Con el reloj encima y a punto de terminar el periodo de sesiones, este jueves 26 de abril, el Senado tomará una de las decisiones más esperadas en mucho tiempo. Deberá discutir las reformas y derogaciones a diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución para eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la república.

Hasta el cierre de esta edición se especulaba que si la decisión de las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia, Reforma del Estado y de Estudios Legislativos Segunda es que la minuta pase tal como llegó de la Cámara de Diputados, este jueves pasaría al pleno; pero al tratarse de una reforma a la Constitución, en caso de haber alguna adecuación, se le dará primera lectura mañana viernes y deberá votarse en el pleno hasta el próximo lunes.

Desde su aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 19 de abril, varios especialistas, entre ellos connotados constitucionalistas como Diego Valadés, levantó la mano para advertir que era momento de parar y analizar la medida para no poner en riesgo la gobernabilidad del país, aunque otros como el diputado Marko Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política, exigió a la Cámara de Senadores acelerar su aprobación.

En entrevista con Siempre!, el constitucionalista Diego Valadés Ríos señaló que en este momento el problema no es el fuero sino la impunidad, por lo que su eliminación lo único que haría es exponer el país a acciones temerarias contra altos funcionarios, lo que generaría dos tipos de efectos:

“Una resistencia por parte del poder en contra de ese tipo de acciones que nos llevaría a la dictadura; o bien, una claudicación ante ese tipo de acciones generarían una anarquía. Poner el país en la disyuntiva entre dictadura y anarquía, es una grave irresponsabilidad”.

Indica que el fuero conocido como una inmunidad procesal es un mecanismo de defensa para que en el caso de los legisladores únicamente puedan ser procesados previa autorización del cuerpo legislativo al que corresponden: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o Congresos locales, lo cual es una norma generalizada en todo el mundo, a fin de inhibir las acciones arbitrarias de los discrepantes, legisladores y del propio gobierno.

Sin embargo, destaca que al participar en procesos electorales muy competidos, los legisladores dejan en el camino rivalidades o enemistades, que hace que el sistema representativo quede a merced de venganzas, intimidaciones o presiones políticas que intenten bloquear o imposibilitar su actividad a través de denuncias penales temerarias.

Respecto al caso del presidente de la república, Valadés Ríos considera que esta reforma se convierte en un asunto de mayores consecuencias debido a que el presidente puede ser imputado por un juez ordinario, lo que ocasionaría que sistemáticamente se encuentre acorralado y presionado.

Sin dejar a un lado las medidas cautelares que le pueden imponer, como “el arraigo domiciliario; así como la portación de algún medio de localización en el tobillo o en el brazo. Lo cual resulta altamente degradante para un mandatario”.

Los vacíos

Al hablar sobre los posibles vacíos jurídicos que se podrían generar, el jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM destaca que en particular se debe revisar lo concerniente al derecho comparado, ya que se legisló de una manera muy ligera. Desde un punto de vista técnico, considera no es aceptable lo que se pretende hacer en el caso del presidente de la república pues considera que solo se trata de una forma de desviar la atención de otras preocupaciones relacionadas con la impunidad.

Expone que hay que tomar en cuenta que lo dispuesto en la Constitución en materia de inmunidad solo se refiere a que los altos funcionarios no pueden ser sujetos a proceso sin el consentimiento del órganos legislativo, mas no a que haya impunidad o que no se aplique una sanción o sujeción de un proceso para quien haya cometido algún delito.

“Hay muchos casos de diputados y senadores que tras haber delinquido no se les ha podido iniciar una causa penal por disfrutar del fuero; sin embargo, al terminar su periodo tampoco se les ha perseguido. Quiere decir que el problema no es el fuero sino la impunidad.

Valdés Ríos asegura que señalar que la impunidad se acabará con la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios es sólo una manera demagógica de enmascarar el problema de fondo. “Lo mejor sería corregir las verdaderas causas de la impunidad”.

 

En riesgo, la gobernabilidad

El también miembro de El Colegio Nacional asevera que el mayor riesgo que se corre con la eliminación del fuero es que se generarían grandes problemas para la gobernabilidad del país, por lo que dice que la decisión de activar de una manera tan súbita el dictamen de 32 iniciativas que estaban detenidas “es uno de los actos más irresponsables que se han visto en materia de política y penal”.

“Es importante que los legisladores adviertan que cometieron un error y que por lo menos deben dejar el artículo 110 en lo que respecta al juicio político al presidente de la república, así como el juicio de procedencia para los legisladores y otros funcionarios vigente en la Constitución”.

Lo cual —asegura— no quiere decir que no se deba modernizar, reformar o dinamizar para que sea más sencillo el procedimiento en contra de algún alto funcionario acusado de la comisión de algún delito, “pero en la medida en que terminemos por completo con el fuero, lo único que hacemos es exponer no solo al presidente y a los legisladores a medidas represivas, sino también a todo el sistema representativo y en esa medida hasta a los ciudadanos mismos”.

“Este  discurso en contra del fuero forma parte del mismo discurso en contra de los partidos, del sistema representativo, de la política. Es un tipo de discurso precursor de etapas dictatoriales, las cuales espero que no lleguen a México en ningún momento”, resalta.

Más allá de una lucha entre los poderes, reitera que el riesgo sería el acoso sistemático a los integrantes de los poderes por diferentes grupos de presión, pero sobre todo por organizaciones delictivas, “estamos en peligro de que ahora los que persiguen a los delincuentes serían perseguido por los delincuentes y acosados sistemáticamente, lo que desprotegería a la sociedad”.

“Eso nos llevaría a una espiral creciente de violencia y de impunidad mucho más grave del que padecemos en este momento, pero sobre todo la ingobernabilidad podría generar la tentación de superarla mediante procedimientos dictatoriales; o, tras la aceptación del acoso, caer en una anarquía”.