El 17 de octubre de 1953 se publicó la reforma constitucional que reconoció a las mexicanas el derecho a votar y ser electas en el ámbito federal. El 3 de julio de 1955 pudieron ejercer por primera vez ese voto en una elección federal.
El desplazamiento forzado interno ocurre cuando una persona o una comunidad se ve obligada a huir de su hogar o lugar de residencia habitual, sin cruzar una frontera internacional.
La pregunta no es si los jueces deben responder por sus actos. Desde luego que deben hacerlo. La corrupción, el hostigamiento y el abuso dentro de los tribunales también vulneran derechos y requieren sanciones.c
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla. Le ordenó investigar los hechos, determinar responsabilidades y continuar la búsqueda.
Saber cuántos asuntos recibe el máximo tribunal, cuánto tarda en resolverlos, qué decisiones adopta y cuál es su sentido forma parte de las exigencias más elementales de la rendición de cuentas. Su publicidad deriva del derecho constitucional de acceso a la información.
En su Segundo Informe, Sheinbaum sostuvo que México va bien y tiene rumbo. Destacó la reducción de los homicidios, el aumento del salario mínimo, la estabilidad económica, los programas sociales y los avances de su estrategia de seguridad.
La propia Corte se define oficialmente como la institución encargada de vigilar que las leyes y los actos de autoridad se ajusten a la Constitución, de preservar la separación de poderes y de proteger los derechos fundamentales.
El problema no está en reconocerlos ni en desarrollarlos mediante reglas. Está en hacerlo otorgando al Estado facultades que pueden terminar utilizándose para calificar contenidos periodísticos.
El argumento central es que el trabajador no pierde la propiedad. Puede reclamar su dinero después de la transferencia y su derecho no prescribe. Lo mismo ocurre con sus beneficiarios.
En los días siguientes han trascendido versiones sobre intensas discusiones internas, posiciones encontradas entre ministras y ministros y desacuerdos respecto del relevo en la presidencia de la SCJN. Pero la noticia nunca fue quién podría ocupar esa presidencia.
La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva, que garantiza a la sociedad el acceso a información diversa y al debate público. Los derechos de las audiencias surgen precisamente de esta segunda dimensión.
Ninguna aporta información nueva sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Tampoco acerca a sus familias y la verdad que llevan casi doce años reclamando. Lo que sí hacen es modificar el contexto institucional de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
Las condiciones que permitieron que los llamados acordeones se convirtieran en el principal factor de orientación del voto siguen ahí. Los incentivos para la intervención política en la selección de candidaturas no desaparecen.
La elección judicial de 2025 no fracasó simplemente por las boletas ni por la logística. Fracasó porque partió de una premisa falsa: que votar jueces democratiza la justicia y garantiza independencia. Nada más falso.
Hablamos de quienes acuden a los tribunales buscando protección frente a abusos de autoridad, conflictos familiares, violaciones de derechos humanos, controversias patrimoniales o incluso la pérdida de su libertad.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5506/2024 se inserta de lleno en ese debate y fija una línea que, más allá de su relevancia técnica, tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la justicia en un país marcado por la desigualdad.
El mensaje del Comité es, a la vez, técnico y demoledor. Sin atribuir responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Pero la retórica no modifica la realidad: el instrumento que iba a colocar a la Presidencia en el centro del proceso electoral de 2027 no prosperó. Y en ese fracaso reside, paradójicamente, la noticia más relevante de la jornada.
No se trata de una reforma administrativa, sino de una intervención estructural en el equilibrio entre instituciones, niveles de gobierno y actores políticos. El problema, por tanto, no es el objetivo declarado, sino los medios propuestos para alcanzarlo.
El efecto nocivo de la ignorancia resulta evidente, la fiscalía especializada pierde fuerza para atender de manera diferenciada la violencia contra las mujeres y deberá también asumir asuntos de violencia familiar en general.
