Ante la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de continuar por el mismo camino que permite hoy la Constitución y no apoyar la propuesta de las organizaciones civiles de modificar el articulo 102 a fin de apuntalar la autonomía e independencia política de la Fiscalía General de la República, Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que la apuesta en este momento se debe centrar en la profesionalización de la Fiscalía.

Indica que el problema que actualmente existe en la ley es que dependemos de la voluntad, por un lado, del presidente y, por otro, de la persona que sea nombrada como fiscal general, por ello, dice que la propuesta de los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás “es justamente no estar a expensas de esas buenas intenciones, sino por ley contar con las garantías mínimas de independencia”.

Al hablar sobre las ternas que hasta el momento ha presentado López Obrador para encabezar la Fiscalía General de la República, la anticorrupción y la electoral, Ricardo Alvarado señala que pese a que los perfiles propuestos por Obrador son indudablemente cercanos a él, en este momento la ley permite que este tipo de perfiles puedan llegar a acceder al cargo, “lo único que queda es esperar que realmente sean independientes, y justamente ese es el problema”.

Incluso recuerda que algunos de estos personajes son miembros activos de Morena, como es el caso de Bernardo Bátiz que fue procurador en la administración de Obrador en la CDMX, candidato del PRD y Morena, y recientemente diputado en la Asamblea Constituyente, “aunque ha sido el mejor procurador que hayamos tenido, de momento su nombramiento sería complicado en virtud de su cercanía con quien será presidente de la república”.

Explica que el tema no es de la moralidad individual sino de que existen estudios que demuestran que “la objetividad se pierde al juzgar a nuestros cuates. Si hay vínculos de años, el día de mañana si te toca juzgarme es muy probable que te inclines a mi favor. Eso es inevitable, es una condición humana. Por eso no es deseable que haya un vínculo político entre el presidente y la persona que ocupará la Fiscalía”.

“No se trata de un tema de quién es decente y quién no. Quién es moral o no. Lo mismo sería si como sociedad civil quisiéramos que el fiscal anticorrupción saliera de las filas de alguna organización como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, como bien lo ha dicho López Obrador, pues tampoco es la idea, estaríamos en un evidente conflicto de intereses. Pero ante ese mismo argumento es que alguien cercano al próximo presidente no puede ser fiscal general”.

 

Evitar “fiscales carnales”

El también maestro en políticas públicas por el CIDE asevera que finalmente lo que se requiere es que funcione la Fiscalía, y para lograrlo en política pública existen dos tipos de mecanismos: uno es modificar las leyes para crear instituciones; o bien realizar modificaciones suaves en las que no existe ninguna obligatoriedad, “simplemente es una negociación informal. Ante las circunstancias que tenemos, los mecanismos que nos quedan son justamente los informales”.

“Tenemos que presionar para que las personas que está proponiendo López Obrador demuestren que tienen las credenciales necesarias para ocupar el cargo, así como buscar integrar dentro de la lista que comparecerá ante el Senado a otros perfiles, de tal suerte que realmente pueda haber de dónde elegir. Ya será opción del Senado si se queda una persona cercana a Obrador u otro perfil”.

Reitera que lo único que se puede hacer para dejar de momento las modificaciones legales es fortalecer las capacidades institucionales de la Fiscalía y de esa manera atacar las severas deficiencias que existen a la hora de investigar los delitos, sobre todo cuando el problema de la impunidad que existe en el país se debe a que no tenemos la fortaleza ni las capacidades para investigar bien los delitos, ni tampoco existe la suficiente capacitación dentro del Poder Judicial para poder procesar esos delitos.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), que se aplica a 58 mil personas de la población carcelaria, tan solo entre 5 y 8 por ciento fueron encontrados culpables de acuerdo con la evidencia que aportó la investigación, mientras que el grueso fueron por confesiones y declaraciones de testigos, lo que quiere decir que la Fiscalía no está haciendo su chamba, no investiga los delitos”.

Las mesas de trabajo

En torno a las mesas técnicas para discutir el modelo de Fiscalía General que instalaron integrantes del equipo de trabajo del presidente electo con representantes de los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás, Ricardo Alvarado destaca que lo que se está buscando son los puntos de entendimiento entre las autoridades del próximo gobierno y las propuestas de las organizaciones civiles para garantizar que haya una Fiscalía autónoma, eficaz y profesional.

“La Fiscalía no puede depender exclusivamente de la voluntad del presidente, lo importante es que administre la justicia: que investigue, presente acusaciones, pero sobre todo que meta a la cárcel a culpables y no a inocentes”.

“De momento, lo que sigue es continuar con las mesas que abrió el gobierno del presidente electo, de dónde tendrán que salir conclusiones y compromisos puntuales que estén encaminados a garantizar, en la medida de lo posible, la autonomía de la Fiscalía y su profesionalización. Esos son los dos puntos en los que no debemos quitar el dedo del renglón”.

Propuestas de la #FiscaliaQueSirva

Respecto a las peticiones que en reiteradas ocasiones han hecho los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás, Ricardo Alvarado asegura que siguen siendo las mismas: por un lado, lo que tiene que ver con la duración en el cargo, y, por el otro, con el procedimiento para nombrar al fiscal, así como agregar algunos elementos en lo que concierne a la independencia política.

Precisa que la propuesta que se maneja en cuanto a la duración de cargo es que en lugar de 9 años sea solo de 6 años, además de que deberá ser transexenal; es decir, “que el nombramiento del fiscal se haga a mediados del sexenio, en colaboración con el Senado y la sociedad civil”.

“La propuesta para el procedimiento para nombrar al fiscal general es que, al momento de que el Senado integre la lista10 personas que comparecerán, exista un comité de evaluación técnica que sea el encargado de revisar los perfiles de cada una de las propuestas, de tal suerte que se encuentre conformada por personas que tengan cierta certificación, que sean profesionales, que dominen el tema y que además tengan la experiencia e independencia suficiente para estar al mando de la Fiscalía”.

Además —dice—, en lo concerniente a la independencia política se propone que se agreguen ciertos elementos como no haber sido candidato o haber ocupado algún cargo de elección popular en algún partido político en los últimos 4 años, así como pedir que la persona que haya sido fiscal no pueda ocupar ningún cargo dos años después de haber dejado el cargo.

Al hablar sobre aquellas voces que aseguran que los colectivos #FiscaliaQueSirva y #VamosPorMás llegaron a un acuerdo en lo obscurito con el nuevo gobierno, el politólogo rechaza la existencia de algún pacto y asegura que lo único que hay es la disposición de dialogar con el próximo gobierno, “esa es la manera que encontramos de enfrentar la realidad, en el sentido que creemos que es mejor para el país”.