Ya he mencionado en estas páginas que por ahí de los años noventa, la burguesía financiera internacional, que es la hegemónica en el mundo, pero a la que esa hegemonía no le ha bastado para enfrentar la crisis estructural que padecemos desde los años setenta, esa fracción financiera descubrió un nuevo filón, al que puede llamarse el mercado de los pobres, para ampliar el campo de explotación de las clases trabajadoras, esta vez no a través de la producción, sino en el área del consumo. Así, bajaron el umbral de los requisitos para obtener préstamos, ya sea personales, de nómina, o en hipotecas o tarjetas de crédito, a fin de enganchar a millones de trabajadores con bajos ingresos. Por supuesto, como los financieros sabían que se trataba de créditos riesgosos, elevaron las tasas de interés a fin de garantizar sus ganancias. El resultado inmediato fue efectivamente un crecimiento del consumo, es decir, de las ventas de todo tipo de productos desde ropa, mercancías electrónicas, automóviles o casas y departamentos, así como una enorme expansión de los créditos. El renglón que más se benefició, además del sector financiero, fue el de la construcción, de modo que se creó la llamada burbuja hipotecaria.

El mercado de los pobres, en efecto, propició el crecimiento de las economías y representó una importante fuente de ganancias durante un tiempo. Sin embargo, indefectiblemente, los trabajadores, tanto obreros como empleados de servicios, no pudieron cubrir tan caros créditos y las carteras vencidas fueron creciendo aceleradamente hasta que hicieron estallar la burbuja hipotecaria y vino la gran crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, que contagió al mundo en su conjunto.

Habría que señalar que, como parte también del mercado de los pobres, los financieros descubrieron otra vía, una de las más importantes, para ampliar el campo de explotación de los trabajadores, y fue apropiarse de los fondos de pensión. El procedimiento consistió en privatizarlos al crear empresas administradoras, que disponían, con el pretexto de acrecentarlos, de esos enormes fondos de pensión, y por medio de la colocación en bolsa, utilizarlos para financiar a los empresarios.

Por supuesto, esa forma de apropiación les otorga una enorme libertad a las administradoras, pues solo ellas deciden a cuáles empresas financian, ya sea por medio de la compra de acciones o por la otorgación de créditos. El trabajador, en cambio, aunque se trata de su fondo de pensión, no tiene voz ni voto, y ni siquiera puede enterarse de en dónde se están colocando los recursos de su pensión. Naturalmente, como toda inversión en bolsa, se trata de capital de riesgo, que si a veces gana, otras tiene pérdidas cuantiosas.

En nuestro país, dos casos parecen especialmente escandalosos. Uno es el de la malhadada OHL, empresa denunciada en múltiples ocasiones y países por practicar permanentemente el soborno a funcionarios para obtener contratos. Empresa que, con todo descaro, cuando se sintió amenazada de que se le declarase en quiebra, argumentó que eso perjudicaría a los trabajadores mexicanos, pues alrededor de 30 por ciento de sus acciones habían sido compradas con fondos de pensión. O sea que alguna administradora había decidido utilizar los ahorros de los trabajadores para financiar esa empresa corrupta y corruptora.

El otro caso, más reciente, es el de Ingenieros Civiles Asociados, ICA, en la que Pensionissste, es decir, la administradora del fondo de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, decidió comprar, hace dos años, 400 millones de pesos en acciones, cuando esa empresa había visto caer en más de 50 por ciento el valor de sus acciones y estaba ya al borde de la quiebra.  En agosto del año pasado, ICA (con sus diversos nombres y filiales) solicitó un concurso mercantil (una forma de quiebra), con lo que al mismo tiempo que se suspendió su cotización en bolsa, se presentó un plan de reestructuración. Ahora, tanto la Consar como Pensionissste, y hasta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se niegan a dar explicaciones y solo argumentan que se cumplieron los requisitos legales.

Total, que el mercado de los pobres ha operado como una fuente de ganancias para los empresarios y de pérdidas para los trabajadores. Se trata, en efecto, de un verdadero filón de explotación.