No es cualquier día, es la fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una conmemoración y no un festejo o celebración; sino una fecha que nos obliga, a partir de un enfoque de derechos humanos, a reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. Es un día en que al mirar atrás podremos ver lo mucho que hemos avanzado, pero sin duda advertimos que, pese a los progresos alcanzados en el último siglo, las esperanzas de lograr la igualdad sustancial (real y efectiva) están lejos de verse realizadas. Es evidente que aún tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre no solo en el derecho al voto, sino en el pleno acceso al ejercicio de la función pública y a la toma de decisiones. En el sector privado, el derecho al trabajo u ocupación no es suficiente, demandamos igual remuneración y oportunidad de ocupar cargos directivos. El texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza en su texto original de 1917: “a trabajo igual, corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo”. Cien años después aún estamos lejos de esto. El  Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la discriminación (empleo y ocupación) y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obliga a los Estados a garantizar a las mujeres: pleno desarrollo; ejercicio y goce de sus derechos humanos; equidad; y la modificación de patrones socioculturales. Por último, el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de la Agenda 2030 (aprobada en 2015) es el de: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Hace más de 200 años Marie Gouze inició la lucha de la causa de las mujeres, de la lucha feminista colectiva; y acabó guillotinada por pretender incluir a la mujer (solo el 50% de la población) en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Lamentablemente, la violencia de género no es solo física, sino que lo es también estructural y cultural. El acoso y el feminicidio parecen formar parte de un mismo mal en distinto grado. Vivimos un clima de hostigamiento; basta prender el televisor o emplear las redes sociales para constatarlo. Ni hablar de la violencia que queda en las sombras, como el abuso o la violación sexual, muchas veces asociado a posiciones de poder. No podemos aceptar que esta situación se normalice.

Para lograr el bienestar de todas y todos, el acceso a recursos y la eliminación de las desigualdades en el trabajo remunerado son indispensables. Ambos son garantes de la autonomía femenina, que permite beneficiar no solo a ellas sino también a sus dependientes y a la sociedad en su conjunto. Sobre este tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publicó en 2016 su informe Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.  Según este reporte, si bien las mujeres participan menos en el mercado laboral, su carga global de trabajo es mayor que la de los hombres. En América Latina, 40 por ciento del trabajo de las mujeres es remunerado; en tanto para los hombres se acerca al 80 por ciento. En otro estudio, la OIT publicó en 2015 el informe: La mujer en la gestión empresarial: cobrando impulso.  Este arroja que, si bien las mujeres ocupan 40 por ciento de los empleos a escala mundial, su retribución es por lo general menor.

En México, de acuerdo con el informe de CEPAL, al año 2009, las mujeres se encontraban en la menor proporción de trabajo remunerado de la región; en tanto según la información que recaba la OIT, al año 2012 México se encontró en el lugar 51 de 126 países, de acuerdo con su porcentaje de mujeres con cargos directivos, con 32.1 por ciento. Esta cifra comprende miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública. En tanto, el porcentaje de propiedad de las empresas, al año 2016 y según el Banco Mundial, es de 34.75 por ciento a escala mundial, en América Latina es de 42.2, en nuestro país es sólo el 25.7 por ciento.

Aunque el techo de cristal comienza a fisurarse, a este paso, alcanzaremos condiciones de igualdad en el año 2070; lo cual resulta inaceptable, pues hablar de inclusión es hablar de los más básicos derechos humanos y estos no admiten dilación alguna. Para modificar está alarmante realidad y erradicar la violencia y desigualdad estructural es indispensable en primer término educar y continuar con el fomento a la preparación de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes. Cada vez más mujeres en todo el mundo salen al campo laboral con los niveles de preparación suficientes para ser competitivas. Actualmente, no emplear a mujeres, no darnos espacios, es perder una gran oportunidad. Porque ahí está el talento; solo hay que aprovecharlo. Para ello, es indispensable que el Estado establezca mecanismos adecuados de promoción y garantía en el ámbito privado. De manera paralela, el actuar del Estado no debe ni tiene por qué limitarse a la paridad de género en cargos de elección popular. Es claro que la consagración de la paridad como principio constitucional y en leyes electorales es sin duda una oportunidad histórica para abrir las puertas al talento de las mujeres mexicanas y al mismo tiempo “meter el acelerador”, para que nuestras niñas no tengan que esperar 70 años antes de lograr la igualdad. Sin embargo, hay que seguir trabajando con miras a que el 50-50 forme parte de todo órgano colegiado de la administración pública y de impartición de justicia. Así, este cambio podría irradiar de lo público a lo privado, mediante cuotas de género e incentivos al sector empresarial, productivo y de servicios.

Ahí están las mujeres, 50 por ciento de la población, esperando su momento, hay que empoderarlas. Este es un llamado a la acción, para que todas y todos hagamos nuestra esta agenda. Es nuestra obligación levantar la voz y visibilizar este problema, como lo han hecho valientes luchadoras sociales como Marie que han dado incluso su vida por todas nosotras. Por la igualdad.