El inmediato apoyo mostrado por el presidente estadounidense Donald Trump a las protestas sociales en Irán, y su decisión de aplicar algunas nuevas sanciones de carácter puntual contra individuos e instituciones, tanto iraníes como de otros países, son muestras de la continuidad de su línea de presión y agresividad en contra de la República Islámica de Irán.
Inmediatamente después de que estallaran las manifestaciones de protesta popular en decenas de ciudades iraníes a partir de los últimos días de diciembre pasado, el presidente Trump y su administración mostraron su apoyo a las mismas y expresaron fuertes críticas contra el régimen iraní.
Las protestas sociales, de un carácter bastante espontáneo, tuvieron ingredientes de muy diversa índole. Las aspiraciones de grandes sectores de la población de experimentar una recuperación económica acelerada a partir de la firma del acuerdo nuclear del 2015 y del consiguiente levantamiento de las sanciones, aún están lejos de cumplirse.
La corrupción, la ineficiencia del sistema financiero, la lentitud en el proceso inversionista, los obstáculos burocráticos, la marcada inflación en productos y servicios básicos, así como el alto desempleo especialmente entre los sectores de población más jóvenes, han sido algunas motivaciones para la inconformidad y base para estas protestas, las mayores que han tenido lugar en el país, desde el “Movimiento Verde” del 2009 contra la reelección del entonces presidente Ahmadinejad.
A pesar de que Irán ha mostrado indicadores importantes de recuperación en su macroeconomía, sus efectos aún no llegan a los bolsillos de la población. La legítima protesta fue internamente utilizada por los sectores más conservadores opuestos al gobierno de Hassan Rohaní, pues era un argumento ideal para demostrar su fracaso. Pero la aparición de críticas antigubernamentales y contra el liderazgo de la República Islámica entre algunos sectores de protesta, demostraron que era imprescindible preservar la continuidad y protección del sistema, recurriéndose al control de las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, a la interferencia de las crecientes redes sociales movilizadoras y a la detención de más de mil participantes.
Junto a la declaración del presidente Rohaní de que el pueblo tenía el derecho de protestar, pero sin recurrir a actos violentos (en los que murieron más de 20 personas), el sistema islámico mostró una vez más su enorme capacidad de convocatoria para efectuar multitudinarias manifestaciones y marchas populares de apoyo que contrarrestaron abrumadoramente a las protestas.
Las declaraciones del presidente Trump y su administración respecto al régimen “brutal”, “corrupto” y “opresor” iraní, a que era el “momento para el cambio”, y a que “el pueblo iraní recibiría un gran apoyo de los Estados Unidos en el momento apropiado”, lejos de impulsar a la oposición popular, fueron un útil instrumento para que el gobierno y liderazgo supremo iraní responsabilizaran a determinados factores exógenos como los responsables de los disturbios y la agitación interna, y así neutralizar y desacreditar a los opositores. El actual presidente estadounidense no logra tampoco entender que, en un proceso como el iraní, una presión abierta e injerencia foránea se convierten rápidamente en un útil argumento oficial para reforzar la unidad interna, la que se nutre con componentes nacionalistas y de histórico antagonismo con los Estados Unidos, presentes en la sociedad y política iraníes.
El intento más fuerte por lograr algún tipo de condena internacional contra Irán, fue la convocatoria estadounidense para una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de enero, la cual se convirtió en un fracaso evidente para Washington, pues aunque algunos de los miembros hicieron eco de las declaraciones de la embajadora Nikki Haley, respecto al tema de los derechos humanos y las libertades de expresión, la idea predominante fue que el Consejo no era el espacio adecuado para discutir los problemas internos de Irán, y que las protestas no constituían una amenaza para la paz y seguridad internacionales.
El presidente Trump tendría una nueva oportunidad de demostrar su hostilidad contra Irán, cuando el pasado 12 de enero, al mismo tiempo en que decidió conservar el acuerdo nuclear con Irán por otros tres meses y no regresar a la política de sanciones generales, indicó paralelamente adoptar sanciones puntuales específicas hacia catorce individuos e instituciones, como por ejemplo, contra el jefe del poder judicial Ayatollah Sadeq Larijaní por “cometer graves abusos a los derechos humanos”, contra estructuras de ciberseguridad operadas por los Guardianes de la Revolución, así como contra varias empresas de China y Malasia, por facilitar suministros técnicos al programa de misiles de Teherán.
A pesar de que la atmósfera era propicia para finalmente retirarse del acuerdo nuclear y cumplir con su vieja promesa electoral, Trump pareció ceder ante las presiones de los otros países firmantes del acuerdo también conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), – Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania-, países que insisten fuertemente en conservarlo tal como está, por estar brindando los resultados esperados y no existir violaciones de la parte iraní; Trump aparentemente tuvo que escuchar también a los argumentos de otras líneas de pensamiento presentes dentro de los departamentos de Defensa y Estado, menos inclinadas al choque directo con Irán, y a evitar un mayor aislamiento internacional estadounidense.
Trump reiteró que se retiraría dentro de tres meses del PAIC si los aliados europeos no logran enmendar los “terribles defectos” del plan, y garantizar que las prohibiciones respecto al programa nuclear iraní no sean temporales sino permanentes. El presidente pretende además alcanzar un “acuerdo suplementario” que imponga nuevas sanciones multilaterales si Irán desarrolla o prueba misiles balísticos, impide las inspecciones de sus instalaciones nucleares, o hace avances nucleares de índole estratégica.
Irán criticó fuertemente las nuevas decisiones de Trump acusándolo de intentar socavar el PAIC, advirtió que no cumpliría con ninguna otra demanda más allá de las ya acordadas, aclaró que no permitirá que se establezca ninguna conexión entre este acuerdo y otros temas, y fue tajante al aseverar que “no aceptará ningún cambio ni ahora ni en el futuro”.
