A casi tres semanas de la virtual victoria electoral del candidato presidencial de la alianza “Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, las “propuestas” que avizoran lo que será el próximo Gobierno, en lugar de moderarse, parecen intensificarse. Hace una semana el virtual Presidente electo dio a conocer 50 lineamientos para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad. En dichas directrices se abordaron numerosos temas, como los referentes a la eliminación del fuero, el actuar en materia de combate a la corrupción, los recortes salariales y presupuestales, entre otros; temas que sin duda serán materia de discusión y debate público en los meses por venir.

En primer término, López Obrador se refirió a que el Presidente de la República sólo podrá ser juzgado por violaciones a derechos electorales y delitos de corrupción. Esto puede interpretarse como una excepción a la propuesta  general en contra del fuero de cualquier tipo, independientemente del cargo. Aunado a lo anterior, se propuso ampliar el capítulo de delitos graves para combatir actos de corrupción, lo que implicaría un aumento en la aplicación de restricciones constitucionales a derechos humanos, que pudieren redundar en una ampliación de medidas como la prisión preventiva oficiosa.

Por lo que hace a las políticas de austeridad anunciadas, y con independencia de que es posible estar de acuerdo en mucho de lo apuntado, considero que no se está dimensionando la trascendencia de algunos de los recortes, así por ejemplo pensando en los 10 organismos constitucionalmente autónomos, cuya función es independiente por mandato de la propia Constitución. Todos ellos, cuentan con autonomía presupuestaria, lo que implica que hacen su propia proyección de la cantidad de recursos que requieren por ejercicio, la remiten al Ejecutivo y este simplemente incorpora dichas partidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que somete a la Cámara de Diputados. ¿O se pretende tener más injerencia en estos órganos?

Con esta propuesta, advierto con preocupación una afectación masiva a derechos de trabajadores, servidores públicos de confianza, que se verán sustituidos por otros afines al nuevo gobierno. En dicho sentido, ¿habrá o no despidos masivos? Según lo planteado por el plan de austeridad, el recorte sería del orden de un 70% del personal de confianza, sumado a una reducción de los gastos de operación en la Administración Pública Federal en la misma proporción. En su comunicado, López Obrador anunció también que se bajarán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales, de manera “progresiva”. ¿No será más bien regresiva? Vale la pena poner atención en este punto, puesto que esto pudiere ser causa de responsabilidad internacional por violación al principio de progresividad en la protección de los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado. Peor aún, los trabajadores de confianza, aquellos que de por sí no tienen estabilidad en el empleo, que tienden a ser los más preparados, pero que lamentablemente se han desvirtuado en nuestro país por la forma en la que llegan a sus respectivos cargos, trabajaran de lunes a sábado en un horario de ocho horas. Así, en pleno Siglo XXI, prácticamente diremos adiós a las familias conformadas por dos padres o madres que tengan cargos públicos y daremos la bienvenida a más burócratas cuyo estándar de supervisión se basará en el número de horas que pasan detrás del monitor, más que en las tareas que realicen efectivamente y la calidad con las que las ejecuten.

Otro tema que me parece sumamente relevante es el de someter cuestiones de interés nacional a “consulta”. El artículo 35 de nuestra Constitución prevé las consultas populares como un mecanismo de democracia directa, cuyos resultados pudieren ser vinculantes para cualquier autoridad. No obstante lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna el primer ejercicio de este tipo (si bien se ha intentado, ninguna ha sido aprobada desde su incorporación en 2014) no podría ser sino hasta el día de las próximas elecciones federales, es decir, el primer domingo de junio de 2021. Hablar en otros términos implica, sin duda, tener en mente una reforma constitucional que permita salvar este requisito o, en su caso, llevar a cabo una simple auscultación pública cuyo resultado en realidad no tenga sustento jurídico vinculante. En dichos términos, ¿cuál sería la postura del Instituto Nacional Electoral ante un ejercicio de este tipo? Lo cierto es que no estaría obligado a asistir en la elaboración de la misma, dificultando así su levantamiento, aunado a que afectaría su validez y legitimidad.

Adicionalmente, parece contradictorio hablar de una reducción del gasto si se plantea aumentar el número de Secretarías y, además, el traslado de la mayor parte de las existentes al interior de la República. ¿Constituirá un reactor económico o será una política altamente costosa que generará menor eficiencia en las labores de la Administración Pública? A mi entender, se trata de una decisión sustentada en la concepción de que el gasto público debe ser el motor de la economía; algo que por sí mismo me parece altamente preocupante. ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Por donde queramos analizar esta medida, algo de estas dimensiones para poder ser implementado no será una medida austera. Y que decir de la propuesta de designación de delegados federales en cada entidad federativa. Mucho se ha criticado que en México no se ha hecho vigente una verdadera Federación. ¿Aquí también hay ahorro o es mero control político?

Por supuesto estoy a favor de la implementación de políticas de austeridad en el sector público, de terminar con los excesos y los gastos superfluos a cargo del erario; y por ende, estoy de acuerdo con muchas de las propuestas planteadas. Es claro que debemos contar con órganos e instancias públicas menos robustas, que permitan atender sus funciones de manera más eficiente, pero en el ámbito de sus competencias y en estricto respeto al equilibrio de poderes. Por ello me parece que cualquier política que busque implementarse, debe lograrse a partir del diálogo, el debate y la negociación política entre los diversos órganos que sean dotados de autonomía en nuestra estructura estatal y no sirviéndose de la imposición o de una figura presidencial con un poder excesivo del que tanto nos hemos lamentado históricamente. A Andrés Manuel López Obrador, le corresponde, desde ahora y para efectivamente pasar a la historia como un buen Presidente, autolimitarse.