En los días siguientes han trascendido versiones sobre intensas discusiones internas, posiciones encontradas entre ministras y ministros y desacuerdos respecto del relevo en la presidencia de la SCJN. Pero la noticia nunca fue quién podría ocupar esa presidencia.
La libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva, que garantiza a la sociedad el acceso a información diversa y al debate público. Los derechos de las audiencias surgen precisamente de esta segunda dimensión.
Ninguna aporta información nueva sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. Tampoco acerca a sus familias y la verdad que llevan casi doce años reclamando. Lo que sí hacen es modificar el contexto institucional de uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
Las condiciones que permitieron que los llamados acordeones se convirtieran en el principal factor de orientación del voto siguen ahí. Los incentivos para la intervención política en la selección de candidaturas no desaparecen.
La elección judicial de 2025 no fracasó simplemente por las boletas ni por la logística. Fracasó porque partió de una premisa falsa: que votar jueces democratiza la justicia y garantiza independencia. Nada más falso.
Hablamos de quienes acuden a los tribunales buscando protección frente a abusos de autoridad, conflictos familiares, violaciones de derechos humanos, controversias patrimoniales o incluso la pérdida de su libertad.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5506/2024 se inserta de lleno en ese debate y fija una línea que, más allá de su relevancia técnica, tiene implicaciones profundas para la manera en que entendemos la justicia en un país marcado por la desigualdad.
El mensaje del Comité es, a la vez, técnico y demoledor. Sin atribuir responsabilidades penales individuales (porque no es su función) concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un contexto que podría configurar crímenes de lesa humanidad.
Pero la retórica no modifica la realidad: el instrumento que iba a colocar a la Presidencia en el centro del proceso electoral de 2027 no prosperó. Y en ese fracaso reside, paradójicamente, la noticia más relevante de la jornada.
No se trata de una reforma administrativa, sino de una intervención estructural en el equilibrio entre instituciones, niveles de gobierno y actores políticos. El problema, por tanto, no es el objetivo declarado, sino los medios propuestos para alcanzarlo.
El efecto nocivo de la ignorancia resulta evidente, la fiscalía especializada pierde fuerza para atender de manera diferenciada la violencia contra las mujeres y deberá también asumir asuntos de violencia familiar en general.
La historia de Pelicot estremeció al mundo cuando se hizo pública: durante años, su esposo la sedó sistemáticamente para que otros hombres la violaran mientras ella permanecía inconsciente.
No se trata de una cuestión personal, sino de la apariencia de imparcialidad que debe rodear a todo órgano jurisdiccional y, con mayor razón, al tribunal constitucional del país.
Las actividades delictivas del CJNG en México se encuentran ampliamente diversificadas, ya que no solamente trafica con drogas, también participan el fraude más grande a la Nación que es el Huachicol Fiscal…
Reducir costos por ejemplo, es una aspiración legítima. Pero el argumento debe dimensionarse con mayor precisión. El proceso electoral de 2024 representó menos del uno por ciento del presupuesto federal.
El contraste es evidente: un teórico de los límites al poder frente a un juzgador que, lejos de actuar como contrapeso, terminó justificando el nuevo régimen.
Más grave aún: no solo se autorizó la compra, sino que las unidades fueron emplacadas en Morelos, presuntamente para evadir el pago de la tenencia. Ese dato, por sí solo, debería haber encendido todas las alarmas.
La negativa de Lenia Batres a retirar el párrafo cuestionado y la obstinación en mantenerlo bajo la lógica de “el proyecto es mío” revelan algo preocupante: una confusión profunda sobre la naturaleza deliberativa y colegiada de la función jurisdiccional.
También es cierto que quien ordena y celebra esta operación es Donald Trump: un líder que, en su propio país, ha representado el deterioro de la democracia, el desprecio por los contrapesos institucionales y la normalización del autoritarismo…
Lo más terrible de todo es que estos números —que ya de por sí son un desastre— son una mentira a medias: la ENVIPE estima que en México desaparecen 2.7 veces más personas de las que el Estado reconoce de manera oficial.
