El pasado domingo 1 de julio los mexicanos participamos en una jornada electoral sin precedentes, nunca antes en la historia democrática de nuestro país se habían elegido tantos cargos de representación popular en un solo proceso. Votó cerca del 63% del padrón.

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo cerca del 53% de las preferencias electorales, convirtiéndose así en el más votado de la historia, razón por la cual su legitimidad es, en este momento, mayor a la de cualquier otro ejecutivo electo de manera democrática en nuestro país y refleja por lo menos en lo inmediato un sistema electoral confiable y vigoroso.

Sin embargo, lo que sigue ahora es el llamado periodo de transición en tanto el inicio de su mandato comenzará hasta el próximo 1 de diciembre. Lo anterior ha sido ampliamente criticado por la excesiva duración del periodo de transición, al grado de haber sido objeto de reforma constitucional; en específico  el artículo 83. Esta disposición dispone actualmente que el presidente de México comenzará a ejercer su encargo el 1 de octubre; pero, esto no será aplicable sino hasta la elección presidencial siguiente, por lo que este periodo no será un sexenio propiamente dicho, ya que transcurrirá del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

Es importante hablar del periodo de transición en tanto todo ejercicio de poder público requiere ser legítimo, tener justificación, para su adecuado funcionamiento y, en este caso, estamos frente al ejercicio de una administración saliente que, por los siguientes cinco meses, se verá asediada por la voluntad popular que ya fue expresada oficialmente en las urnas. Este plazo generará un sinnúmero de retos, principalmente ante visiones de Estado y política pública evidentemente discordantes y a ello dedico el siguiente comentario.

Antes que nada, debemos partir del carácter que tiene durante estos días el virtual ganador; toda vez que según lo previsto en el artículo 99 constitucional, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano encargado de realizar el cómputo final y pronunciarse respecto a la validez de la elección, lo que comprende la declaración de presidente electo.

Esta determinación podrá emitirse una vez que el Instituto Nacional Electoral concluya su labor de fiscalización y hayan sido resueltos los medios de impugnación que en su caso se promuevan, lo que en este proceso se estima poco probable en atención a la contundente victoria. Con ello, se dará por terminado este proceso electoral.

En dicho sentido, si bien esta semana hubo un primer acercamiento entre el presidente Peña Nieto y López Obrador, se acordó acertadamente iniciar formalmente el proceso de transición hasta que el máximo órgano judicial electoral del país lleve a cabo la declaratoria de presidente electo.

En dicho estado de cosas, el actual titular del Ejecutivo invitó a López Obrador a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico el 24 de julio próximo, en Puerto Vallarta; lo cual plantea cuando menos la interrogante respecto al carácter con que acompañará al mandatario y a la delegación mexicana. Debemos tener presente que incluso funcionarios de alto nivel de otros Estados participantes han manifestado su intención de reunirse con quien será nuevo presidente de nuestro país.

Por lo que hace a los recursos para este proceso de transición, los mismos ascienden a 150 millones de pesos y están previstos en el último párrafo del artículo 3 del Presupuesto de Egresos 2018. Esta es la cantidad autorizada para los “trabajos y actividades asociados” al presidente electo, con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas que ha sido tan debatido. ¿Qué va a hacer López Obrador con ellos? ¿Cuáles son estas funciones relacionadas con el candidato victorioso?

Según lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el actual Ejecutivo elaborará anteproyectos de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, con apoyo del presidente electo e incluyendo sus recomendaciones. Para este fin y para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, se prevé la asignación de este recurso, que podrá ser utilizado para la contratación de asesores. Es pertinente destacar que este dinero está sujeto a las disposiciones de ejercicio y fiscalización de recursos federales y la Cuenta Pública.

A esto también se refiere el numeral 63 del reglamento de dicha legislación, que otorga al secretario de Hacienda a través de una unidad administrativa. Adicionalmente, especifica algunos de los fines que podrán tener estas erogaciones, por ejemplo: la elaboración y presentación de los proyectos del paquete fiscal ya referido; el diseño de programas gubernamentales; seguridad pública y nacional; trabajos de enlace con la administración saliente; difusión, y actividades preparatorias que permitan crear las condiciones propicias para el inicio de su encargo; y termina dejando este listado abierto. Derivado de lo anterior, son recursos prácticamente de libre disposición, pero sobre los cuales sin duda deberá rendir cuentas.

En el ejercicio de estos recursos exigimos sin duda “austeridad republicana”, pero que esta no sea entendida como gasto cero, lo que derivaría en despropósitos que afecten las finanzas públicas y el diseño adecuado de las políticas públicas que serán implementadas al inicio del próximo sexenio.

Al momento en que escribo las presentes líneas, ya la siguiente jefa de gobierno de la Ciudad de México ha señalado que no erogará los 30 millones de pesos que, siguiendo la misma lógica, son asignados en la Ciudad de México al cambio de gobierno. Incluso, se aventuró a decir que los mismos deberían ser utilizados para la reconstrucción tras los sismos de septiembre del año pasado, lo que no tiene sustento legal y además pudiere entenderse como una medida populista que desvirtúa el proceso que siguen las instancias actualmente a cargo.

En el ámbito federal, vemos ya resultados de la “austeridad”, en tanto López Obrador se niega a contar con un equipo de seguridad que le acompañe. Como si una figura pública, quien sea, con su nivel de popularidad y que además en este caso es futuro titular del Ejecutivo federal de un estado, no necesitara protección.

Por supuesto hay mucho trabajo por hacer, pero este debe comenzar de manera ordenada, dando prioridad a garantizar el correcto actuar de la nueva administración y con miras a la implementación de políticas públicas que tengan resultados reales, de manera eficaz y lo más pronto posible. Espero que nuestro virtual presidente electo inicie con el pie derecho, que ejerza el presupuesto asignado en tanto sea necesario, que rinda cuentas y que sea fiscalizado, como cualquier otro servidor público; nada más y nada menos. Es momento de dejar atrás discursos de campaña  y someter cada una de las ideas y propuestas a una prueba de realidad.