La inseguridad pública que se vive dentro y fuera de las instalaciones de las instituciones de educación superior, en especial el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, cada vez es más recurrente. Las estadísticas señalan que a diario se cometen diversos delitos, entre los que se encuentran: robo con violencia, agresiones sexuales, venta y consumo de drogas y alcohol, secuestro, asesinato, entre otros.

Tan solo en la última semana se registraron dos casos en instalaciones de la UNAM: el abuso sexual de una estudiante en uno de los baños de la Escuela Nacional de Trabajo Social, así como el despido de un profesor de historia, luego de que alumnas de la Escuela Nacional Preparatoria 5 José Vasconcelos denunciaran el acoso sexual del que eran víctimas. Sin hablar de la problemática de narcomenudeo que existe en CU.

Luego de fuertes protestas y ante el descontento de la comunidad que exige que se garantice la seguridad, la última respuesta de las autoridades fue la firma de un convenio entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Gobernación que tiene como fin frenar la violencia en el interior de los campus universitarios; sin embargo, en la firma del acuerdo hubo ciertas contradicciones.

De acuerdo con el titular de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se considera la posibilidad de que la Policía Federal entre a los campus universitarios a perseguir y a aprehender narcomenudistas. En contraste, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, se pronunció en contra de que la policía entre en las universidades.

Pese a que el rector de la UNAM, Enrique Graue, había sido tajante al señalar que vivir en un estado de vigilancia armada nunca fue, ni será, una opción dentro de CU, en la firma del convenio confió en que el acuerdo ayudará a encontrar las mejores formas de erradicar la violencia en las casas de estudio.

Para Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México de la Universidad Iberoamericana, es lamentable que en estos momentos se haya tomado la decisión de firmar un acuerdo de esta naturaleza pues deja ver ciertos tintes políticos que toman de pretexto la inseguridad en los campus de educación superior.

“Un convenio como este es un despropósito pues abre la puerta a un gobierno que como el del presidente Peña Nieto es poco respetuoso de la ley y no está en condiciones de asegurar la integridad de un sector importante de la juventud que se encuentra dentro de las universidades”.

Más allá de plantear si se vulnera o no la autonomía de las universidades, afirma que este convenio es el reconocimiento de un fracaso en términos de coordinación interinstitucional entre las autoridades universitarias o educativas y los gobiernos estatales, el cual al haber sido motivado por una cuestión de narcomenudeo en la UNAM estigmatiza a las universidades públicas de educación superior.

En ese sentido, considera que no tiene ventajas, salvo una cuestión política de supuesta colaboración entre las autoridades federales, entre un organismo que tiene bajo su control la Policía Federal que actúa de manera facciosa y las universidades de educación superior del país, pero en realidad no están atacando el problema de fondo.

“Por un lado, tenemos un pronunciamiento o un movimiento político de posicionamiento tanto del secretario de Gobernación como del rector de la UNAM que no arregla la situación de fondo, la cual tampoco se va a resolver con muros”.

Reflejo de la inseguridad

De acuerdo con Erubiel Tirado, la inseguridad que se registra en diversas áreas y regiones afecta de manera natural a la población juvenil que acude a los centros de enseñanza, sean públicos o privados. Por ello —dice—­ es importante revisar los puntos de inseguridad y vulnerabilidad en que los que se encuentran las comunidades estudiantiles.

Destaca que la violencia se origina de una estructura, de un entorno en el que los campus universitarios no son ajenos, “no se trata de negar que hay un problema de consumo y distribución de drogas, pero hay que decir que la comunidad universitaria tampoco es ajena a la inseguridad que se vive en el país, a los asaltos, la violencia, los homicidios. Sería una ilusión pensar que podemos tener un lugar controlado cuando a su alrededor todo está deshecho”.

El experto en seguridad señala que pese a que la inseguridad y violencia que se registra en el país no es algo que podemos solucionar desde las universidades, lo que sí se puede hacer es que la comunidad universitaria en general, tanto trabajadores, profesores, investigadores como estudiantes se sientan tranquilos dentro del campus.

“Las autoridades deben cerciorarse de que el transporte que los lleva y trae sea seguro. Crear un círculo de seguridad para que la comunidad universitaria se encuentre en una situación menos vulnerable que la que existe a su alrededor, lo cual no se ve que se vaya a resolver con la firma de un convenio”.

El coordinador del Programa de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México asevera que la problemática que se vive hoy en día, en específico en CU, es consecuencia de un problema estructural que se ha generado a lo largo de los años.

“Por ejemplo —dice— hace unos meses, cuando se detuvo a un distribuidor de droga en las afueras del campus universitario, “todo indicaba que el centro de operaciones de este personaje era el auditorio Justo Sierra o «Che Guevara», por lo que se esperaba un desmantelamiento de un espacio que prácticamente fue robado años atrás a la autoridad universitaria, pero no fue así”.

Indica que en su momento las autoridades de la Ciudad de México aseguraron que la detención había sido producto de un trabajo de inteligencia y de investigación; sin embargo, no aprovecharon la oportunidad de recuperar ese espacio que prácticamente se encuentra fuera de control.

Pese a los antecedentes que han existido, afirma que es como si de repente todas las autoridades del sector de seguridad en el país apenas se enteran de que algo malo está sucediendo en CU, lo cual es totalmente falso pues desde los años setenta ha sido monitoreada.

“Particularmente después del 68, el campus universitario y su sede son monitoreados y vigilados por la Policía Federal, por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Ciudad de México, la Marina, el Ejército, y no se diga por el Cisen, por lo que me parece una cuestión de  burla a las comunidades que se evada la responsabilidad de darles seguridad, sobre todo con este tipo de artimañas que en realidad no van a resolver nada”.

Cheque en blanco para policía

 El especialista advierte que, en el caso de las instituciones constitucionalmente autónomas de educación superior, el convenio firmado entre Gobernación y la ANUIES es atentatorio contra su autonomía, pues con cualquier pretexto no solo la policía, sino también el Ejército, puede entrar en los campus universitarios.

Aunque asevera que en este tema existe un hilo muy delgado pues tampoco se trata de que no haya casos en los que sí sea necesaria la entrada de la policía, “pero debe ser una policía auxiliar entrenada, con capacidad para enfrentar una situación de flagrancia, como es el caso de detener a alguien que esta distribuyendo drogas o que está agrediendo al alumnado”.

Indica que lo principal es que todas esas medidas se puedan definir con la ayuda y apoyo de la comunidad, siendo transparentes, lo cual no se ha hecho hasta este momento, pues la decisión de firmar el convenio solo se tomó por las autoridades.

“Es una triste paradoja que a 50 años del 68, de la vulneración de las instituciones emblemáticas como son la UNAM o el Politécnico, las cuales fueron tomadas por el Ejército, tengamos la posibilidad de que vuelva a ocurrir con el pretexto de la inseguridad”.

 

CU merece atención especial

Erubiel Tirado señala que en la actualidad el problema es que no se ha revisado cómo ha funcionado la vigilancia dentro del campus universitario, al cual se le debe de dar una atención especial ya que se trata de un espacio abierto, a diferencia de otras instalaciones, como las preparatorias, facultades de estudios superiores que al ser lugares cerrados están mejor controlados.

“Lo que se requiere en CU es un análisis riguroso y serio de seguridad perimetral. Hay que tomar en cuenta que sus alrededores son lugares donde la delincuencia y la impunidad es común, además de que existe la presencia de policías corruptas, lo que no significa que se tengan que levantar muros para que sea un espacio con una mayor seguridad”.

Lo más grave en la firma de este convenio ­—apunta­— es que no se tiene precisión en el contenido y alcance que puede llegar a tener, “lo primero es conocer lo que pasa dentro. Si funciona o no la coordinación entre las autoridades educativas y las locales. Si cuentan con una vigilancia adecuada. Todo se debe analizar antes de darle las llaves de nuestra casa a la policía, pues ese tipo de cosas tienen una lectura política que no se puede soslayar pues genera más dudas que confianza”.