La contrarreforma hacia las audiencias/VI-X
Pese a los relevantes progresos constitucionales alcanzados en materia de reconocimiento de los derechos de las audiencias y de su sólida fundamentación jurídica por parte del Estado mexicano, paradójicamente, los concesionarios privados de los medios electrónicos comerciales argumentaron que tales garantías eran legalmente improcedentes y negativas pues atentaban contra la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de empresa, introducían la censura, impedían la adecuada transmisión cotidiana de las noticias, etc. Esto debido a que dichos lineamientos formularon entre otros los dos siguientes planteamientos constitucionales muy polémicos para los propietarios de los canales electrónicos: primero, al transmitir la información se debía distinguir claramente entre la información y la opinión por parte de los comunicadores. Segundo, se requería diferenciar la propaganda y la publicidad del contenido mediático de un programa.
Ante tales iniciativas incómodas para los concesionarios de la radiodifusión mexicana, dicho gremio decidió realizar una gran campaña masiva de desprestigio vía medios impresos, radio, televisión e internet, sobre tales garantías comunicativas formulando que atentaban contra la Constitución política mexicana, los derechos universales del hombre y los derechos humanos. Para lograr este objetivo, se recurrió a diversas figuras reconocidas por la opinión pública, barras informativas, noticiarios, plumas calificadas, editorialistas, voceros públicos, alcaldes de Jalisco, presidentes municipales, legisladores, gobernadores, partidos políticos, empresarios, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, la Iglesia católica, organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa… con el fin de enfatizar diversas ideas que fundamentaran su malestar contra los derechos de las audiencias a pesar de representar un importante logro social.
Así, para justificar su rebeldía se difundió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones había rebasado sus funciones constitucionales al regular dichas garantías comunicativas. Los lineamientos imponían criterios mordaza o de censura que obstaculizaban el libre ejercicio de la profesión comunicativa en el país. Se atentaba contra el derecho a la libertad de expresión. Se promovía la censura. El obligar a los conductores a distinguir entre la información y las opiniones que se manifiestan, resultaba contrario a los principios de libertad de expresión e información. Se vulneraba la libertad programática de las empresas de radio y televisión que afectaba sus logros comerciales. Se imponía a las compañías de radiodifusión una carga económica extra que perjudicaba su estructura financiera. Se avanzaba hacia el modelo venezolano de control estatal de la información, etcétera.
Asombrosamente, nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y parlamentarios preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para hacer crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la enorme oleada de crímenes a periodistas, comunicadores o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática, se escuchó tan indignados a los legisladores.
En esta forma, a través del ejercicio de dichas presiones, el poder mediático le cobró ampliamente al Poder Ejecutivo el apoyo ideológico que le brindó durante las elecciones del año 2012 para que en su momento el candidato Enrique Peña Nieto fuera apoyado por la radio y la televisión con el fin de llegar a la Presidencia de la República. Dicha situación se reforzó doblemente con el nuevo respaldo informativo que la industria de la radiodifusión le dio al presidente Peña Nieto en 2017 cuando este poder republicano se encontraba inmerso en una aguda crisis de aceptación y legitimación social ante la opinión de la mayoría de la población.
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