Cerca de cien homicidios de candidatos a diversos cargos de representación popular, militantes o funcionarios de partidos en lo que va de este proceso electoral; poco menos de mil renuncias a la contienda presentadas por aspirantes a puestos federales y locales; candidaturas desiertas por miedo al crimen organizado; e individuos que amenazan con actos de violencia o hacen apología de los mismos a través de medios de comunicación; ese es el contexto de violencia política en México.
En un país, considerado por Reporteros Sin Fronteras como el más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, lamentablemente no sorprende que ahora, en el contexto de las campañas electorales, la violencia busque amenazar el orden democrático. Lamentablemente en nuestro país, estos hechos colocan a la libertad de expresión, los derechos políticos y, en general, al sistema democrático en vilo. Pareciere que este es un mal que está en todas partes. Vaya hasta en las propuestas; es incomprensible e inaudito que un candidato proponga penas inusitadas, rechazadas por nuestra Constitución y la comunidad internacional, que atentan contra la dignidad de las personas, en cualquier contexto o circunstancia. A esto se suman el discurso de odio, las fake news y la llamada “guerra sucia”, que a todos perjudica y a nadie beneficia, que opaca virtudes y se desvía de lo que es verdaderamente relevante; la capacidad para gobernar.
La regulación en este sentido es un verdadero reto. Porque, por un lado, existen las manifestaciones de personalidades públicas que por no apoyar a un candidato son atacados a través de las redes sociales, llamando incluso a boicotear sus producciones. Pero también se ha dado el empleo excesivo de argumentos de autoridad que buscan legitimar un movimiento y no hacen más que desviar la atención de quienes están siendo postulados. Además, en torno a lo que una persona puede o no decir en el contexto electoral, la normatividad vigente prevista incluso en la Constitución a partir del año 2007, es sin duda excesiva y genera censura.
En todo este ambiente nocivo de hostilidad y violencia, la Secretaría de Gobernación afirma que garantizará la seguridad de las personas en este proceso electoral y en los comicios del 1 de julio. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral (INE) se preocupa por dejar claro que esta no es su competencia.
Sin embargo, el artículo 244 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el presidente del INE podrá solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran. De esta manera, hace un mes el Ejecutivo federal presentó el protocolo de protección para los candidatos presidenciales, en este participan miembros del Estado Mayor Presidencial y fuerzas federales de seguridad, en específico de la Policía Federal. Sin embargo, ¿qué hay del resto de los candidatos que pudieren sufrir amenazas a su integridad?
Sobre este tema ya se han pronunciado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el 10 de mayo pasado, reunida en su 168 Periodo Ordinario de Sesiones en República Dominicana, emitió un comunicado en el que señala que se encuentra en observación de la violencia durante el proceso electoral.
¿A qué entidad pública debe corresponder esta tarea? Actualmente y desde el año 2012, en México existe la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que prevé un mecanismo de coordinación entre la federación y las entidades federativas, en la implementación y operación de medidas de prevención, preventivas y urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por el ejercicio de dichas labores. Se ordena la creación de un mecanismo que lleva el mismo nombre, así como de un fondo para estos efectos.
La Secretaría de Gobernación es la encargada de su operación y cuenta con una Junta de Gobierno, en la que participan órganos especializados como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso se invita a un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, esta instancia cuenta con un Consejo Consultivo, integrado por expertos, y una Coordinación Ejecutiva Nacional. Dentro de las virtudes de este instrumento, se encuentra la amplitud de su protección, que comprende no sólo a la víctima de agresión o personas en peligro inminente, sino además a sus familiares, dependientes, colaboradores, sus bienes, así como otros individuos atendiendo al caso en concreto. Adicionalmente, se establece un procedimiento expedito en caso de riesgo alto. Por lo que hace a las medidas de protección en concreto, deben reducir al máximo la exposición al riesgo, ser idóneas, eficaces y temporales, además de que en ningún caso deben restringir las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales. A este respecto, se prevé la intervención de las autoridades federales en caso de ser necesario.
Parece que aún no existe en la sociedad un verdadero respeto a la libre difusión de ideas, al ejercicio de la profesión y la legítima aspiración política. Esto es inaceptable y el Estado debe ser garante de estos derechos. Por ahora, estimo que el primer paso es garantizar que no haya impunidad.
Acto seguido, es de vital importancia adoptar mecanismos de protección, con el marco jurídico vigente por la ley electoral, dentro del ámbito competencial de cada autoridad, considerando que existe una obligación cualificada en aquellos sectores que definen nuestro orden democrático, como pueden ser defensores, la prensa o en este caso quienes participan en un proceso electoral.
Por último, y en esto es necesario ponerse a trabajar cuanto antes, se debe desarrollar un mecanismo para la protección de ciudadanos que tengan el carácter de candidatos a un puesto de votación o que formen parte estructuras partidistas o de organismos del Estado especializados en esta materia.
Mucho se ha hablado del gran cúmulo de cargos contendiendo este año, el más grande en la historia de México. En dicho sentido, la vida, la libertad e integridad personal constituyen prerrogativas que permite el pleno goce y ejercicio de la totalidad de los derechos humanos, lo que por supuesto comprende los derechos político electorales. No podemos permitir que se normalice la violencia.
¿Qué es de un país que no protege la legítima aspiración de sus ciudadanos a ejercer un cargo público?, ¿que no salvaguarda plenamente la libertad de expresión?, ¿que no garantiza el ejercicio de la labor informativa libre de violencia?
