Una ligera revisión del panorama económico que tendrá que enfrentar López Obrador al asumir la Presidencia, muestra que sin duda el problema mayor es la deuda pública. Hasta mayo de este 2018, la deuda interna del sector público federal sumaba nada menos que 6 billones (millones de millones) 799 mil 644 millones, mientras la deuda externa importaba 201 mil 724 millones de dólares. Y es que el endeudamiento durante el sexenio de Peña Nieto ha sido sumamente acelerado, pues tuvo un crecimiento de más del 100 por ciento, es decir, su saldo se multiplicó por dos en apenas cinco años y medio.
Naturalmente, este enorme endeudamiento implica límites muy importantes para la asignación de fondos a otros rubros, como apoyo al campo, a educación o salud, porque hay que dedicar al pago del servicio de la deuda, (tanto interna como externa) una parte significativa del presupuesto federal, que se clasifica precisamente como no programable, esto es que se toma como una obligación que no puede modificarse, sino que depende de los intereses y amortizaciones establecidos en los contratos o en los valores emitidos en el mercado.
Si la deuda es el problema mayor, el segundo está representado por las consecuencias de la reforma energética y por la política aplicada a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para justificar precisamente esa reforma. Como ha sido evidente durante los últimos años, no ha habido nuevas inversiones, ni siquiera el mantenimiento necesario de las plantas existentes y a ambas empresas se les han aplicado recortes presupuestales, que en el caso de Pemex han superado los 160 mil millones de pesos. Esa política ha determinado el descenso de la producción, a lo que se suman las diversas rondas para otorgar concesiones al capital privado nacional y extranjero.
De esa manera, la llamada renta petrolera tiende a descender y hay que recordar que ésta había financiado desde el 30 hasta el 40 por ciento del presupuesto federal. O sea que la reforma energética, además de las consecuencias sobre la economía en general, implica una restricción presupuestal que se suma a la proveniente del servicio de la deuda.
La orientación de la economía hacia el exterior a partir de las políticas neoliberales y en particular la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a lo que se suman la caída de los salarios reales y en general el empobrecimiento de campesinos y trabajadores urbanos, han provocado el estrangulamiento del mercado interno. Esta realidad, junto a los recortes presupuestales de los años recientes, explican en gran parte la baja tasas de crecimiento de la economía que apenas llega a un promedio de alrededor del 2 por ciento.
En cuanto a la renegociación del TLCAN, la situación también es crítica, porque de por sí, la apertura de nuestro mercado al capital extranjero en todas sus formas, como capital mercancía, como capital productivo y como capital dinero, ha significado una extranjerización de la planta productiva con la consiguiente descapitalización interna que supone la remisión de utilidades y el servicio de la deuda, además de la explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, de nuestro país. Después de que el tratado ha sido desfavorable para México durante estos 23 años de operación, ahora Trump está empeñado en obtener todavía más ventajas.
Remontar la crisis de la economía mexicana, pues, es la tarea que enfrentará el gobierno encabezado por López Obrador, y es obvio que son muchas las dificultades. Por lo pronto, no puede dejar de mencionarse que hasta ahora no se ha producido la fuga de capitales que algunos pronosticaban si triunfaba en las urnas, y al contrario el peso se ha recuperado a partir del primero de julio.
