El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, identificado de manera oficial por la Organización de las Naciones Unidas con el color naranja. La violencia en contra de las mujeres es violencia de género, porque las mujeres por el solo hecho de serlo se encuentran en una situación de desventaja que impide el pleno goce de sus derechos. En México persisten altos índices de violencia en razón de género, las cifras son alarmantes y desesperanzadoras. De conformidad con datos publicados el 23 de noviembre de 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su informe “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, al mes de octubre de 2016, de 46.5 millones de mujeres de 15 años y más en el país, 66.1% ha enfrentado violencia, 43.9% por parte de su pareja actual y 53.1% por una persona distinta. Asimismo, 10.8 millones fueron sometidas a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. Las jóvenes son las más vulnerables, ya que 70 de cada 100 mujeres de entre 20 y 39 años, han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Por último y en cuanto a la violencia extrema, en el año 2016 se registró el homicidio de 2,813 mujeres, lo que implica 8 por día.
La violencia de género en última instancia puede afectar todas las esferas de la persona: su vida, su integridad y libertad, el ámbito familiar, económico y laboral, su ejercicio político, el desarrollo sexual y reproductivo, entre muchos otros. Por esto se necesita abordar el tema de manera integral. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que depende de factores sociales, de cómo la familia está estructurada, de patrones arraigados que perpetúan conductas misóginas y que marca nuestra cotidianidad. Todo esto, auspiciado por una permanente tolerancia de actos y omisiones que degradan e invisibilizan a las mujeres y las niñas.
En dicha medida, la perspectiva de género es fundamental en el actuar de todos los órganos públicos. Según los “Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016” publicados por el INEGI, el 88.4% de las víctimas de este tipo de agresiones, por parte de personas distintas a su pareja, no presentó queja o denuncia ante la autoridad ni solicitó el apoyo a alguna institución. En tanto solo lo hizo el 20% de las víctimas que sufrieron estas agresiones por parte de su pareja. Lo más grave, se obtuvo que la principal razón de esto fue considerar que se trató de algo sin importancia o que no le afectó. Ello me parece que denota una clara falta de información, así como una fuerte desconfianza en las autoridades. Por ejemplo, aún queda mucho tramo por recorrer en la administración de justicia, que en muchos casos discrimina a la mujer, debido a que sus operadores no son capaces de desvincularse de todo prejuicio, disfrazado de consideración moral o religiosa, que nuble su criterio. Lamentablemente la violencia de género se entiende como responsabilidad absoluta de la víctima, lo que se traduce en exigirle a las mujeres que cambien (su forma de vestir, de hablar, de transitar, etc.), y no al mundo que lo haga.
Actualmente, existen disposiciones protectoras en nuestra Constitución, en los tratados internacionales, en la Ley Federal del Trabajo, en las leyes generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respectivamente, así como en la tipificación de conductas como el feminicidio, la discriminación y la violencia familiar en la legislación penal. Además, desde hace diez años existe el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en 2016 se creó el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esto es, las mujeres somos titulares de todos los derechos reconocidos por el orden jurídico; sin embargo este reconocimiento parece quedarse en el papel y no se traduce en un ejercicio efectivo de derechos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación desde el año 2004 hace referencia y destina recursos para estos fines y actualmente, prevé un capítulo específico dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, en 2016 se invirtieron cerca de 26 mil millones de pesos en diversos programas y acciones a escala federal, y en 2018 se prevén más de 28 mil millones de pesos para esta tarea. Sin embargo, la sola previsión económica no es suficiente; se requiere de una política pública eficaz, que adopte la perspectiva de derechos humanos y de género, en todos los niveles.
Falta dimensionar que se trata de un problema cultural que aqueja a todas las naciones del mundo, y como motor para cambiar es indispensable empoderar a la mujer. Porque no bastan concesiones graciosas de quienes tienen el poder, es necesario que las mujeres tengan mayor acceso al mismo, en todos los ámbitos. Es fundamental incluir la voz de las mujeres tanto en el diseño de políticas públicas como en su implementación. Adicionalmente, se deben adoptar programas de concienciación que lleguen a la población, que sirvan para cambiar paradigmas, porque todos tenemos un papel para erradicar el fenómeno de la violencia contra las mujeres: el gobierno, la sociedad civil, la academia. En el marco del proceso electoral que se avecina, este es el tipo de campaña que México necesita, que los candidatos hagan suya la causa en contra de la violencia de género.
Sin duda el número de voces de indignación y de rechazo a la violencia de género en la actualidad no tiene precedentes (marchas, campañas en redes sociales, etc.). Aprovechemos este hartazgo y formemos parte de esta ola de indignación, pero hagamos que se traduzca en acción para cambiar el rumbo por el bien de todas y todos. No dejemos de indignarnos y hagamos que todos los días sean días naranja, días en contra de la violencia de género, en todas sus formas.
