Votar sin saber qué se está sometiendo a consideración del Pleno es lo que llevó a los senadores a tener que aceptar que se insertara de nueva cuenta un punto en el orden del día de la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores. Me refiero a la solicitud de licencia por parte de Manuel Velasco Coello, quien acudió a dicha sesión siendo gobernador con licencia del estado de Chiapas y que ahora ostenta el cargo de gobernador sustituto, gracias a una reforma a la Constitución de dicha entidad, que fuera aprobada una semana antes ex profeso.

En una primera ocasión, los legisladores votaron de manera económica en contra de dicho punto. Esto generó que se retomara el asunto durante el desarrollo de la misma sesión, a solicitud de la propia Junta de Coordinación Política, que hizo valer una facultad prevista en el reglamento, si bien no dispone precisamente eso. Fue así que el órgano aprobó económicamente que se discutiera de nueva cuenta, lo que generó un intenso debate en el que un sinnúmero de parlamentarios manifestaron su postura desde su escaño e incluso en tribuna.

Aquí es donde se salió de control la discusión, en tanto el presidente señaló que no se les limitaría el tiempo a los oradores. Cada intervención podía exceder sin mayor impedimento los 10 minutos reglamentados como máximo. Paralelamente, se repetía sin éxito y al cansancio que se trataba de intervenciones de carácter procedimental y no de fondo. Un total de 23 oradores se posicionaron, sin haber quedado claro quiénes lo hicieron a favor o en contra. Primero, esto en caso de ser una constante en esta legislatura, anuncia que habrá sesiones interminables. Segundo, me parece indiscutible que lo que más hizo falta en esa primera sesión fue experiencia. Tercero, no quedaban claros los roles; por momentos parecía que el líder del grupo parlamentario (hoy con mayoría) dictaba a la presidencia cómo debía darse el trámite.

Lo cierto es que Morena, porque ese es el nombre oficial del partido político, no Movimiento de Regeneración Nacional, como sus propios legisladores lo referían, votó en contra de la solicitud de licencia de Velasco Coello. Un partido que hoy es mayoría, sin embargo, cada vez que hace uso de la voz sigue señalando supuestos “atropellos” de la mayoría anterior, que en la realidad ya no existe y se encuentra pulverizada. Urge que pongan su casa en orden.

En Morena son libres, “no hay decisiones prefiguradas”, señalaba su líder, que se presentaba como “un modesto coordinador de los esfuerzos de todos”, al mismo tiempo que les increpaba: “¿cuál es el miedo?” e inmediatamente planteaba su postura considerando un exceso la discusión sobre el derecho de un senador.

Las reglas que rigen el debate se deben respetar, no por una decisión política, sino por seguridad jurídica para el resto de los miembros del cuerpo legislativo y, sobre todo, respecto de la sociedad en su conjunto, que deberá someterse en última instancia a las determinaciones que en esos recintos se adopten. No existía razón para modificar la agenda porque, no solo resolvió el máximo órgano de decisión, el Pleno y no la Junta de Coordinación Política, sino que también admitirlo implicó una merma en la seriedad, la confianza y la legitimidad del Congreso de la Unión. En “segunda vuelta” hubo 80 votos a favor, 30 en contra y 4 abstenciones. A todo esto, ¿dónde quedaron los derechos de los chiapanecos?

Veamos los pormenores de este asunto. Efectivamente, el artículo 125 de la Constitución prescribe, de manera general, que ningún funcionario público puede ejercer dos cargos de elección a la vez, sean de nivel federal o uno de este carácter y otro en una entidad federativa, pudiendo el nombrado elegir cuál desea desempeñar. Esa es la misma razón que inspira al artículo 62 que amplía esta prohibición a todo tipo de comisión o empleo público remunerado.

En este caso, no debemos pasar por alto el carácter con el cual el gobernador hizo su solicitud. Manuel Velasco ya era senador, a quien se le tomó protesta en la sesión constitutiva del pasado 29 de agosto. En realidad, la Mesa Directiva del Senado no tenía otra opción, el Instituto Nacional Electoral, órgano competente, había calificado de válida la elección, expedido las constancias a los que llegarían al cargo por el mecanismo de representación proporcional e, incluso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había confirmado la lista, quedando resuelto en definitiva.

Por lo tanto, analizar si estaba en aptitud constitucional para el cargo, era cosa juzgada. Ahora, respecto de la solicitud de licencia, lo cierto es que si bien la práctica parlamentaria marca que toda petición en ese tenor se otorga, claro por salvaguardar los derechos políticos de quien la suscribe, también es verdad que se somete a la aprobación no solo como mera solemnidad. Porque aunque constituye un derecho del senador solicitarla, evidentemente requiere la anuencia de sus pares. En caso de no obtenerla, conforme a la Constitución, sí podría elegir el otro cargo para el cual fue electo y ello generaría un vacante que se colmaría según lo dispuesto por el propio Reglamento, pues estaría obligado a renunciar.

Me parece que haber aducido a la Constitución de Chiapas no era suficiente. Señalo lo anterior, ya que en días anteriores quedó evidenciada la flexibilidad de sus normas, para ceder al poder de un órgano que la misma había constituido. Asimismo, contrario al problema de gobernabilidad que supuestamente se hubiere generado, la realidad de las cosas es que Chiapas en todo momento tuvo gobernador; esto es, el ejecutivo local nunca estuvo acéfalo.

Por supuesto que cualquier senador (en este caso Manuel Velazco) tiene derecho a solicitar licencia. Esta se puede fundamentar en la concepción más básica de sus derechos políticos. No obstante ello, considerar que esta debe ser aprobada no tiene sustento legal ni constitucional, sino que es una práctica parlamentaria.

Adicionalmente, me parece era menester salvaguardar precisamente el debido procedimiento parlamentario, pero evitando simulaciones que, sin justificación alguna, dejan sin efectos determinaciones plenamente válidas. El mensaje político de un “no”, de un “hasta aquí”, vale la pena, máxime en el contexto de “transformación política” en que estamos inmersos en este momento. Sin importar que en el fondo se hubiere agregado al orden del día de la siguiente sesión ordinaria. Para estos supuestos existen recursos judiciales que, en su caso, pudieron hacerse valer oportunamente. Vaya, lo más probable es que la resolución hubiera sido favorable al gobernador.

Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ser constituyente de la Ciudad de México que el grupo parlamentario de Morena repitió hasta el cansancio que quienes ahí estaban y eran a la vez senadores o diputados se encontraban inhabilitados por el artículo que ya he referido. Así votaron, en su mayoría, sus legisladores el pasado 1 de septiembre. No entiendo por qué razón su dirigencia en esta ocasión no fue congruente con los postulados democráticos que en su momento hicieron valer férreamente; por el contrario, se empujó una rectificación y el cambio de criterio dentro de la propia bancada.

En ese estado de cosas, me pareció grave sentar un antecedente sobre la debilidad de las determinaciones que tomará esta legislatura del Senado, pero más grave es que se siente un precedente en el que una instancia federal auspicie de esta manera el aprovechamiento de las funciones públicas.

Por último, y sobre quien tenga objeción a las peripecias de Velasco, ahí está el juicio político, porque sin duda está violando el artículo 116 de nuestra Carta Magna que señala con claridad que los gobernadores en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.