Acapulco.- Nestora Salgado García pasó de ser líder de policía comunitaria en Olinalá a candidata al Senado. Su candidatura revivió el debate sobre su presunta responsabilidad en el delito de secuestro por el que estuvo encarcelada casi tres años pero del que fue liberada. Su mención durante el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República obliga a recordar lo ocurrido en los municipios guerrerenses de Olinalá y Ayutla años atrás.
Salgado García se encargó de escalar el tema en los días posteriores al debate, presumiéndose inocente e impulsando el hashtag: discúlpate y renuncia, y amenazar con interponer una demanda legal contra José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, alegando difamación.
“La situación legal: estamos libres, demostramos nuestra inocencia, junto con el pueblo mexicano y además muchísimas organizaciones a nivel internacional. No es que no me hayan probado un delito, nunca lo cometí. Estoy aquí libre porque ellos (las autoridades) no pudieron probarme uno solo. Me acusaron injustamente. Me quitaron 2 años 8 meses de mi vida, por una mentira que no pudieron sostener. No tengo ninguna causa penal. Dijeron mucho. A los que dijeron que era una secuestradora: estoy aquí porque soy inocente, y con la cara en alto voy a luchar por mi gente” , llegó a declarar a su regreso a México.
Momentos clave de su pasado
En octubre de 2012, un grupo de habitantes del municipio de Olinalá, Guerrero, formaron la Policía Comunitaria, en respuesta a las extorsiones y problemas de inseguridad de la zona. Su líder, desde un inicio, fue Nestora Salgado García.
Desde 2011, se inició un deterioro sistemático y continuo de la seguridad pública en Guerrero. El gobierno estatal se vio rebasado y sin capacidad de respuesta para salvaguardar la integridad de las personas en diferentes zonas rurales de la entidad, entre ellas la región de la montaña a la que pertenece el municipio de Olinalá.
La Ley 701 establece el Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero. El cuerpo legal otorga facultades a esa policía rural para detener a presuntos criminales cuando haya denuncias, someterlos a un juicio ante la Asamblea de la Comunidad, y fija una sanción, generalmente basada en trabajo comunitario.
Entre 2011 y 2014 surgieron otro tipo de organizaciones de civiles que se conocieron como autodefensas, las cuales han buscado arroparse en la ley 701. Este tipo de agrupamientos armados no resolvió el problema de la inseguridad sino que además se convirtieron en un factor que hizo escalar aún más esa problemática.
Comenzaron a actuar como gobierno paralelo caracterizado por la vejación, la arbitrariedad y por incurrir en actos delictivos como la extorsión y la privación ilegal de la libertad.
Al mismo tiempo se agudizó la confrontación entre las células del crimen organizado que actúan en Guerrero, y precisamente en las zonas de siembra y trasiego de droga fue donde surgieron los grupos de autodefensas. En ese contexto surgieron acusaciones en contra de Nestora Salgado.
El 21 de agosto de 2013, Salgado García fue detenida por elementos del Ejército Nacional, Marina y Policía Federal en el municipio de Ayutla, por el delito de secuestro y delincuencia organizada acusada de al menos cincuenta secuestros. Dos días más tarde fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Nayarit.
Vericuetos políticos de la libertad
En julio de 2013, se inició la exigencia de una Ley de Amnistía a Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador de Guerrero. La presión no solo fue interna sino que también se orquestó desde Estados Unidos y contó con la participación de varias organizaciones de derechos humanos.
No era tan fácil como emitir un decreto. Una Ley de Amnistía, además de a Nestora, habría beneficiado a por lo menos 50 de los llamados “presos políticos” detenidos desde 1996 por su participación en actividades de la Policía Comunitaria, movilizaciones políticas y reivindicaciones sociales y que enfrentan cargos por lesiones, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas federales y hasta terrorismo.
Se trata de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) e incluso del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Policías Comunitarias y autodefensas tendrían que ser objeto del mismo criterio y, bajo esta premisa, bastaría con que cualquier gobernante de un estado donde se presenten autodefensas solicitara el desistimiento de cargos de quienes hayan sido detenidos.
En ese momento, la situación más crítica de las autodefensas se vivió en Michoacán, aunque también surgieron en otros puntos del país.
Vinieron los hechos de la noche de Iguala el 27 de septiembre de 2014 y la separación de Ángel Aguirre Rivero de la gubernatura.
Después de que su sucesor, Rogelio Ortega, ligado en otro tiempo a grupos guerrilleros, insistió en que Nestora no contaba con delitos federales y sí tenía autoridad para retener a personas pues pertenecía a la Policía Comunitaria.
“Se le acusa a la ciudadana Nestora Salgado de 50 secuestros, pero el juez la exoneró de un delito federal (…) Ella podía retener a las personas por ser policía comunitaria”, indicó el gobernador interino, el 15 de enero.
La liberación de Salgado fue producto de la petición que hiciera Rogelio Ortega, entonces gobernador de la entidad a Miguel Ángel Godínez Muñoz, para desistirse de la acción penal contra Nestora.
También existieron otros como el que no todos los testigos y denunciantes se presentaron a declarar en su momento.
Al salir de prisión, Nestora regresó a Renton, un poblado en Estados Unidos para retornar posteriormente a Guerrero unos meses antes de su asunción como “la comandanta”.
Puntos a considerar
El sistema normativo interno de justicia debe observar los principios procesales previstos en la Constitución, las garantías individuales, los derechos humanos y, particularmente, la dignidad e integridad de las mujeres.
Si dichas organizaciones armadas no entregan de inmediato al sospechoso de un delito y asumen funciones de ministerio público y juez, entonces sí violan la ley, tal fue el caso de Nestora.
En sus declaraciones ante el juez Cuarto de Primera Instancia de Tepic, Nayarit, Salgado reconoció que no pertenece a ningún grupo indígena y que no fue elegida por los pueblos indígenas náhuatl o tlapaneco, sino por habitantes de la cabecera municipal de Olinalá para después de unirse a los policías comunitarios.
Olinalá es un punto estratégico para el trasiego de drogas hacia Puebla y Morelos de la zona productora de enervantes en la región, controlada por la banda criminal de Los Rojos.
