La organización Acción Ciudadana contra la Pobreza, que según se informa reúne a más de 60 organizaciones, protestó, con razón, contra la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) de no aceptar un aumento salarial, argumentando que la economía mexicana enfrenta riesgos y hay que ser prudentes. Tal decisión contrasta con la sugerencia de los propios empresarios que, en voz de nada menos que la Confederación Patronal de la República Mexicana, de manera reiterada han planteado la necesidad de un aumento e incluso ha dicho que el salario mínimo debe elevarse de los 88.36 que rige actualmente a 98.15 pesos diarios, y han señalado que hay las condiciones para que no se afecte la economía.

Por supuesto, la Comisión dijo lo de siempre, que no hay que aumentar los mínimos porque se provocaría inflación y también que finalmente casi nadie gana en México el salario mínimo. Las dos afirmaciones son falsas, porque el pago de los salarios representa solo un tercio de los costos de las mercancías y, desde luego, porque la alta tasa de ganancia prevaleciente en México permite absorber un aumento tan magro como 9.79 pesos.  En cuanto a que casi nadie gana el mínimo, la realidad es que 7 millones 926,332 trabajadores reciben precisamente ese mínimo y es obvio que un sueldo mensual de 2,650 pesos mensuales no dan ni para comprar la canasta alimentaria básica.

Si la decisión de la Conasami ha provocado indignación, la de los negociadores mexicanos del TLCAN es ya escandalosa, pues cuando tanto Estados Unidos como Canadá demandaron que México elevara sus salarios, la respuesta fue que eso era innegociable. Que yo recuerde, es el único caso en que los negociadores mexicanos hayan calificado un asunto como innegociable dentro del TLCAN. Y es que, en realidad, la competitividad de la economía mexicana frente a sus socios solo se ha sustentado en la baratura de la fuerza de trabajo, lo que es indignante, porque eso significa salarios precarios en general y de hambre para los casi 8 millones que ganan el mínimo. Por eso, la Acción Ciudadana contra la Pobreza, al protestar por la decisión de la Conasami, insistió en que la competitividad debe sustentarse en “un impulso a la inversión, a la innovación, la educación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

Por cierto que la nueva actitud de los patrones respecto de los salarios también está relacionada con el TLCAN, pues aunque alrededor de 80 por ciento de las exportaciones de México las realizan empresas extranjeras, la orientación de la economía hacia el exterior que trajo el neoliberalismo también ha afectado a los empresarios nacionales, por dos vías. Una, porque gran parte de las empresas están hoy vinculadas a las exportadoras extranjeras. Otra, porque la política de topes salariales, aplicada desde 1977 hasta la fecha, que ha provocado una pérdida de más de 70 por ciento de la capacidad adquisitiva de los salarios, ha estrangulado el mercado interno, lo que significa que los empresarios encuentran dificultades para vender sus mercancía y servicios. Ahora que el TLCAN está en dificultades, los empresarios tienen que buscar los modos de reactivar el mercado interno, y eso tiene que ver con el aumento de salarios. Los funcionarios, tanto de la Conasami, como los negociadores del TLCAN, siguen aferrados al neoliberalismo y a sustentar la competitividad de la economía mexicana en los bajos salarios de los trabajadores mexicanos.