A través de una ley de amnistía que impulsará ante el Congreso, Andrés Manuel López Obrador espera pacificar México y reducir los altos índices de violencia que se registran en el país; sin embargo, diversos especialistas coinciden en que resolver dicha problemática tomará varios años, por lo que aún cuando el plan de Obrador funcione, por lo menos a la mitad de su mandato llegará con una cifra muy alta de homicidios.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México cada día mueren asesinadas más de 85 personas, y es que la tendencia de homicidios no ha dejado de crecer desde 2015, lo que ha hecho que el país se haya situado por primera vez en la tasa de 25 muertes por cada 100 mil habitantes, por delante del índice criminal de Colombia y acercándose a la tasa brasileña, la cual tradicionalmente era superior.
A partir de este próximo martes 7 de agosto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciarán los foros en los que de acuerdo con Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, se recogerán los puntos de vista de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, sociedad en general y expertos que después se irán a una mesa redactora que será la encargada de crear el documento base para construir la iniciativa de Ley de Amnistía que será presentada al Congreso de la Unión.
Para Edgardo Buscaglia, experto en seguridad internacional y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A. C., la idea de una pacificación de López Obrador solo es una idea vaticanista o papal, “cree que la pacificación se puede generar a través de figuras presidenciales y lamentablemente no es tan fácil”.
Explica que el problema reside en que el próximo presidente de México y su equipo no han logrado darle forma a sus declaraciones y tienen la percepción de que todo se solucionará de arriba hacia abajo, al estilo priista, en lugar de proponer realmente mecanismos que han sido exitosos en otros países como Francia, Alemania o Canadá.
Considera que lo principal sería que se utilicen servicios de inteligencia masivos, se cree una ley de extinción de dominio que haga más ágil el desmantelamiento patrimonial de los grupos criminales y a través de las comisiones de la verdad se canalice la reparación del daño a millones de víctimas. “Eso es pacificar un país, hablar en serio, no solo improvisar, ni guitarrear”.
“En México, dónde hay cientos de miles de muertos, millones de personas que han sufrido abusos, familiares de desaparecidos, no se les puede venir con simples pronunciamientos políticos, por el contrario tiene que haber un proceso de paz que se dé a través de una convicción social, no a través de la justicia mexicana que está totalmente corrompida, en la que hay políticos, empresarios, redes criminales y autoridades policiales involucradas”.
Buscaglia afirma que ante la situación del país Obrador deberá tener la valentía para reconocer que la justicia no funciona en México pues existen muchos crímenes de lesa humanidad que no han recibido un procesamiento penal, como es el caso de Ayotzinapa, por ello se debe aplicar el derecho penal internacional y empezar a reparar daños.
Las comisiones de la verdad
Respecto a la importancia de las comisiones de la verdad, el experto en seguridad señala que serían verdaderos instrumentos para que inicie un proceso de pacificación pues ahí es de dónde comenzaría a llegar el material probatorio para que un tribunal internacional formado por jueces, fiscales y policías internacionales empiecen a generar sentencias.
“Es a través de estas comisiones de la verdad que la propia sociedad decidirá si desea o no dar la amnistía a ciertas personas, tomando en cuenta los criterio de los asistentes técnicos de la ONU o de la OEA, mas no a través de pronunciamientos papales, al estilo López Obrador”.
El presidente y su administración pueden muy bien decretar y generar espacios para las comisiones de la verdad en cada estado, como sucedió en Sudáfrica, Camboya o se está haciendo en Colombia, en dónde fueron conformadas por las víctimas que aún están buscando a sus desaparecidos, a sus muertos.
“Si Obrador le da el espacio que se requieren a las comisiones de la verdad entonces demostrará que realmente sabe lo que es una pacificación, que no se puede imponer a través de decretos y leyes de amnistía, pues es un proceso social muy doloroso que lleva años y en el que debe de estar presente la justicia transicional pues no existe pacificación sin una justicia previa”.
Señala que una vez que la justicia mexicana sea realmente reformada y los políticos no la puedan usar como condón, a través del código de procedimientos penales, se pueden dar beneficios procesales a los que colaboren con la justicia como ha sucedido en Italia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia.
“En esos casos el Estado sí puede negociar pero en el marco de un código procesal con el otorgamiento de beneficios procesales que únicamente se dan cuando hay de por medio penas y decomisos menores realizados a personas de le delincuencia organizada que colaboren con la justicia. Esa es la manera en que los estados decentes, fuertes, civilizados negocian procesalmente en el marco de la ley”.
Por lo pronto —afirma— todo lo que ha venido hablando López Obrador son improvisaciones de un hombre que aunque tenga las mejores intenciones “termina siendo un idiota iluso cuando habla de negociar con la delincuencia organizada que acabaría siendo lo mismo que el PRI vino haciendo por muchas décadas, lo cual es una barbaridad”.
Despenalización, medida poco revolucionaria
Tras señalar que la medida propuesta por Obrador de despenalizar las drogas en el país es poco audaz y revolucionaria, Buscaglia explica que toda sociedad civilizada lo hace pues no manda a la cárcel a un fumador de marihuana, ni a una persona que consume heroína, “simplemente se le somete a un procedimiento administrativo. Así que la despenalización no es una gran declaración revolucionaria”.
Indica que lo más importante es regular la producción y consumo de opioides, que muchas veces son sustitutos del fentanil y la heroína, así como de cualquier droga psicoactiva que tenga niveles tóxicos menores a los de alcohol y del cigarrillo, fin de quitarle mercados a las redes criminales.
El problema —dice— es que en México ni siquiera se ha podido regular la venta de las aspirinas en las farmacias, además de que existe un enorme mercado de medicinas adulteradas que genera costos sociales enormes en cuanto a salud pública y que también son dominios de la delincuencia organizada.
“Si desde ahora le comienzas a decir a la gente que puede producir opioides y marihuana, con el mercado criminal que existe en el país y la adulteración de estas drogas lo que va a suceder es que empezaras a tener al cartel de Sinaloa y a los de Jalisco Nueva Generación estableciendo empresas legales para vender esas drogas”.
El especialista afirma que la despenalización del consumo de la marihuana no le va hacer ni cosquillas a la delincuencia organizada, pues al despenalizar el consumo de marihuana para que la gente que fuma no vaya a la cárcel, no va a sacar del mercado a los criminales. “Lo que hay que hacer es regular la producción de opioides asumiendo que el Estado puede controlar la calidad a través de una regulación adecuada”
La salida de Obrador
De acuerdo con Buscaglia, López Obrador tiene que gastar su capital político e introducir las 45 instituciones que han logrado que otros países reduzcan la delincuencia organizada para recuperar la paz, la justicia que todos los mexicanos se merecen.
“Al igual que los grandes presidentes de la historia, debe invertir todo su capital político para tomar las decisiones más difíciles y costosas al comienzo de su mandato, porque después es complicado que lo pueda hacer, estará más desgastado, atacado y nadie le va a prestar atención a las reformas fuertes que trate de enganchar”.
Destaca que todo lo relacionado con temas de amnistía, despenalización, producción, regulación y consumo de drogas está perfectamente documentado en un reporte de la OEA, así como en las convenciones de las Naciones Unidas que México ha ratificado, en las que se contempla la justicia transicional, las comisiones de la verdad, así como las 45 instituciones que se requieren para combatir la delincuencia organizada, “de las que desafortunadamente en México sólo funcionan 12 y lo hacen mal”.
“Debe forzar a la clase política mexicana a que se limpie a si misma. Podría comenzar por una ley de participación ciudadana que permita auditorias de la ciudadanía como en Brasil, Francia, Alemania donde se puede auditar y las auditorias que resulten irregulares van a parar al auditor superior de la federación y derivan en una causa penal. Esa también es una forma de combatir la delincuencia organizada. Es una forma democrática de hacerlo”.
Abel Flores/Presidente de la CMDH
Se requiere aplicar la ley
De acuerdo con Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos (CMDH) más allá de un plan de pacificación como el que propone Andrés Manuel López Obrador, lo que se requiere es que el Estado mexicano aplique la ley, “mientras no la aplique, no habrá orden social. Además, no se puede tener un plan de pacificación en el que haya borrón y cuenta nueva debido a que nuestras instituciones no cuentan con fiscalías y policías bien preparadas”.
Por lo que advierte que una estrategia de este tipo solo será adecuada cuando la amnistía se otorgue dentro de un proceso penal, de lo contrario se estaría dejando de aplicar la ley y no serviría de nada, “si queremos que México sea un país seguro, sin impunidad, en el que de alguna forma la sociedad vea satisfecho su derecho humano al acceso a la justicia, el gobierno debe aplicar la ley, de lo contrario los grandes problemas de nuestro país seguirán siendo los mismos”.
Al hablar de si las víctimas quedarán o no desprotegidas, Abel Flores afirma que se debe ser cuidadoso en este sentido pues aunque en principio los delitos que aquejan a la sociedad se supone que no van a entrar, se debe tomar en cuenta que aún cuando el gran negocio de la delincuencia organizada sigue siendo el paso de la droga, las organizaciones delictivas tienen otras actividades ilícitas, como la trata de personas, que afectan de manera muy violenta a la sociedad por lo que no puede haber una amnistía en ese sentido.
Debe haber procesos de justicia
Abel Flores asevera que lo que es urgente es profesionalizar las fiscalías, la policía, contar con instituciones mejor plantadas y organizadas en el país, “debe haber fiscalías generales y locales eficaces en la investigación que lleven a los criminales a juicio. De esa manera la gente sabrá que, si hacen algo mal, habrá consecuencias”.
Sobre todo cuando —dice— la mayor violación de derechos humanos se encuentra en el tema de la seguridad pública que es un derecho humano primordial, “de qué te sirve tener vida si no tienes libertad para hacer tus actividades, pues te pueden asaltar, secuestrar o hasta matar”.
Indica que lo primordial es que los ministerios públicos en lugar de ser evaluados por un tema estadístico, lo sean por un tema de calidad, “pues actualmente dejan atrás lo relacionado con los derechos humanos. Solo piensan en cuántas carpetas de investigación se resolvieron en un mes, en lugar de cuántas personas se atendieron, cuántas carpetas de investigación son sólidas. Esos datos no se toman en cuenta”.
Ejes de Foros para la pacificación del país
Los elementos necesarios para:
1.- Materializar el Pacto de Reconciliación Nacional.
2.- La reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia.
3.- Desarme, desmovilización y reinserción de miembros de la delincuencia organizada.
4.- Otorgar como garantías de no repetición.
