La historia de las modernas elecciones en México inicia a principios del siglo XIX, con la convocatoria para elegir diputados para constituir las Cortes de España, a fin de expedir la Constitución Política del reino, lo cual proporcionó al mundo la calificada como primera constitución liberal del mundo, promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812, bajo el título de Constitución Política de la Monarquía Española.

Desde esa Constitución se estableció un sistema electoral que, en esencia, estuvo vigente en México hasta 1987; por supuesto, con muchas experiencias propias de la historia, evolución y circunstancias particulares de la nación mexicana. Como denominador común, de estos casi 200 años de experiencia, se puede decir que las elecciones habían sido coto particular de los políticos y de la política, como si el Estado no existiera, como si las elecciones no fuesen una conducta social regida por el derecho.

Es verdad, en todas las Constituciones vigentes en México, así como en la legislación ordinaria, se han establecido disposiciones para regular los procedimientos electorales; se han instituido órganos electorales para preparar y llevar a cabo las elecciones, entre los que cabe destacar las tradicionales mesas directivas de casilla, con un presidente, un secretario y dos escrutadores, como ya estaba previsto en la Constitución Gaditana de 1812. Igualmente se había instituido, en toda legislación electoral, la vigencia de medios de impugnación, materialmente administrativos, para controvertir, ante los mismos órganos electorales, los actos violatorios de la normativa legal, pero no había existido, antes de 1987, un órgano jurisdiccional, un órgano imparcial, tercero en el conflicto, ante el cual se pudieran controvertir los actos electorales, de autoridades y ciudadanos, considerados violatorios de la legislación aplicable.

A todo lo anterior se debe agregar que la calificación de las elecciones había sido casi siempre de naturaleza política, con independencia de que fuese un sistema de autocalificación o de heterocalificación; es decir, que los mismos electos calificaran su elección o que lo hiciera otro órgano político. Calificar la elección significa revisar y declarar la legalidad de todo el procedimiento electoral, desde su inicio hasta el resultado final de la jornada electoral, así como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, en cuanto al candidato triunfador de la elección. La regla substancial de la calificación electoral era el criterio político de los candidatos electos, constituidos en colegio electoral; ya se podrá imaginar el resultado: todo era legal siempre y, en consecuencia, válida toda elección. Por regla, también, no había una sola declaración de nulidad electoral.

Ejemplo: los diputados electos, por disposición constitucional, se constituían en colegio electoral y calificaban su elección, uno por uno. Lo mismo sucedía con los senadores; en tanto que, para calificar la elección de presidente de la república, la Cámara de Diputados, por mandato constitucional, se erigía en colegio electoral y calificaba la elección. Regla: nunca se declaraba una nulidad, salvo que los intereses políticos de los políticos exigiera lo contrario. No había un tribunal electoral que, conforme a derecho, juzgara el caso concreto y resolviera aplicando la Constitución, las leyes e incluso los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos.

A partir de 1987, en el ámbito federal, con la institución del Tribunal de lo Contencioso Electoral, substituido en 1990 por el Tribunal Federal Electoral y en 1996 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la historia es otra. En 1991, por entrega extemporánea de los paquetes electorales de la elección de diputado federal, en el V distrito electoral de Coahuila, la Sala Regional Durango del TFE declaró la nulidad de la elección; en el año 2000 la Sala Superior del TEPJF declaró la nulidad de la elección de gobernador en Tabasco y, en 2018, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF ha declarado la nulidad de la novedosa elección de alcalde y concejales en Coyoacán.