instrumento para construir ventajas políticas anticipadas y manipular la competencia electoral.
El acoso no ocurre por accidente. Ocurre porque durante generaciones se ha enseñado (desde los hogares, los medios y las instituciones) que el cuerpo de las mujeres es un espacio disponible, un territorio que puede ser invadido sin consecuencias.
No son bromas. No son deslices. No son “malentendidos”. Son expresiones machistas, misóginas y violentas que, al provenir de un funcionario público, se vuelve inaceptables. El problema no es solo el tono soez o la torpeza retórica.
