Ante la escalada de delincuencia que se registra en todo el país es urgente una ley ofrezca un marco jurídico que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y que dé certeza sobre todo a las entidades del país que registran altos índices de violencia; sin embargo, la ley que se encuentra a la espera de aprobación en el Senado ha generado posturas encontradas entre actores políticos, miembros de la sociedad civil organizada e instituciones, pues se ha mencionado que no es la solución.

Para entidades como Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua en donde la violencia e inseguridad parece ir en aumento, pese a los esfuerzos que se hacen por combatir el crimen organizado, la visión sobre la Ley de Seguridad Interior es otra.

Pese a estar por debajo de la media nacional en cuanto a los índices de violencia, Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato, ha reconocido que hay un problema de seguridad en su entidad por lo que han tenido que recurrir al apoyo de brigadas militares en diversos municipios.

Ante la situación que día a día se vive en el estado, Márquez Márquez se convirtió en una de las voces más criticas que exige un marco juridico que le permita a las Fuerzas Armadas ayudar en las tareas del combate a la delincuencia, ya que están impedidas legalmente para hacerlo.

Hoy, ante una posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, lo único que lamenta es que en el camino se haya quedado el tema del mando mixto, pues dijo “hubiera dado mayor certeza tanto a estados como a municipios”.

A fin de contar con una visión más amplia sobre lo que se vive en algunas entidades del país, Siempre! se acercó a Ricardo Ortiz Gutiérrez, presidente municipal de Irapuato, Guanajuato, quien resaltó la importancia que representa la Ley de Seguridad Interior sobre todo para municipios en donde el apoyo del Ejército ha sido fundamental para el combate a la delincuencia.

“Para quienes estamos en los municipios y vemos de frente el tema de la inseguridad, particularmente en los delitos de alto impacto, es necesario un marco jurídico que ofrezca certidumbre tanto a los ciudadanos como a los propios militares. Aunque sabemos que algunos especialistas pueden tener discrepancias en cuanto a algunos de los conceptos de la ley, en la realidad sabemos que esa regulación permitiría que el Ejército coadyuve de manera correcta tanto con las fuerzas municipales como estatales”.

Sin embargo, reconoce que pese a que en el marco de la percepción ciudadana la inclusión del Ejército es importante, es necesario revisar que con esta ley no se viole ningún principio constitucional, ni las autonomías municipales, por lo que es necesario que en este momento en el Senado se pueda revisar a detalle el proyecto para evitar que algún tipo de situación se dé de manera inconstitucional.

El alcalde de Irapuato destaca que aunque está seguro de que “llegará el tiempo en que los militares regresen a los cuarteles”, sabe que ante la situación inédita por la que atraviesa el país, ese momento no ha llegado, por lo que la ley cobra una mayor importancia pues en repetidas ocasiones se ha dicho que el Ejército está funcionando de manera irregular al no existir una ley en la que se contemple el tema de la seguridad interior.

Pero sobre todo —explica— cuando en muchos casos las policías estatales o municipales no cuentan con el número de elementos suficientes, ni la capacidad para enfrentar delitos del orden federal graves, como es el caso del narcotráfico o la extracción del combustible; “en ese sentido nosotros hemos mantenido una relación estrecha con el Ejército gracias a la cual se ha logrado disminuir un poco ese tipo de problemas”.

Reitera que ahora que la ley se encuentra en la Cámara de Senadores es necesario revisarla para que al momento de ser aprobada se logre dar certidumbre a la ciudadanía. Dice que en caso de que no logre pasar y pese a que existe una ley en la que se contempla el hecho de contar con buenas corporaciones policiacas, con buena capacitación, conocimiento en temas de derechos humanos, “el problema sería que es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es una situación a largo plazo”.

“Pese a que en Irapuato contamos con la policía mejor pagada de todo el estado, para lograrlo tuvimos que hacer una serie de consideraciones como aumento de sueldos y prestaciones; sin embargo, es un proceso lento en el cual ante las circunstancias que se presentan es necesaria una intervención directa de apoyo del Ejército. El hecho de darle un largo plazo al mejoramiento de las policías representaría una mayor dificultad  para poder erradicar la violencia y el crimen organizado”.

Lo que hay que revisar

Tras recalcar la importancia de lograr que se apruebe una ley de esta naturaleza, el presidente municipal de Irapuato destaca que hay que recordar que todo documento es perfectible, y en este caso existen tres puntos que son necesarios aclarar. Por un lado, considera que el tema de la constitucionalidad es un tanto ambiguo, tanto en lo que se encuentra actualmente en la Constitución como en lo que se está proponiendo.

Detalla que en la Constitución se habla de tiempos de paz, pero hay que ver a que se refiere la Constitución con eso, “si es solamente en contra de una cuestión exterior, pues desde mi punto de vista hoy no estamos en tiempos de paz en este país, y es justamente desde esa consideración que habría que adaptar lo que se está planteando en la ley”.

“Otro punto importante es que haya una buena coordinación entre autoridades estatales y locales para que se logre un mejor trabajo. Por último, que exista la obligatoriedad de la capacitación de las fuerzas locales. Como autoridad municipal debemos darle un mayor énfasis y presupuesto al tema de la seguridad para contar con capacitación, armamento, más policías; pero mientras lo logramos requerimos el acompañamiento tanto de la policía federal como del Ejército”.

Ante las declaraciones de muchos personajes en torno a que esta ley no garantizará la recuperación de la seguridad en el país y, por el contrario, perpetuará la presencia del Ejército en las tareas de combate a la inseguridad, Ricardo Ortiz afirma que definitivamente una ley de esta naturaleza ayuda, sobre todo cuando existen altos índices en los delitos de alto impacto.

“Aunque en Guanajuato todavía estamos por debajo de la media nacional en cuanto a muchos delitos, cada día se están viendo más hechos violentos a plena luz del día y se están dando una serie de crímenes de alto impacto que afectan a la sociedad; o bien, asuntos relacionados con el huachicol y la droga, en dónde la participación del Ejército es de suma importancia”.

Fuerzas Armadas solo para combatir grupos delictivos: Laura Mónica Marín Franco

Para Laura Mónica Marín Franco, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Chihuahua, la presencia de las Fuerzas Armadas es necesaria siempre y cuando exista la presencia de grupos delictivos que estén afectando la seguridad de los ciudadanos, “ahí es cuando se requiere un trabajo en conjunto tanto del gobierno del estado, los municipios, como de la autoridad federal, que en ese caso serían los soldados, para combatir a la delincuencia organizada que es el verdadero enemigo de la nación”.

Destaca que en este momento es fundamental que esta ley sea muy puntual a la hora de señalar en qué momento podrán entrar las Fuerzas Armadas, pues en muchos casos su presencia puede ser mal interpretada; “se debe tener en cuenta que los soldados únicamente deberán de recibir el apoyo cuando haya la presencia de los grupos organizados, no contra los ciudadanos. Tenemos que irnos a la raíz donde realmente está el problema, que son los grupos delictivos”.

Respecto a la falta de corporaciones policiacas para lograr abatir la delincuencia, sobre todo en entidades como Chihuahua, en donde se registran altos índices de violencia, la diputada por el PAN considera que sin duda es urgente capacitar a las policías, pero además aplicarles exámenes de confidencialidad, dotarlas del equipamiento necesario para de esa manera ir combatiendo todos los actos ilícitos.

Para lo cual, dice, ha presentado en el Congreso local varias iniciativas que ayudarían a avanzar en el tema. En la primera propone que el 50 por ciento de las armas decomisadas al crimen organizado sean destinadas a las policías que lograron dichos decomisos, “con la finalidad de que las policías estén al tú por tú en cuestión de armamento con los grupos delincuenciales”.

Por otra parte, dice, es importante que todas las personas detenidas con este tipo de armamento puedan obtener prisión preventiva oficiosa, pues en la actualidad cuando alguien es aprehendido con este tipo de armamento puede pagar una fianza y de esa manera enfrentar el proceso en libertad.

“El problema es que cuando un juez llega a determinar la culpabilidad de la persona ya no la encuentra. En cambio, si tenemos a la persona detenida, poco a poco se podrá ir cerrando lo que nosotros conocemos como puerta giratoria, lo que ayudará a ir abatiendo la problemática”.