ACAPULCO, Gro.- La reforma al artículo 14 de la Constitución del Estado se viene convirtiendo en bandera para nuevas movilizaciones sociales, por lo que la regulación de los cuerpos de policías Comunitarias y de civiles armados quedaría pospuesta prologando los más de 20 años en que de forma irregular operan este tipo de grupos en la entidad.
El 27 de julio, el Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 14 constitucional en cuyo texto se eliminan las palabras “policías comunitarias y rurales” del texto constitucional que rige a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena por lo que todos las brigadas de autodefensa y policías comunitarias quedarían fuera de la ley, incluso la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC) está amparada por la Ley de Reconocimiento de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero (ley 701).
El texto aprobado para el artículo 14 quedó de la siguiente manera: “la ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencia en las materias de seguridad pública de impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos”.
Todas las fracciones, y representaciones de partidos votaron para aprobar la reforma constitucional propuesta por el gobernador. La votaron los diputados del PRI y el PVEM y también los del PRD (sin que se aprobaran sus propuestas rezagadas que supuestamente estaban negociando); los de MC, y los diputados del PAN y el PT, menos la diputada de Morena.
Héctor Astudillo Flores, gobernador de la entidad rechazó que las reformas aprobadas en materia de fiscalización y de reconocimiento de los pueblos originarios violenten los derechos de los pueblos indígenas y la autonomía del Poder Legislativo.
El mandatario también dijo que hay grupos armados que se cobijan con la ley 701 y el artículo 14 de la Constitución local que están alejados a las comunidades indígenas o están vinculados y relacionados con grupos delincuenciales, y son los que precisamente se quieren regular.
En la actualidad existen 18 grupos armados de autollamadas policías comunitarias, ciudadanas, rurales o grupos de autodefensa mantienen presencia en por lo menos 38 de los 81 municipios del estado. Entre 2012 y 2013 llegaron a ser 41 municipios los tuvieron presencia de tales grupos armados.
Este tipo de grupos comenzaron a tener presencia en la entidad hace poco más de 20 años en la montaña alta de la bajo el cobijo de la diócesis de Tlapa y de Ángel Aguirre Rivero, entonces gobernador sustituto.
Tal fue el nacimiento de la Coordinadora de Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC). La agrupación tiene presencia en 15 municipios: San Luis Acatlán, Malinaltepec, Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Acatepec, Iliatenco, Atlixtac, Olinalá, Huamuxtitlán, Ayutla, Acapulco, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Tecoanapa y Tlapa.
Entre 2011 y 2015 surgieron la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y su Policía Ciudadana tienen presencia en comunidades de 12 municipios: Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villareal (Cruz Grande), Marquelia, Cuautepec, Azoyú, San Marcos, Copala, Acapulco, Ometepec, Chilpancingo y Leonardo Bravo (Chichihualco) y El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) tiene presencia en Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
También en ese lapso surgieron la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía udadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo, que opera en Olinalá, Cualac y en la colonia Zapata, de Tlapa y la Policía Comunitaria del municipio de Cuetzala del Progreso, que solo tiene presencia en las comunidades de Tianquizolco y San Andrés Tzicuilan.
También se creó la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, que tiene presencia en comunidades de Chilapa y a finales de 2016 surgió la Policía Rural, que tiene presencia en Petaquillas, municipio de Chilpancingo, aunque ésta, con la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia de Chilapa, han sido vinculados con el grupo delictivo Los Ardillos.
En mayo del 2017 se constituyó la Policía Comunitaria de Autodefensa en 10 pueblos de los municipios de Eduardo Neri (Zumpango) y Tepecoacuilco y en julio se constituyó la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, con presencia en siete ejidos de los municipios de Zihuatanejo y Coyuca de Catalán.
El Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan y el grupo de autodefensa de Ajuchitlán del Progreso.
El 20 de junio pasado 18 pueblos de los municipios de Chichihualco y Zumpango formaron la Policía Ciudadana para vigilar el corredor de Xochipala a Filo de Caballos.
Apenas el 1 de julio pasado integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan entraron a la cabecera municipal de Pedro Ascencio de Alquisiras (Ixcapuzalco) para organizar a los pobladores y crear un nuevo grupo de autodefensa tras un secuestro y ante amenazas y presiones de la delincuencia organizada.
Además existen el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón; la Policía Comunitaria Tecampanera, la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, el Movimiento por la Paz y la Justicia de San Miguel Totolapan, la Guardia Rural de Ejidos, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo y la Policía Comunitaria de Mezcala.
La aprobación de la polémica Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero ocurrió el 15 de febrero de 2011, aunque la iniciativa entró en 2009 y fue turnada a comisiones.
La Ley ha permitido la anulación de varias órdenes de aprehensión contra los integrantes de la CRAC-PC, a partir de juicios de amparo.
La 701 se usó por primera vez cuando fue detenido Maximino Tranquilino Santiago, coordinador regional de la Casa de Justicia Comunitaria de San Luis Acatlán, el 28 de agosto de 2012, acusado de privación de la libertad con otros coordinadores y comandantes regionales.
Las sentencias de jueces federales también evidenciaron la ausencia de mecanismos de coordinación y armonización de los sistemas normativos de justicia indígena con el sistema de justicia penal, que operan en constante colisión.