A cinco meses del sismo del 19 de septiembre de 2017 que causó severos estragos en la Ciudad de México, todo parece indicar que la situación de miles de familias se sigue tambaleando. En medio de la indignación y el enojo, damnificados por el sismo y la sociedad en general critican que se esté priorizando una agenda electoral que pone en riesgo la reconstrucción de la Ciudad de México, sobre todo cuando los recursos destinados para este fin se encuentran detenidos.

Tal cual, como si fuera una bomba, el escándalo explotó, tras conocerse que, a través del Decreto de Presupuesto 2018, a los asambleístas locales Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero les fue adjudicada la facultad de autorizar y supervisar el destino de los recursos para la reconstrucción, dejando al margen a la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, instancia encargada de atender los daños causados por el sismo.

Bajo el argumento de opacidad en el manejo de los recursos públicos y ante el desacuerdo de que el manejo de recursos esté en manos de los tres diputados, cuatro de los nueve integrantes de la Comisión de Reconstrucción entre ellos el comisionado Ricardo Becerra, así como Mauricio Merino, Katia D’Artigues y Fernando Tudela, entregaron su renuncia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En respuesta, el jefe de Gobierno presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa para suprimir los apartados del Presupuesto de Egresos que impiden el libre ejercicio de los recursos públicos destinados a las labores de reconstrucción, además de que confirmó que la liberación de los recursos se dará hasta que se defina un marco legal para ejercer dicho dinero y suspendió las actividades de la Comisión, aunque aclaró que esto no quiere decir que las tareas de reconstrucción se frenen.

“Las tareas siguen; la parte que corresponde a la Comisión que es incorporar estos estudios, realizar otros, tener la vinculación con la parte científica, etcétera, será suspendida; es decir, mientras no se tenga una reforma, habrá un impasse en lo que respecta a trabajo de oficina, no así el de calle”, precisó Mancera.

Sin embargo, los dimes y diretes continúan. Mientras Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF negó que la designación de recursos esté destinada a la integración de redes ciudadanas, o a la compra de pants y laptops como se dijo en algunos medios, Raúl Flores, presidente del PRD en la capital, retó a los integrantes de la Comisión a presentar una denuncia formal por el “supuesto agandalle o secuestro de recursos para la reconstrucción”.

Y es que en diversas columnas de opinión se habla de que la decisión de los diputados simple y sencillamente se trató de un “agandalle puro”, ya que jurídicamente es una violación a la separación de poderes en la que tres legisladores locales —dos del PRD y uno del PAN— se hicieron de la facultad de asignar en detalle recursos del Fondo de Reconstrucción.

En entrevista con Siempre!, Mauricio Merino, exsubcomisionado de la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, tras señalar que no existe ningún sustento en la repartición del dinero para la reconstrucción de la capital, explica que su dimisión se debe a que su trabajo, que era el de vigilar que los recursos se ejercieran de manera eficiente y transparente, dejó de tener sentido en el momento en que la Comisión fue apartada de proponer, autorizar y vigilar todos los fondos destinados a la reconstrucción.

“A través del decreto del presupuesto de Egresos para 2018, la facultad de proponer, autorizar, supervisar y vigilar todos los fondos de reconstrucción para la Ciudad de México se trasladaron a tres diputados: el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna (PRD), al vicepresidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Romero (PAN) y al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mauricio Toledo (PRD)”.

Reparto opaco

Para Merino Huerta, quien tiene una larga trayectoria en materia de transparencia y rendición de cuentas, el documento entregado al Comisionado Ricardo Becerra es un simple oficio de distribución de dineros, el cual, por la manera en que se presenta, deja ver un manejo opaco de los recursos.

Asegura que la decisión tomada por los diputados, además de vulnerar las facultades del Ejecutivo de la Ciudad de México, es contraria a la Constitución y a la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, ya que en el reparto que hicieron los diputados de estos recursos no existe ninguna base que sustente la entrega de ese dinero.

Explica que a través de un oficio de autorización por 7 mil 754 millones de pesos, los diputados otorgaron recursos a 10 dependencias del gobierno de la Ciudad de México mediante 43 partidas, pero en ningún lado se sustenta el porqué se entrega ese dinero, a qué proyectos será destinado, cuáles serán los resultados, y sobre todo de qué manera se va a beneficiar a los afectados del sismo del 19 de septiembre.

“Me parece opaco sobre todo en el sentido de que las cifras que presentan los diputados, son cifras redondeadas que hacen suponer que existe una distribución de recursos sin sustento técnico, proyecto ejecutivo, ni un programa de realización. No hay nada que diga que dichos proyectos se han concertado con los damnificados. Ante esas circunstancias, preferí alejarme de la Comisión pues no tengo condiciones para cumplir el cometido al que me invitó Miguel Ángel Mancera”.

Transparencia ante todo

El exintegrante de la Comisión de Reconstrucción señala que lo único que está claro y que está a la vista de todos en esta situación es que existe un hecho jurídico, el cual puede cambiar o no, pero más allá de eso —dice—lo más importante es que en el proceso de reconstrucción exista una total transparencia y los diputados expliquen de qué manera asignaron los recursos.

Reitera que lo que produce un mayor enojo e indignación es la manera en que llegaron a dicha distribución del dinero, pues fue sin una base técnica, un programa de ejecución, sin objetivos precisos, ni tampoco con un vínculo con los damnificados, por lo que es indispensable ver qué cuenta darán sobre la utilización de esos recursos.

Por ello, afirma  que el derecho e incluso el deber de todos los ciudadanos es poner atención a la forma en que ese dinero se está utilizando, “hay que recordar que el único propósito que debe prevalecer y se debe defender es la reconstrucción de la Ciudad de México”.

Sobre todo cuando —dice— el programa de reconstrucción que había presentado la Comisión se encuentra atropellado por la decisión de los diputados; “había una serie de acciones que el propio programa establecía y que en este momento solo se pueden llevar a cabo si el gobierno de la CDMX se impone como autoridad”.

“Lo único que veo es que los diputados hoy tienen toda la autoridad legal, mientras no se modifique ese decreto para conducir el proceso. Tienen la responsabilidad de dar cuenta de las decisiones que ellos mismos se atribuyeron. Si su función es supervisar, vigilar proponer y autorizar los recursos, es indispensable también pedirles que rindan cuentas”.

Para Merino lo más importante en este momento es que se haga un  ejercicio de total transparencia sobre el dinero que está puesto sobre la mesa que es exclusivamente para la reconstrucción, sobre todo cuando hay tantas familias que fueron afectadas por los sismos.

Damnificados, la prioridad

Al ser cuestionado sobre la situación en la que quedan miles de damnificados luego de esta problemática, Merino Huerta considera que el gobierno capitalino debe continuar con las acciones que venia realizando la Comisión, pues recuerda que la prioridad en este momento deben ser todas esas familias que se encuentran en la incertidumbre al haber perdido su patrimonio.

Afirma que al ser para Ciudad de México acciones indispensables se deben realizar con la mayor claridad y celeridad, pues se está lastimando a mucha gente, “ese es el tema de fondo, el cual ha quedado atrapado por una polémica generada a mi juicio de manera inapropiada por los diputados de la Asamblea Legislativa”.

“Urge dar certeza jurídica a los afectados por el sismo, por lo que es necesario entregar a cada uno de ellos los dictámenes formales, que conforme a la ley debe concluirse antes del 15 de marzo. Esa una tarea que el gobierno de la ciudad debe seguir haciendo y ya estaba programada por la Comisión. Además de concluir con la demolición de edificios en riesgo, así como el darle opciones financieras a las personas que perdieron su patrimonio”.

Renuncia sin marcha atrás

Respecto a la posibilidad de que regrese a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, el politólogo asevera que mientras las condiciones actuales se mantengan vigentes no existen las condiciones para que recule en su decisión ya que los diputados siguen teniendo  las facultades para conducir el proceso de reconstrucción.

“El hecho de que exista una iniciativa no modifica los hechos jurídicos, por lo tanto las condiciones siguen siendo las mismas, las razones que me llevaron a renunciar no se han modificado. No tengo ninguna razón para reconsiderar. Esto no quiere decir que renuncie a mi derecho al acceso a la información, de reclamar la buena administración de esos dineros”.

Dice que, al igual que todos los mexicanos, sea o no parte de una comisión, tiene el derecho de exigir la rendición de cuentas, “por eso convocó a asumir esos derechos pues son derechos que la gente debe saber usar. Debemos estar muy alertas para que ese dinero no se desvié y sea mal usado; por el contrario, debemos asegurarnos de que efectivamente cumple con su propósito”.

 

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Balance

Al hacer un balance sobre el trabajo realizado por la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Mauricio Merino destaca que pese a que las cosas no se dieron con la rapidez que ellos hubieran querido, entre otras cosas se logró:

* Un nuevo Reglamento de Reconstrucción de la Ciudad de México, mucho  más exigente que el que existía  antes del sismo del 19 de septiembre.

* Una la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

* Un Fondo para la Reconstrucción.

* Se publicó el Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México.

* Un Programa de Demolición para los edificios que se encuentran en riesgo, así como el inicio de las demoliciones.

* La Plataforma Ciudad de México donde se pueden identificar y publicar no solamente la zonas de riesgo de la Ciudad de México, sino cada uno de los edificios que se habían venido dictaminando con la ficha técnica correspondiente.

Merino Huerta indica que, además de todas estas acciones, lo más importante es que se logró establecer contacto con las personas afectadas por el sismo para ofrecerles  certeza jurídica.

“Hubo una intervención directa de distintas dependencias bajo la coordinación de reserva de la Comisión para resolver problemas muy concretos  de la situación jurídica de cada uno de los edificios o de las viviendas unifamiliares. Fue un esfuerzo serio para darle garantías a los afectados, por lo menos para que tuvieran algún ingreso básico para pagar la renta mientras su situación se modificaba”.