La ola de violencia en la cual se encuentra inserto Guerrero, se expande. Los puntos de conflicto parecen encaminarse a generar un ambiente de inestabilidad político social que podría afectar el proceso electoral arrastrando a la economía de la entidad.
El 21 de febrero, dos hechos de violencia volvieron a prender las señales de precaución. A las 3 de la madrugada, personas armadas atacaron la base de la policía ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la comunidad de Buena Vista de la Salud, municipio de Chilpancingo, donde resultó herido uno de sus efectivos. La UPOG atribuyó el ataque a la banda delincuencial de Los Ardillos.
En el segundo caso, Antonia Jaimes Moctezuma, integrante de la corriente Movimiento Alternativo Social (MAS) del PRD, y precandidata a diputada local, fue asesinada a balazos dentro de su negocio Toreo Restaurant, en la cabecera municipal de Chilapa.
La perredista fue regidora durante el periodo 2012-2015 que encabezó Francisco Javier García González, entonces alcalde por el PRI. Antes había sido presidenta del Comité Ejecutivo Municipal. También estuvo nominada como precandidata a diputada local por el Distrito 25, con sede en Chilapa de Álvarez, por el PRD.
Jaimes Moctezuma pertenece a la corriente política MAS, que dirige ex diputado local y ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, que de nuevo es candidato para una curul en las elecciones en curso. Es señalado como miembro de un grupo delictivo junto con sus hermanos Celso y Antonio Ortega Jiménez.
El ataque se inserta en una serie asesinatos que desde el 2017 vienen ocurriendo en Guerrero, donde el blanco clave han sido personalidades políticas. También corresponden a un grave deterioro de la seguridad pública que se vive en la zona Chilapa-Tlapa.
En los primeros dos meses del 2018, Chilapa suma más de 30 homicidios con una tendencia ascendente que se llega a considerar un municipio tan violento como el de Acapulco, a pesar de los constantes operativos militares y policiacos que se han implementado en la región.
Unos de los casos más dramáticos, ocurrió el 30 de enero cuando fueron encontradas en bolsas de plástico, extremidades de 7 personas a un costado del río Ajolote. El 3 de febrero se localizó el cuerpo de una joven de 18 años degollada, la cual había desaparecido días antes. La joven resultó ser hermana de una de las monjas guadalupanas que forman parte del Colegio Morelos, al cual abandonaron por las amenazas contra su integridad.
La denuncia de estos hechos se dio en medio de un altercado entre el gobierno del estado y los jerarcas locales de la iglesia católica a raíz del asesinato de los sacerdotes Germaín Muñiz e Iván Añorve, ocurridos la mañana del 5 de febrero cerca de Taxco a los cuales la Fiscalía General del Estado acusó de estar vinculados a las bandas del narco.
Asesinatos en serie
Roger Arrellano Sotelo, ex alcalde de perredista de General Canuto Neri (Acapetlahuaya), Modesto Carranza Catalán suplente del diputado local, Saúl Beltrán Orozco, Catalino Duarte Ortuño, ex alcalde y ex diputado federal por el PRD, Demetrio Saldívar Gómez, secretario general del PRD, son algunos de los últimos asesinatos.
También son los casos de Eli Camacho Coicochea, Crisóforo Otero Heredia, Ángel Vergara Chamú, Francisco Tecuchillo Neri,
Ranferi Hernández Acevedo, Arturo Gómez Serna, Armando Arturo López Solano, Adolfo Serna Nogueda, Marino Catalán Ocampo y Evelia Acosta Genchi.
El gobierno del estado emprendió una campaña para matizar la violencia en la entidad y a pesar de las alertas del gobierno de Donald Trump sigue llegando turismo internacional ya que “los estadounidenses no le creen a su presidente”.
En contraste, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que durante el primer mes del 2018 en Guerrero hubo 204 homicidios dolosos y ocupó el segundo lugar nacional después de Baja California que registró 211 asesinatos. La tasa nacional de homicidios en México es de 1.73 casos cada cien mil habitantes. Guerrero tiene 5.63 en el primer mes de este año, y se ubica en el tercer lugar a nivel nacional.