El 22 de julio pasado el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que, a partir de la semana siguiente y hasta finales del mes de octubre del presente año se realizarán los Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional. En estas jornadas se invitarán a participar a víctimas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, académicos, integrantes del sector empresarial, organizaciones religiosas, actores sociales e integrantes de la sociedad civil, entre otros. Además, se plantearon eventos regionales en las principales ciudades del país que han sido azotadas por la violencia y, de manera paralela, se llevarán a cabo consultas a personas en reclusión, migrantes y refugiados, así como a ciertas comunidades. De nueva cuenta, vemos que el próximo presidente de la república busca servirse de las consultas para legitimar sus decisiones. A este respecto, sobra desarrollar las preocupaciones que ya he planteado en este espacio como su falta de vinculación o la dificultad que conllevaría su organización sin el apoyo logístico del Instituto Nacional Electoral. Por el momento, el candidato electo ya comenzó a vislumbrar un Pacto de Reconciliación Nacional, para la reconstrucción del tejido social, el desarme, la desmovilización y la reinserción de los grupos delincuenciales, así como el otorgamiento de garantías de no repetición. Sin embargo, nada ha dicho que nos permita tener claro entre quiénes sería el pacto del que se habla.

En mi opinión, sin embargo, el tema medular es que el próximo titular del Ejecutivo federal y su futuro secretario de Seguridad Pública han señalado que las propuestas hechas en dichos foros servirán para construir la iniciativa de la Ley de Amnistía, que será propuesta al Congreso para su aprobación. Lo anterior quiere decir que será precisamente el Congreso quien, en última instancia, decida si va para adelante o no esta medida y cuál deberá ser su contenido. Ahora bien, la principal preocupación que surge al hablar de estas leyes es, sin lugar a dudas, el derecho de toda víctima de un delito al acceso a la justicia y a la reparación. Porque reinserción y perdón no son lo mismo, y amnistía, más que un perdón, es un “aquí no pasó nada”. En dicho sentido, no es suficiente que se señale que en su elaboración serán escuchadas personas afectadas u organizaciones de la sociedad civil, ya que ello no salva el cuestionamiento sobre qué personas afectadas o qué integrantes de organizaciones deben estar en posibilidad de participar. Es evidente la imposibilidad de dar un lugar (y voz) a todas las víctimas y, por ello, esto necesariamente generará una afectación a derechos humanos.

Al respecto es relevante destacar que México no estaría innovando; de hecho, podríamos decir que sobre amnistía ya se ha discutido prácticamente todo en instancias internacionales. Debemos tener claro que se trata de una medida política, que busca proveer una solución jurídica a una problemática social que parece imposible de resolver. En ese tenor, usualmente se otorga a colectividades que, si bien son responsables por violaciones a derechos humanos, las cuales en ocasiones incluso son graves o se constituyen como crímenes de lesa humanidad, aún conservan cierta cuota de poder que pone en riesgo la estabilidad nacional y, por tanto, resulta la única vía para el fin de algún tipo de conflicto. Por lo tanto, esta institución de cierta forma bloquea el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar algunas violaciones, con miras a garantizar un alegado bien común. En el escenario mexicano ¿cuál sería el objeto de esta ley o sobre qué hechos versaría? Peor aún, ¿cuáles serían esos grupos acreedores a este beneficio? Sería descabellado pensar que podríamos determinarlos. ¿Cómo fijar la temporalidad que cubriría? Por esto, no entiendo la pertinencia de una figura de este tipo, tomando en cuenta que, en el ámbito internacional y en particular en el contexto latinoamericano, específicamente en Argentina, Chile, El Salvador, Perú, Uruguay, e incluso se propuso hace unos años en Venezuela al ganar la oposición la mayoría en la Asamblea Nacional, solo se han presentado este tipo de iniciativas al término de regímenes dictatoriales, para garantizar el fin al conflicto, la paz duradera y, en esos casos, sí, la “reconciliación nacional”.

Un cambio en la implementación de la política criminal y de seguridad pública es necesario, pero no tiene por qué llevar aparejada la concesión de amnistía. Por supuesto que es urgente modificar el método; pues lo que hasta ahora se ha hecho no ha funcionado. Me sumo a las voces que apuntan que ya no se le puede dar el mismo tratamiento a la persecución e imputación de delitos tan diversos como aquellos en contra de la salud frente a los que privan de la vida o ponen en riesgo la libertad o la integridad personal. Claro que hay que tener especial consideración en los procesos en que estén siendo imputadas personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, todo lo antes descrito no es materia de una amnistía.

La realidad es que la situación de inseguridad y delincuencia que aqueja a nuestro país es mucho más compleja que la amalgama de instituciones que ahora se plantea poner en marcha. Se debe dejar atrás, de una vez por todas, el esquema inquisitivo que aún sigue vigente en los hechos, emplear medidas de política criminal que pongan a la persona en el centro de su actuar, buscar en todo momento la reinserción social y garantizar el derecho de las víctimas. Pero ello no se logra con un “borrón y cuenta nueva”. Hay que realizar cambios al aparato de justicia en su conjunto, despenalizar lo que haya que despenalizar (esto tendría el efecto de liberar a quienes estuvieren condenados por dichos delitos), reducir penas, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias o las formas anticipadas de terminación del proceso penal y capacitar a los servidores públicos a cargo de la procuración de justicia. Vemos que se quieren analizar conjuntamente figuras claramente contradictorias, como la pertinencia de crear comisiones de la verdad con una iniciativa de Ley de Amnistía en puerta. No es una buena propuesta, a mi parecer, difícilmente se pudiera considerar popular; de hecho, fue una de las que generó más ataques por parte de los opositores. En este momento, el déficit más grave está en los altos niveles de impunidad, la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral. Esto comprende también a quienes han sido procesados injustamente. Hay que tener cautela al plantear una política estatal que pudiera derivar en el olvido; porque este puede llevar aparejada una privación a prerrogativas fundamentales. En cierto sentido, me parece que al anunciar que el Congreso tendrá “la última palabra”, se vislumbra la posibilidad de que esta idea termine en la “congeladora legislativa”. Por ahora, ojalá sirvan los foros para poner cada elemento en su lugar; colocando al centro en todo momento los derechos de las víctimas.